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Italia acudirá al G7 sumida en una crisis política y sin una agenda clara

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

EFE

Roma —

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Italia es uno de los países del G7 que deberá participar en la cumbre del 24 al 26 de agosto en Francia, pero la crisis política en la que está sumida tras la dimisión del primer ministro, Giuseppe Conte, le está impidiendo prestar atención a esta cita tan relevante de política exterior.

Roma no ha definido ninguna agenda de temas que quiera tratar en esta reunión del Grupo de los Siete países más desarrollados (G7) y tampoco sabe quienes serán los miembros de la delegación que acudirá a Biarritz en representación del país.

Poco se está hablando del G7 en Italia, pues el país está centrado en cómo resolver la crisis abierta, después de la ruptura entre la ultraderechista Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5E) ha derivado en la dimisión de Conte.

El ministro de Economía, Giovanni Tria, se reunió en los últimos días con el líder del M5E y titular de Desarrollo Económico y Trabajo, Luigi Di Maio, para analizar la situación económica italiana e internacional, la ralentización en Alemania y los riesgos derivados de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Asuntos de importancia a nivel global y que seguramente serán tratados también en el G7 de Biarritz.

Ya el pasado año Italia participó también en la cumbre de líderes del G7 (Alemania, Canadá, EE. UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido) en Canadá sin ninguna postura claramente definida, con un primer ministro, Conte, que era jurista y no tenía experiencia política, y que encabezaba un Ejecutivo populista que había jurado una semana antes.

Desde entonces, Italia ha vivido un año de relaciones tensas con el resto de socios del G7, empezando por sus acercamientos a Rusia y su apoyo a China en la llamada “Nueva ruta de la seda”, pero también por su elevado déficit estructural, por el que estuvo a punto de enfrentarse a un proceso sancionador por parte de los países de la Unión Europea (UE), del que acabó librándose.

De hecho, cuando solo llevaba una semana como primer ministro, Conte ya se mostró en el G7 de Canadá a favor de aceptar en este grupo a Rusia, postura que defendía entonces el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Gobierno italiano también ha defendido en diversas ocasiones la necesidad de que la UE pusiera fin a las sanciones económicas contra Rusia y tanto Conte como el líder de la Liga, ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, se han reunido en distintas ocasiones con presidente ruso, Vladimir Putin, en Roma y en Moscú.

En cuanto a China, el pasado marzo Italia firmó un memorándum de entendimiento con el gigante asiático para sumarse a su enorme proyecto para impulsar su comercio con Occidente, la “Nueva ruta de la seda”, al verlo como una gran oportunidad de negocio.

Lo hizo durante una visita del presidente chino, Xi Jinping, a Roma y a pesar de las dudas que este proyecto genera en el seno de la UE.

Roma ha mantenido igualmente relaciones complicadas con Francia por la inmigración, pues considera que la UE debería aprobar una solución conjunta para gestionar este fenómeno, ha cerrado sus puertos a ONG con recatados a bordo, y ha acusado al Ejecutivo francés de hacer lo mismo, al bloquear la frontera de Ventimiglia con Italia.

También han tenido roces con Francia por la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad que unirá Turín y Lyon, de la que la Liga es partidaria pero el M5E la considera un despilfarro de dinero.

Finalmente, el Gobierno populista italiano ha tensado las relaciones con Bruselas y ha estado a punto de enfrentarse a sanciones por no rebajar su déficit estructural y su deuda, aunque las acabó esquivando.

Italia está sufriendo una crisis política delicada en un momento también sensible para su economía, pues se estancó en el segundo trimestre del año y diversos organismos nacionales e internacionales vaticinan que puede crecerá en torno a un 0,1 % en el 2019.

Un crecimiento efímero para un país con una deuda que supera el 132 % del producto interior bruto (PIB) y que es la segunda más alta de la Eurozona, después de Grecia, mientras que otros países como España o Francia la mantienen por debajo del 100 %.

Laura Serrano-Conde

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