Partidos se oponen a la fórmula que avala la prisión permanente en el pacto PP-PSOE

CiU, UPyD, ERC, PNV y la Izquierda Plural se oponen a la fórmula incluida en el pacto antiyihadista PP-PSOE mediante la cual se avala la prisión permanente revisable como la máxima pena a aplicar a un terrorista que causara la muerte de una persona, una figura que tachan de “inconstitucional”.

En las enmiendas presentadas a la proposición de ley sobre medidas de lucha contra el terrorismo yihadista, esos partidos denuncian la “ambigüedad” e “imprecisión” que conlleva el acuerdo, que aplicará la “máxima pena privativa de libertad” prevista en el Código Penal, que con la futura regulación que aprobarán los populares será la prisión permanente revisable.

Esta redacción del texto permitió la firma del pacto entre el PP y el PSOE, ya que de esta manera se comprometían a mantener el acuerdo aunque en un futuro cambiara el sistema de penas, es decir, en caso de que los socialistas vuelvan a gobernar y deroguen, como han anunciado, la prisión permanente revisable.

PNV, la Izquierda Plural y ERC piden la supresión del artículo que hace referencia a la prisión permanente por considerar que es inconstitucional, convencidos de que no es más que un “eufemismo” que en realidad “avala la cadena perpetua” y “aparta a las personas indefinidamente en lugar de buscar su reinserción”.

CiU y UPyD también manifiestan su rechazo a esta polémica figura de “difícil encaje en la Constitución” que piden sustituir por una pena concreta de entre 20 y 30 años de cárcel, en lugar de hacer “una simple alusión general”.

Al margen de este debate, PNV pide además la supresión del pacto por considerarlo una “chapuza”, al igual que hace la Izquierda Plural, que califica el texto de “propaganda” y un “recorte de derechos y libertades fundamentales”.

También CiU propone sacar de la categoría de los delitos de terrorismo aquellos que tengan como finalidad la desestabilización del funcionamiento institucional, al afirmar que “son los medios y no la finalidad los que convierten el terrorismo en delito”.

“En un sistema democrático pueden existir opciones políticas que, de forma legítima y pacífica, defiendan un cambio estructural o incluso total del orden constitucional”, añade.

Asimismo, UPyD pide regular con la Ley Orgánica del Poder Judicial y no mediante el Código Penal la posibilidad para enjuiciar en nuestro país a los extranjeros acusados de terrorismo que “se encuentren en España”, y reclama una mayor dotación presupuestaria a las fuerzas de seguridad del Estado que demuestre “una verdadera voluntad para combatir el terrorismo”.

Por otra parte, PP y PSOE también han enmendado el articulado para que los desórdenes públicos graves no sean considerados como un delito de terrorismo, salvo en aquellos casos en que estén amparados por una organización terrorista.

Y han acordado tipificar la trata de mujeres como delito terrorista, en el caso de que estén obligadas a contraer matrimonio o sean explotadas sexualmente por parte de una organización terrorista, como es el caso de algunas mujeres reclutadas o secuestradas por el Estado Islámico (EI).