Bárcenas enmarca el caso de los ordenadores en la operación de las cloacas para reventar la investigación al PP
Luis Bárcenas ha comparecido este jueves como testigo en el juicio de los ordenadores del PP y ha dibujado la línea de puntos que une el caso de la destrucción de los discos duros y la operación de espionaje contra él que investiga la Audiencia Nacional. El extesorero del PP ha argumentado que destruir dos memorias informáticas es “muy sencillo” si se compara con enviar un falso cura para secuestrar a su familia, que un comisario allane el taller de su esposa, que su chófer fuera captado, que éste clonara sus teléfonos y que unas grabaciones acrediten que la número dos del PP pidió al policía Villarejo que saboteara el caso Gürtel.
Todo ello, y la destrucción de los ordenadores, son parte de lo mismo, según Bárcenas: una operación parapolicial para reventar la investigación a la formación para la que trabajó por su financiación irregular durante más de veinte años. “Se suceden un montón de acciones que confluyen en el mismo sentido: hacerse con documentación que me pertenece y amedrentarme”, declaró Bárcenas en la vista. “¿Los ministros del Interior eran del PP, verdad?”, le replicó el abogado Juan Moreno, de Izquierda Unida. “Si”, respondió Bárcenas.
Antes que Bárcenas, declararon los cuatro acusados. Sin cámaras, por decisión del juez Eduardo Muñoz de Baena, había acaecido un hecho histórico: un partido de Gobierno comparecía como acusado ante un tribunal. Los matices de la ley y los requiebros del Partido Popular, sin embargo, descafeinaron la escena. La formación de Pablo Casado es una persona jurídica, a la que no se puede acusar, por tanto, de encubrimiento y solo responde de daños informáticos. Y como persona jurídica debe sentar a un representante en el banquillo. El PP ha optado por que nadie de la formación cumpla con esa función y ha sido la abogada María Masso, del despacho al que paga el partido, la que da la cara por él.
Masso, la gerente Carmen Navarro, el jefe jurídico Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno, todos ellos acusados, han coincidido en la tesis de que los ordenadores se borraron porque eran propiedad del PP y además estaban vacíos. El responsable de informática del partido se expresó así: “Lo que hacemos es mirar si el dispositivo haya contenido o información de un usuario, da igual que sea un directivo o un becario. Realizo búsquedas de ficheros de usuario, una búsqueda ciega. Y los equipos no tienen absolutamente nada, ninguno de los tres (dos portátiles y uno de sobremesa)”.
Según explicó Moreno, el borrado de 35 pasadas que se le aplicó es “un procedimiento estándar” que aplica cualquier empresa nacional o nacional, así como la administración de justicia. Se trata, añadió, de una obligación legal cuyo incumplimiento puede llevar a la apertura de un procedimiento de la Agencia de Protección de Datos, y tiene como fin que otro trabajador pudiera utilizar los ordenadores. El protocolo instaurado en el partido en ese momento así obligaba, señaló igualmente.
Alberto Durán, el asesor legal que había elegido María Dolores de Cospedal, explicó que había esperado a que el Juzgado número 21 de Madrid desestimara la denuncia contra él que había presentado Bárcenas al saber que el partido había entrado en el salón Andalucía, a donde había trasladado sus enseres una vez se produjo el “despido en diferido”, según lo bautizó la entonces secretaria general. En aquel auto se decía que los ordenadores eran del PP. Sin embargo, el informático Moreno afirmó que los ordenadores se borraron en mayo de 2013 cuando la Policía acreditó ante la Audiencia Nacional que el borrado se produjo en julio, seis días después de que Bárcenas ingresara en prisión por primera vez.
En cualquier caso, el PP borró los ordenadores en plena investigación de su caja B, el sistema de financiación con dinero negro de empresarios que luego eran beneficiados por concesiones de las administraciones que controlaba el partido. Esa práctica, según recoge la sentencia de Gürtel que a la postre costó el puesto al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, se prolongó durante al menos veinte años.
