Atentado en el Bar Aldana: 38 años de impunidad para un comando policial
Javier reparó en el coche de la Policía Nacional aparcado a unos metros del bar Aldana, casi en frente. Acababa de producirse la explosión y era imposible que le hubiera dado tiempo a llegar tras ella. Tenía que estar allí antes del instante que giró para siempre la vida de los vecinos de Alonsotegi aquel sábado de enero. Dentro de ese coche con distintivos policiales había dos personas. En ningún momento se bajaron. Entre cascotes y restos humanos, el vehículo aceleró, dejando atrás el entonces barrio de Barakaldo y extendiendo sobre él un manto de silencio e impunidad que abarca ya 38 años.
El 20 de enero de 1980, minutos antes de la una de la madrugada, una bomba con 6 kilos de Goma-2 estalló en la puerta del bar de Garbi, como lo conocían los vecinos por el nombre de su dueña, una activa militante del PNV. Cuatro personas fallecieron a consecuencia de las heridas de una bomba que, por su ubicación -la puerta del local-, el momento en el que estalló y los efectos provocados -obligó a derribar la construcción-, estaba destinada a causar una masacre. El Estatuto de Autonomía había sido aprobado el año anterior y quedaban tan solo seis semanas para las primeras elecciones autonómicas en Euskadi.
Testimonios como el de Javier Hurtado de Saratxo aparecen en el documental “Aldana 1980. Explosión de Silencio” con el que EiTB recuperó una historia apenas conocida. Este miércoles, el portavoz de Interior del Grupo Vasco en el Congreso, Mikel Legarda, repetirá la pregunta que los vecinos de Alonsotegi se vienen haciendo desde hace casi cuatro décadas: “¿Quién puso la bomba?” Y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, responderá lo que ya saben, que no hay rastro de la investigación en los archivos del Ministerio del Interior.
“Lo que querían era castigar al barrio de Alonsotegi y a Barakaldo. Era el pueblo más grande que había en España por el número de habitantes, con una pila de gente venida de todos los sitios, más de un 70%. Sin embargo, Barakaldo sacó alcalde nacionalista porque en sitios como Alonsotegi se votó al PNV. Vamos a darles un escarmiento, a ver qué se han pensado, dirían. Fueron a acribillar, pero no tuvieron más fortuna que matar a cuatro”. Quien así habla a eldiario.es cuatro décadas después es Iñaki Arana, de 27 años en el momento del atentado e hijo de Liborio Arana Gómez, el vaquero que estaba junto al paquete en el momento de la explosión y una de las cuatro víctimas mortales. “Yo estoy seguro de que fue la Policía. Lo tengo clarísimo. Sin ninguna duda”, sentencia Arana.
A diferencia de otros atentados de la denominada la ‘guerra sucia’ o la extrema derecha, el bar Aldana no era un lugar de encuentro de la izquierda abertzale, menos aún de supuestos miembros de ETA. Tampoco eso sirvió para que las Fuerzas de Seguridad de la época, herederas recientes del franquismo, hicieran algo por esclarecer el crimen. Los familiares de las víctimas recuerdan perfectamente quién se presentó allí al frente de la supuesta investigación, el subcomisario José Amedo, jefe del Servicio de Información de la Policía en Euskadi, como detalla este artículo de 2016 en eldiarionorte.es.
No pasó mucho tiempo y el juzgado número 4 de Bilbao archivó la causa por el atentado. ¿Hubo siquiera investigación? ¿Apareció alguna pista? El abogado Txema Montero relata en el documental de la EiTB cómo puso en conocimiento de las autoridades una pista “fiable” que apuntaba a dos miembros de la misma comisaría de Barakaldo. De nada sirvió.
José Amedo, condenado a 120 años de cárcel por actos de terrorismo de Estado cometidos con posterioridad, habla por primera vez de la investigación del atentado en el Aldana. “Después de las primeras informaciones que yo había aportado, fue el entonces jefe superior de Policía, (Carlos) Santos Anechina, quien me ordenó que paralizase las investigaciones. Desde Madrid le habían sugerido que no se diese más publicidad a aquello”, asegura Amedo. A Santos Anechina, una figura recurrente en las denuncias por tortura durante el franquismo, es imposible preguntarle. No puede rebatir la versión de Amedo porque murió hace tiempo.
El Gobierno responde: “No existe informe”
El 3 de marzo de 2015, el Gobierno contestaba a una pregunta escrita de Aitor Esteban sobre el atentado contra el bar Aldana. “Una vez consultados los archivos policiales, no existe informe que aporte datos relativos al esclarecimiento de los hechos”, recoge el escrito. Fuentes del Ministerio del Interior confirman que nada ha cambiado desde entonces. No hay rastro de una investigación.
Amedo tiene su propia versión sobre el posible motivo de la desaparición del informe policial. “Poco antes de la llegada al poder en el año 82 del PSOE, desde el Ministerio del Interior se ordenó a todas las comisarías de España expurgar todos los archivos policiales, eliminando informes de carácter político o materias sensibles. A los juzgados posiblemente sólo llegaron unas diligencias rutinarias en las que se daban por concluidas las investigaciones sobre aquel atentado por desconocerse los autores del mismo”, afirma el expolicía.
