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La justicia obliga a reabrir la investigación a la Policía por disolver una asamblea de Rodea el Congreso

El juez Tomás Martín había archivado por segunda vez el caso de la identificación de activistas en el Parque de El Retiro

La Sección Cuarta rechaza indagar si existe "un fichero de disidentes políticos" en la Brigada de Información

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Que se vayan todos

Una marcha convocada por la Coordinadora 25S

El juez de Madrid Tomás Martín Gil se verá obligado a reabrir por segunda vez una investigación al Cuerpo Nacional de Policía por haber disuelto una asamblea preparatoria de Rodea el Congreso hace casi dos años. La Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso de los demandantes contra el archivo de la causa que había dictado el instructor y le ordena seguir investigando hasta esclarecer por completo los hechos.

El 16 de septiembre de 2012, dos furgones de la Unidad de Intervención Policial irrumpieron en el madrileño Parque del Retiro para identificar a la treintena de personas que, sentadas en corro, abordaban la protesta convocada para nueve días después cerca del Congreso de los Diputados. Los agentes les dijeron que se trataba de una “reunión no autorizada”. Veinticinco de los participantes en la asamblea acudieron a los Juzgados de Plaza de Castilla a presentar una denuncia contra la Policía por impedir el ejercicio de sus derechos fundamentales.

El juez Martín Gil archivó la causa de inmediato, sin ni siquiera practicar diligencias, y la sección cuarta de la Sala de lo Civil y lo Penal de la Audiencia le ordenó reabrirla. Este fallo obligó al juez a citar en calidad de imputado al policía al mando de las identificaciones, quien declaró que actuaba a petición de la Brigada Provincial de Información en el marco de un atestado en curso. La declaración del policía valió al magistrado para decretar de nuevo el archivo de la causa que ahora es revocado por la sección cuarta.

Los jueces de la Audiencia de Madrid consideran en su auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, que el testimonio del agente no es más que “una mera manifestación que tampoco cuenta con constancia objetiva en las actuaciones”.

El policía aseguró que después de las identificaciones compareció en Información y las reportó. Los jueces no dudan de que la Brigada de Información ya tuviera una investigación abierta –“es de destacar que el policía nacional aportó incluso el número del referido atestado”, dicen en su auto-, pero consideran que debe haber constancia de esas pesquisas en la causa para que el juez Martín Gil pueda archivar.

Los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2012 en El Retiro constituyeron un indicio más de lo que ocurrió poco después. Aquellos días, diferentes activistas de Madrid eran abordados a la salida de asambleas por agentes que procedían a identificarlos sin una razón aparente.

Hasta que el 21 de septiembre saltó la noticia: la Audiencia Nacional estaba investigando a los promotores de Rodea el Congreso a instancias de la Policía. El Ministerio del Interior quería que el tribunal especial investigara a los supuestos organizadores del 25-S por considerarlos sospechosos de un delito contra las altas instituciones del Estado.

Investigación en la Audiencia Nacional

En el marco de ese atestado abierto por la Brigada Provincial de Información pudieron realizarse las identificaciones en El Retiro. El 4 de octubre, el juez Santiago Pedraz dejó en libertad sin cargos a las ocho personas que la Policía había identificado como organizadoras del 25S a través de un auto en el que criticaba duramente la actuación policial y justificaba la protesta por la “decadencia” de la clase política.

Los hechos habían alertado de especial manera a los activistas denunciantes, que en su recurso contra el archivo de la investigación a la Policía solicitaban al instructor que investigara si existe “un fichero de disidentes políticos en poder de la Brigada Provincial de Información”.

Los jueces de la sección cuarta no acceden a tal petición porque consideran que “no existe en la causa indicio alguno” de que tal fichero pueda existir. Se trata, añaden, de un recurso con “carácter prospectivo que parece basarse en meras conjeturas que no pueden fundamentar una investigación penal”.

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