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Podemos pide que el Congreso investigue el rescate de radiales, la privatización de AENA y los sobrecostes del AVE
Los encargados de registrar esta iniciativa han sido los diputados de Podemos Sergio Pascual, Ángela Ballester y Juan Pedro Yllanes. Una vez registrada, tendrán que solicitar que su debate se incluya en el orden del día del Pleno del Congreso, que, en principio, no volverá a reunirse hasta el próximo mes de febrero.
En su texto, Unidos Podemos y Compromís demandan una investigación sobre el “objeto, razones, destino y posible administración desleal de los recursos públicos a través de la práctica sistemática del sobrecoste, ya sea mediante autorización de modificados o proyectos complementarios”.
Y, en concreto, plantean que la comisión se centre en investigar las constantes “bajas en las ofertas por parte de un grupo de empresas concretas”, ya que sospechan que puede estar produciéndose un “fenómeno de cartelización”.
MODIFICADOS DE CONTRATOS
También buscan que se aclare si ha existido una “administración desleal” derivada de posibles “inaplicaciones o aplicaciones lesivas para el erario público” de la Ley de Contratos del Sector Público que, para la valoración de propuestas, prevé la necesidad de atender “ya no el precio más bajo”, sino otros criterios como la calidad, la revisión de las retribuciones ligadas a la utilización de la obra, los plazos de ejecución o las características medioambientales.
El tercer objetivo de la comisión debe ser evaluar cómo se ha aplicado el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE) respecto a los modificados de contratos, que sólo deben hacerse si existe “un interés público que lo aconseje”, si no afectan “al contenido esencial” y si se motiva y acredita “la causa que ampara finalmente el modificado”.
ACUAMED, EL MUSEL Y EL HOSPITAL DE BURGOS
En la exposición de motivos de su petición, ambas formaciones incluyen un largo listado de posibles casos a investigar: las mencionadas radiales de Madrid y la privatización del 49% de AENA; el “escándalo” de ACUAMED en el que, recalcan, están implicados “los ministerios de Presidencia, Agricultura y Hacienda y que revelaba 45 millones en sobrecostes; las sucesivas ampliaciones de concesiones de servicios públicos como autopistas y centros hospitalarios como el privatizado Hospital de Burgos y el caso del puerto gijonés de El Musel, que investiga la Audiencia Nacional.
Capítulo aparte merecen los sobrecostes en distintas obras de alta velocidad ferroviaria: el AVE Madrid-Barcelona (10.000 millones en sobrecostes), el AVE Alicante-Murcia (20 millones de euros más de lo previsto), la variante de Loja del trazado del AVE a Granada (que ya acumula un coste estimado de 1.645, más del doble del cálculo inicial) y el AVE a Galicia (casi 2.000 millones en sobrecostes).
Todos estos casos, señalan, se han producido siguiendo siempre el mismo “modus operandi”: la administración licita una concesión u obra pública, una empresa con recursos financieros amplios concursa a la baja (en ocasiones hasta el 40%) y recibe la adjudicación y después se exigen modificados y/u obras complementarias por valores que acaban alcanzando e incluso superando el precio de licitación.
ENDURECER EL CÓDIGO PENAL
“La secuencia está trufada además de retrasos, suspensiones y paralizaciones, dudosas intervenciones de empresas públicas en obras adjudicadas, etc”, denuncian los proponentes que, además, son partidarios de endurecer el Código Penal para castigar los casos de “negligencia”.
Pascual ha subrayado que los sobrecostes han “desangrando las arcas públicas” y de momento “todos los políticos se han ido de rositas”, mientras que la valenciana Ángela Basteller se ha referido a la reciente condena impuesta a la actual directora general del FMI, Christine Lagarde por negligencia en el caso de desvío de dinero público del que se benefició el empresario Bernard Tapie, cuando ella era superministra económica en Francia.
Ballester ha subrayado que en España un caso así podría quedar impune, mientras que Yllanes ha avanzado su intención de incluir en las conclusiones de la comisión la necesidad de reformar el Código Penal en esta materia.
