De la Vega se someterá el 27 a un examen de idoneidad en el Congreso tras ser propuesta presidenta del Consejo de Estado

El presidente anunció este martes su decisión de proponerla para ser la primera presidenta que tenga el Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno donde De la Vega es consejera desde 2010.

Pero, antes de tomar posesión de su nuevo cargo, De la Vega debe recibir el plácet de la Cámara Baja, como así lo establece la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, una cita que tendrá lugar el día 27, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Esta norma establece en su disposición adicional tercera que el Gobierno pondrá en conocimiento del Congreso, con carácter previo a su nombramiento, el nombre del candidato propuesto para presidir el Consejo de Estado con el fin de que pueda disponer su comparecencia parlamentaria.

HABRÁ UN DICTAMEN

El objetivo es que el Congreso pueda examinar a la candidata, a la que los diputados podrán formular las preguntas o solicitar las aclaraciones que crean convenientes. La Comisión emitirá posteriormente un dictamen en el que se pronunciará sobre si se aprecia su idoneidad o la existencia de conflicto de intereses, especifica la norma.

La Ley Orgánica del Consejo de Estado señala que los presidentes de este órgano deben ser “juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado”, condiciones que cumple Fernández de la Vega pues desde 1974 pertenece al cuerpo de secretarios judiciales y después accedió a la condición de magistrada por el curato turno, además de haber desempeñado una carrera política que ha incluido puestos como secretaria de Estado de Justicia (1994-1996) y vicepresidenta del Gobierno (2004-2010).

Dicha ley no establece más requisitos, pues indica que el presidente será nombrado “libremente” por real decreto acordado en Consejo de Ministros, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere dar un paso más siendo escrupuloso en su relación con el Parlamento. Por eso, dará la opción al Congreso de examinar a su candidata, tal y como contempla la mencionada Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.

En 2012, el PSOE se quejó de manera formal al entonces presidente del Congreso, Jesús Posada, por el nombramiento de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Lo consideraba “contrario a la ley” porque no había sido sometido al preceptivo examen parlamentario.