Tribunal de UE se declara incompetente sobre tasas judiciales de Gallardón

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) se declaró hoy incompetente para pronunciarse sobre la ley de tasas judiciales defendida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al considerar que esta cuestión no recae dentro del ámbito de aplicación del derecho comunitario.

La máxima instancia judicial comunitaria respondió a una cuestión planteada por un juzgado de Tarrasa acerca de la compatibilidad de la ley de tasas de 2012 con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Este juzgado teme que la normativa española suponga un “obstáculo desproporcionado” para ejercer ese derecho.

Su consulta al tribunal europeo tiene relación con un caso que enfrenta a la empresa Korota, en concurso de acreedores desde 2008, con uno de sus trabajadores despedidos.

El empleado y Korota aprobaron un acta de conciliación en el que la compañía reconoce la improcedencia del despido y se compromete a abonarle una indemnización.

Korota, sin embargo, no cumplió con lo acordado y el trabajador solicitó la ejecución del acta de conciliación ante el juzgado de lo social número 2 de Tarrasa.

La compañía intentó en paralelo probar su insolvencia para poder acceder al Fondo de Garantía Salarial, mientras que el afectado anunció su intención de presentar un recurso de súplica.

La ley española sobre tasas judiciales impone el pago de una tasa de 500 euros por la presentación de un recurso de súplica ante una jurisdicción laboral y a esa cantidad hay que añadir la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10 por ciento, con el límite de 2.000 euros.

Ante esta situación el juzgado de Tarrasa se pregunta si la ley española de tasas no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que si el afectado no puede abonar el pago de esa tasa no se tramita el recurso de súplica.

El Tribunal de Justicia se declara incompetente y explica que esta interpretación queda fuera de las competencias que le atribuye el derecho comunitario porque la cuestión que se le plantea no está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la directiva comunitaria.

“La cuestión de si debe considerarse a un empresario en situación de insolvencia a los efectos de esta directiva está determinada por el derecho nacional, y por la adopción de una resolución o de una declaración por parte de la autoridad nacional competente”, concluye.

La implantación de nuevas tasas judiciales fue una de las medidas de la reforma judicial que presentó el ministro Gallardón en 2012 y que ha sido ampliamente discutida.