La acusación popular de IU acusa al PP de "fraude procesal" en su intento de poner fin a la instrucción de la caja B

El extesorero del PP Luis Bárcenas. EFE/Kai Försterling/Archivo

La acusación popular que ejerce Izquierda Unida en el caso de la caja B del PP ha presentado un escrito rechazando el fin de la instrucción que reclama la representación legal de la formación conservadora, así como la de Luis Bárcenas. El juez del caso, José de la Mata, ha aplicado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone fin a los plazos de instrucción, una medida instaurada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Izquierda Unida considera que el recurso del PP es un hito más en la estrategia de "fraude procesal" para tumbar el caso de su financiación irregular.

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Aquella reforma del Gobierno de Rajoy es, según IU, supuso "un cambio legislativo que, de facto, fue utilizado para tratar de trabar las causas judiciales que le perjudican". Se trata, añaden los abogados de la formación de izquierdas, de "una paradigmática situación que se convierte en esperpento cuando el Partido Popular ha tratado de bloquear los cambios legislativos que finalmente han desactivado la compleja y contradictoria redacción" de la reforma de la Lecrim. IU se refiere a la oposición del Grupo Popular a la reforma que acaba con los plazos de instrucción, una demanda sobre la que existía unanimidad en las asociaciones de jueces y fiscales, tanto conservadoras como progresistas.

Izquierda Unida vincula este recurso con las últimas revelaciones sobre el espionaje a Luis Bárcenas. "No debe sorprender cuando la justicia y la opinión pública está pudiendo comprobar cómo se ha estado utilizando, presuntamente, al aparato policial del Estado para tratar de encubrir o destruir pruebas relacionadas con esta investigación", dice el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. El PP, remata, incurre en "fraude constitucional" al realizar una "indudable instrumentalización de las instituciones del Estado en provecho propio y en perjuicio de los intereses generales del país y su ciudadanía".

En aplicación de la reforma que acaba con los plazos de instrucción, el juez De la Mata ha ampliado al menos doce meses la instrucción de la caja B, la última de las piezas separadas del caso Gürtel que queda por juzgar. En un reciente informe, adelantado por elDiario.es, la UDEF ha presentado al juez nuevos indicios que resucitan la investigación del cohecho, archivada en 2015, esto es, el pago de los grandes empresarios de la construcción al partido a cambio de adjudicaciones concretas de obra pública. De acuerdo a estas revelaciones, el juez ha ordenado una batería de diligencias.

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15 de septiembre de 2020 - 09:11 h

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