Pero, ¿encontró Amedo alguna pista que corrobore la sospecha de víctimas y otros vecinos? “Mire, que yo recuerde, las investigaciones que practiqué daban lugar a pensar que tras el atentado asomaba la mano de los aparatos del Estado. Y por ese motivo se ordenaron paralizar por el Ministerio del Interior. De todas formas nunca se llegó a tener pruebas efectivas de que eso fuese así”, asegura Amedo, quien hoy dice renegar de haber participado en la 'guerra sucia'.
Los familiares de las víctimas no guardan un buen recuerdo del policía, del que aseguran más que recabar datos practicó interrogatorios para sacar información de la gente del pueblo. Amedo lo niega y asegura que solo quería “esclarecer” los hechos.
Peor parados aún salen los policías que acudieron en primer lugar. “El dueño del bar, José Ángel, les acusó de que entraron ahí y no aparecieron ni los cambios. Mi padre era el típico aldeano que siempre tenía en la cartera como mínimo 60.000 pesetas de la época, las manías de cada uno, y a nosotros nos entregaron una cartera a cero. Cuando se lo reprochó José Ángel de que se habían llevado el dinero, le sacaron la pistola”, rememora el hijo de Liborio Arana.
El Diario Vasco recibió días después una reivindicación del atentado de unos denominados Grupos Armados Españoles (GAE). Su historial suma seis asesinatos, los cuatro del Aldana más un concejal independiente que había concurrido por Herri Batasuna en San Sebastián, el año anterior, y el un miembro de Gestoras Pro Amnistía en Lezo, cinco días antes de la bomba en Alonsotegi.
24 atentados de la extrema derecha sin una sola pista
El Gobierno vasco contabiliza un total de 67 asesinatos de la extrema derecha entre el Batallón Vasco Español (BVE), la Triple A y el GAE, a los que hay que añadir 27 de los GAL. De ellos, solo 18 cuentan con una sentencia de los tribunales. En cuanto a los atentados de ETA, Vitoria cifra en 197 los asesinatos sin esclarecer. “Son casi todos de los años setenta u ochenta. Apenas había información y la mayoría fueron sobreseídos por los tribunales. El caso del bar Aldana es uno de los 24 atentados de la extrema derecha los que no hay un solo dato”, afirma Monika Hernando, la directora general de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco.
Ante el muro infranqueable de la impunidad que provoca la falta de información, los casos amnistiados o los que están prescritos, Hernando apuesta por “poner un poco de luz en la verdad de lo sucedido, que se conozcan los hechos en la medida de lo posible y que las víctimas tengan ese reconocimiento moral de que no fueron bien atendidas y que se sientan acompañadas”.
Es lo que se buscó en Alonsotegi en 2016 con la ofrenda floral ante un moral en el lugar donde una vez estuvo el bar de Garbi. Entre los participantes, el lehendakari, Iñigo Urkullu, un chaval del barrio de Alonsotegi en aquel 1980 que corrió a ayudar y buscó supervivientes entre los escombros.
Hace una década, el Ministerio del Interior reconoció como víctimas del terrorismo y pagó la indemnización correspondiente a Liborio Arana y a las otras tres víctimas mortales, la pareja treinteañera formada por Pacífico Fika Zuloaga y María Paz Armiño, y Manuel Santacoloma Velasco, de 57 años.
El hijo de Arana, Iñaki, rememora cómo la familia salió a buscar “los trozos del aita” con la primera luz del día y cómo tuvieron que encararse con la brigada de limpieza para que les dieran tiempo. Al poco dejó la vaquería familiar en manos de sus hermanos e intentó buscar las respuestas que la Policía española no le daba alistándose en los Berrozi, la primera policía vasca de la democracia que luego se convertiría en la Ertzaintza. Hoy jubilado, satisfecho de una vida en la Policía autonómica, recuerda aquello como un gesto casi ingenuo porque les dedicaron a labores de escolta.
Iñaki Arana nunca le contó a sus hijos cómo murió el abuelo “para no crearles un odio”. “En casa no le hemos hablado. Jamás le hemos dicho nada de eso. Ahora saben un poquito más. Hay cosas que hemos dicho en el documental que ni sabían. Yo dejé a mi padre allí en el bar aquel día”, explica. Y recuerda cómo a las llamadas que la dueña del Aldana siguió recibiendo con amenazas de la extrema derecha durante años se suman las que a su madre, por escrito, le llegaban de la “izquierda radical” por haber decidido él hacerse ertzaina.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, recuerda casi a diario los aniversarios de las víctimas de ETA en su cuenta de Twitter. A veces, incluye alguna de los grupos de extrema derecha. El 20 de enero pasado no hubo mención alguna a Liborio, Pacífico, María Paz y Manuel.
