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El PP presume de “buen gobierno” ante la corrupción mientras digiere los resultados del CIS

Rajoy, Sáenz de Santamaría y Cospedal posan con los presidentes autonómicos del PP.

Luz Sanchis

Mientras arrecian las críticas sobre la falta de contundencia contra la corrupción en sus propias filas y el PP digiere los resultados del último barómetro del CIS, los conservadores van a volcarse durante dos días en “vender” que son ejemplo de “buen gobierno” en las comunidades que controlan. A las jornadas, que se celebrarán este viernes y sábado en Cáceres, acudirán seis presidentes autonómicos y las clausurarán María Dolores de Cospedal y el presidente del Gobierno. El presidente extremeño, José Antonio Monago, ejerce de anfitrión de estas jornadas y de protagonista involuntario.

La noticia de que viajaba a Canarias dos veces al mes para visitar a una amiga y que esos desplazamientos corrían a cuenta del Senado ha situado al presidente autonómico en el foco de la noticia en pleno debate sobre la corrupción y confiere un significado irónico al lema de las jornadas.

La organización de estos actos, a los que seguirá más adelante otro centrado en los Gobiernos municipales, se empezó a preparar tras el verano, en un intento de convencer a los ciudadanos de que la apuesta del PP por la regeneración es sincera. Pero las jornadas van a celebrarse en plena polémica por la corrupción que afecta al PP después de dos semanas negras en las que se han encadenado las noticias con los conservadores como protagonistas.

A los cargos de las tarjetas 'black' y el consiguiente culebrón para dar de baja a Rodrigo Rato y al resto de los usuarios afiliados al PP, la imputación de Ángel Acebes por los papeles de Bárcenas y la confirmación de que la sede se remodeló con dinero negro, se han sumado varios casos más. El principal, las detenciones e imputaciones como resultado de la operación Púnica, con Francisco Granados como protagonista principal de la trama corrupta. La excarcelación de Jaume Matas después de tres meses en la cárcel y la falta de respuesta del Gobierno sobre la petición de indulto de Carlos Fabra se unen a la permanencia de la doblemente imputada Sonia Castedo como alcaldesa de Alicante.

Reclamación de medidas extraordinarias

El mazazo que ha supuesto el encarcelamiento del ex número dos de Aguirre fue lo que movió a Rajoy a cambiar de actitud y pedir perdón por la responsabilidad de haber situado a personas “en puestos para los que no eran dignas”. El presidente no hizo más que imitar a Esperanza Aguirre en su mea culpa, ya que la presidenta del PP madrileño había pedido perdón en público un día antes, aunque su sentimiento de culpabilidad no le ha llevado a dimitir de su cargo.

Mientras los dirigentes del PP declaran en público que su partido lucha contra la corrupción, algunos reconocen en privado que son necesarias “medidas extraordinarias” para frenar su sangría de credibilidad y que no basta con pedir disculpas. La propia Cospedal reaccionaba con enfado ante las voces que reclaman un cambio en la estructura del partido o incluso un congreso extraordinario y los llamaba “cobardes”.

Consciente de que la discusión sobre el liderazgo de Rajoy la incluye a ella al frente del PP, la secretaria general ha defendido con vehemencia a su jefe y ha afirmado que es “el mejor y la persona necesaria en estos momentos”. “¡Sin el carácter y la fortaleza que tiene, a ver cómo nos habría ido en este país!”, exclamaba Cospedal en una entrevista como respuesta. Hace sólo unos días se le preguntaba sobre lo mismo a Aguirre, si bien su contestación se limitaba a que no había “que adelantar acontecimientos”.

Propuestas de los barones

En la última semana, Aguirre y barones del PP como Ignacio González y José Antonio Monago se han apresurado a proponer distintas medidas anticorrupción. Entre otras, Aguirre ha planteado que los jueces puedan pedir prisión no eludible con fianza para los políticos imputados, reducir a un año y medio el plazo tope para las causas por corrupción o un proceso de hearing para examinar a los candidatos a cargos públicos.

El presidente extremeño anunciaba también esta semana su intención de sacar adelante una ley autonómica antisobornos y proponer a Rajoy que hiciera lo mismo desde el Gobierno central. El presidente madrileño también se ha sumado a la ofensiva anticorrupción y ha hablado de prohibir que los imputados formen parte de las listas electorales o de la contratación de familiares para puestos de confianza.

Los conservadores atribuyen los resultados del CIS en el que Podemos asciende a primera fuerza en intención directa de voto a una respuesta de los ciudadanos contra la corrupción y confían en que ese estado de opinión se pase. Pero el barómetro también concluye que el mensaje de la recuperación económica no ha calado en la población, que tampoco es optimista para el próximo año. Sólo un 12,3% de los encuestados piensan que la situación es mejor que hace un año. El 82,2% la califican de “mala” o “muy mala”.

Más allá de acusar de “radical” al partido que lidera Pablo Iglesias o incluso de tildarlo de “peligroso para la democracia”, como ha hecho Cospedal, los conservadores no saben cómo afrontar su irrupción y reclaman una estrategia clara. Como ejemplo, uno de los senadores del PP, Luis Peral, ironiza sobre la eficacia de los consejos del sociólogo Pedro Arriola en cuanto a suavizar el conservadurismo del PP.

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