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Interior gasta 70.000 euros en enviar antidisturbios a Catalunya para nada

Siete grupos de la UIP pasan varios días cerca de Barcelona con la excusa de que la Generalitat podía pedir refuerzos en Can Vies

La Dirección de la Policía envío de urgencia las fuerzas de choque y luego hizo el ofrecimiento al Gobierno catalán, que lo rechazó

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Policía, Ignacio Cosidó

El envío de un pequeño ejército de antidisturbios a Catalunya para ayudar a sofocar la revuelta de Can Vies ha costado a las arcas públicas más de 70.000 euros. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial cobran dietas por alejamiento y comida, independientemente del lugar de desplazamiento. La diferencia con otras misiones es que la de Barcelona no ha existido: los policías han estado alojados en dos hoteles de la localidad de Calella esperando unas órdenes que nunca han llegado.

El miércoles pasado se habían cumplido ya dos noches de duros enfrentamientos a raíz de la orden del Ayuntamiento de demoler el centro social 'okupado'. La Dirección General de la Policía dio la orden de desplazar siete grupos de la UIP de forma urgente a Barcelona. Según explicó después, se trataba de garantizar la seguridad de los edificios estatales y permanecer a la espera de que el Gobierno catalán solicitara refuerzos. La competencia en materia de orden público es exclusiva de los Mossos d’Esquadra.

El ofrecimiento, sin embargo, se hizo cuando los policías ya habían viajado a Catalunya. Como era de prever, la Generalitat declinó la ayuda, toda vez que los Mossos cuentan con sus propios antidisturbios, la Brigada Móvil. Pero es que los agentes desplazados tampoco se han encargado de proteger ningún edificio oficial, según fuentes policiales. Han estado alojados en dos hoteles de Calella –a 10 minutos de Barcelona- durante varios días. Hasta el viernes, 48 horas después de llegar, no regresó el primero, con base en Valladolid.

Dos grupos enviados desde Zaragoza, otro de Valencia y un cuarto de Madrid han permanecido cinco noches en Calella. La UIP suele escoger esta localidad por la cercanía a Barcelona, el precio asequible de los establecimientos hoteleros y los espacios con los que cuentan para aparcar juntas las furgonetas, en este caso más de 35. Un séptimo grupo, perteneciente a la Unidad Central de Intervención, con base en Madrid, aún permanece allí. Los cinco que regresaron el lunes lo hicieron ante la necesidad de reforzar los dispositivos en Madrid por las manifestaciones republicanas.

Un policía de la UIP cobra 77,13 euros por alojamiento y comida diarios en estos viajes. Un grupo de la UIP rara vez supera los 45 agentes. Si el cálculo se hace sobre 40 hay que tener en cuenta que tres son subinspectores y al mando está un inspector. Estos cuatro últimos reciben 103,37 euros diarios. Según este cálculo, los 240 agentes desplazados han recibido en total por los días desplazados 73.146,48 euros. Hubieran cobrado lo mismo en cualquier destino, con la diferencia de que a Barcelona fueron enviados por los mandos, pero no a trabajar, como ha quedado acreditado.  

La decisión de la Dirección de la Policía se entiende menos, si cabe, porque en Barcelona hay destinados permanentemente dos grupos de la UIP, con 100 agentes en plantilla. Además, desde hace un tiempo se les ha unido un tercer grupo de la Unidad Central de Intervención, sin que tampoco conste oficialmente el motivo por el que ha sido desplazado. Este último grupo continuaba ayer en Barcelona.

Fuentes policiales atribuyen la decisión de enviar las fuerzas de choque de la Policía a Catalunya al director adjunto operativo, Eugenio Pino. Se trata del mismo mando que encomendó a dos comisarios de su confianza tratar de convencer a los fiscales Anticorrupción de Barcelona de que ordenaran registrar la sede de CDC en plena campaña electoral de las autonómicas. Bajo su mandato se produjeron las filtraciones de borradores de la UDEF que acusaban de varias corruptelas a las familias Mas y Pujol, sin que esas acusaciones llegaran nunca a ser judicializadas.

La decisión de Pino contó, según las mismas fuentes, con el visto bueno de su inmediato superior, Ignacio Cosidó, y con el del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

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