Los afectados por las primarias de Ciudadanos manejan un informe jurídico que aboga por la “disolución del partido”

Ciudadanos se arriesga a ser condenado a su disolución por culpa de los presuntos delitos cometidos en sus primarias, según un informe elaborado por el despacho madrileño Legal Orbis Abogados, contratado por un grupo de afiliados del partido que han constituido la Plataforma de Afectados por las Primarias.

En este bufete figura la abogada Mónica Balibrea, que se ha erigido en portavoz de este grupo de afectados que, según afirma, podría superar el centenar de personas. El informe está fechado el pasado 19 de marzo y en el se explica que su objetivo “consiste en analizar las posibles responsabilidades legales que se hayan dirimido tras la votación de las primarias”.

Los abogados aseguran que “tenemos constancia, que tras las irregularidades cometidas y asociadas a la candidatura de Castilla y León, se ha solicitado por diversos dirigentes a la Comisión de Valores y Garantías del partido de Ciudadanos una auditoría externa, con el desglose pormenorizado de los votos de las primarias detallado minuto a minuto, así como las direcciones IPs con el fin de localizar los ordenadores desde donde se efectuaron extrañas concentraciones de votos desde las mismas direcciones IPs, contribuyendo con ello a demostrar la transparencia y garantía del sistema telemático empleado por el Partido actualmente en las votaciones”.  

Sin embargo, lamentan que  el partido “ha respondido con evasivas y acreditaciones parciales de poco interés”, por lo que deducen que “efectivamente no se han adoptado todos los mecanismos viables internamente dentro de un partido que se presume leal y transparente en el cumplimiento de sus obligaciones”.

El informe considera que  Ciudadanos, durante sus recientes primarias, vulneró “todos los trámites legales establecidos para el voto telemático, simulando y manipulando con engaño y temeridad el recuento y votación de los afiliados del partido” por lo que entienden que “se habría incurrido en una responsabilidad penal del artículo 31 bis de nuestro Código Penal”, “actuando en nombre o por cuenta del partido político, para intereses ajenos y de terceros”.

También observan que “se ha omitido la adopción de medidas de precaución y control exigibles para garantizar el desarrollo legal de su actividad, sin prestar la debida y razonable diligencia”, y tampoco se han aplicado “las medidas técnicas, organizativas y personales fundamentalmente vinculadas a los protocolos de minimización de riesgos delictivos y a los códigos de ética y conducta recogidos en los propios estatutos del partido, sobre todo en lo concerniente a su artículo 12”.

Para los abogados que estudian la presentación de la futura querella “la actuación llevada a cabo por las personas implicadas en este caso” podrían haber incurrido en varios delitos: “falsedad documental, corrupción entre particulares, delito de revelación de secretos, y daños informáticos, tipificados todos ellos en nuestra legislación, sin perjuicio de otros delitos que se derivasen en el transcurso de la investigación”.

Y amplían más, apuntando a “delitos que incluyen conductas donde se persigue conseguir un resultado a través de un sistema informático, obstaculizando de forma grave el real proceder de un sistema de votos en un partido político, simulando y falsificando el verdadero resultado electoral”.

Por todo ello, los letrados concluyen en su informe que “es clara la conducta delictiva, toda vez que se ha obstaculizado el leal funcionamiento del sistema telemático como objeto del delito”.

Al final de informe se sentencia que “es viable el pleito que se pretende iniciar por parte de estas personas, mediante la interposición de una querella con bastantes garantías de éxito”.

Pero lo más inquietante para Ciudadanos es que los abogados de este bufete creen que deben de “advertir a los afiliados a este partido político que, conforme a la reforma del Código Penal operada en 2015, y en base a los artículos 31 bis y 33 de dicho texto legal, el inicio de las acciones antedichas podría suponer que un partido político, como persona jurídica con capacidad de responsabilidad penal podrá ser condenado a su disolución”.

Fuentes de Ciudadanos aseguran a eldiario.es que la abogada Mónica Balibrea no se ha puesto en contacto con el partido y que no conocen este informe.