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La Junta Electoral reprende a Carmen Calvo por el uso partidista de las redes sociales del Gobierno

Los magistrados que forman parte del órgano electoral aperciben a la vicepresidenta de la posibilidad de sanción en caso de que persista en el uso de la cuenta de Twitter del Gobierno para fines electorales

Calvo recalca que la Junta Electoral es el único órgano que tiene la competencia sobre retirar los lazos amarillos

Calvo recalca que la Junta Electoral es el único órgano que tiene la competencia sobre retirar los lazos amarillos

"Las derechas tienen bloqueada la Ley de igualdad laboral". Mensajes como este, difundido a través de la cuenta de Twitter del ministerio de la Presidencia, están a punto de costarle una sanción a la número dos del Gobierno a cinco semanas de las elecciones generales. La Junta Electoral Central ha decidido estimar la denuncia interpuesta por el Partido Popular contra el Gobierno. Por ahora tan solo se trata de una advertencia pero si Carmen Calvo persiste, habrá sanciones. 

Según el árbitro en tiempo de elecciones "la difusión en periodo electoral en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de la Presidencia de los mensajes denunciados (...) supone una vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos". 

La decisión supone una pequeña victoria para el Partido Popular que había intentado, sin éxito, que la Junta Electoral fijara la prohibición para las ruedas de prensa que el Gobierno celebra todos los viernes tras el Consejo de Ministros. Con la decisión de este jueves, el árbitro señala por primera vez el uso de Twitter como una toma de ventaja por parte de alguno de los actores políticos. 

El Gobierno llevaba semanas esperando una reprimenda de los magistrados de la JEC, hasta el punto de que tomó la decisión de rebajar al máximo cualquier valoración política desde la Mesa del Consejo de Ministros. La decisión cobró su máxima expresión el pasado 8M, cuando la portavoz del Gobierno se negó a valorar la posición del ejecutivo sobre la huelga feminista que se celebraba ese día. Esa prudencia impuesta en Moncloa ha llegado demasiado tarde y el Gobierno de Pedro Sánchez ya se ha apuntado la primera tarjeta amarilla de manos de quien estima la legalidad del juego político en periodos electorales. 

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