Bárcenas dijo que la información contenida en una de esas memorias, la del ordenador Toshiba modelo Libretto, contenía documentos que “daban continuidad” a los conocidos como papeles de Bárcenas, los manuscritos que dieron lugar al caso de la caja B. El otro, un Apple, tenía escaneados recibís de donaciones de esos empresarios que cebaban la contabilidad paralela del Partido Popular, según el extesorero. “Si los ordenadores no tenían nada, ¿para qué voy a pedir a la Audiencia Nacional que los entregue?, ¿para hacer el ridículo?”, añadió, en respuesta a la abogada de la acusación popular Isabel Elbal.
Los abogados de la defensa y la Fiscalía se han centrado en lo que consideran “contradicciones” de Bárcenas en sus distintas declaraciones en los juzgados, como por ejemplo cuando dijo que los ordenadores tenían contraseña –el informático lo ha negado en el caso del Toshiba por su sistema operativo– o en las fechas en las que pasaba la información de un soporte a otro. Bárcenas ha alegado problemas para recordar algunas cuestiones y ha insistido en que “no hay ninguna alteración” en los documentos que supuestamente almacenó en esos ordenadores.
La fiscal Carmen Luciáñez dejó otra de las anomalías que ha sufrido la causa de la destrucción de los ordenadores desde su inicio. Luciáñez evitó las repreguntas o el tono inquisitivo habitual en el Ministerio Público en los interrogatorios a los acusados. Especialmente significativo fue el practicado al PP en la figura de María Masso. Fueron apenas cinco minutos que dieron pie a Masso a explicarse sobre la supuesta aplicación rigurosa del protocolo informático del PP. Contrastó con las preguntas a Luis Bárcenas, pese a que éste acudió de testigo, insistentes en obtener contradicciones en su testimonio.
La Fiscalía no acusa al PP y se ha posicionado en contra de que se siente en el banquillo. Considera, como su defensa, que debe aplicársele la doctrina Botín porque las acusaciones populares no están legitimadas, según ella, para acusar por un delito de daños informáticos, por mucho que aleguen que ese es un delito medial de encubrimiento y, por tanto, de obstaculización de la acción de la justicia. La fiscal también ha apoyado al juez Muñoz de Baena en su decisión de que no se pudiera filmar la vista.
Las lagunas de Cospedal
Cerró la jornada la declaración de María Dolores de Cospedal, quien mantuvo que no partió de ella la orden de borrar los discos duros y lo encuadró dentro de un procedimiento habitual en el partido. Además, dijo desconocer quién decidió que Bárcenas podía “dejar sus efectos personales” en la Sala Andalucía. “Sé que no partió de mí, pero no sé de quién partió”, aseguró De Cospedal, aquejada de una lesión que le obliga a llevar una ortopedia en la pierna y apoyarse en una muleta. Sí fue ella la persona que le prohibió la entrada en la sede, mientras que la decisión de desalojar el despacho es conjunta con el director de la asesoría. Ambas cosas se deciden cuando “se conoce que esta persona tenía una cuenta en Suiza y cuando ya se ve que esa presunción de inocencia no va a ninguna parte”.
El abogado de Adade, Juan de Justo, preguntó a Cospedal si conoció del borrado de los ordenadores y si lo puso en conocimiento en su momento. La exsecretaria general respondió: “Con todo el respeto, este tema se ha hecho de trascendencia pública con posterioridad a que aquello se realizara, eso [el borrado] se realizó de manera ordinaria y corriente”. La exdirigente calificó a Bárcenas como “esta persona que tiene la mala costumbre de mentir” y sostuvo que los “enfrentamientos” judiciales con él han causado un coste personal y profesional “muy grande”.
Cospedal recurrió en varias ocasiones a su desconocimiento de los detalles, en la línea de otras declaraciones anteriores, y así llegó a afirmar que desconocía si Sergio Ríos, el chófer que Bárcenas utilizó en Génova y después de trabajar para el partido, prestaba servicio al extesorero. Ríos fue captado por la brigada política de la Policía cuando Bárcenas entró en prisión en el verano de 2013 con el fin de que sustrajera documentación al extesorero y su familia “en beneficio de dirigentes del PP”, según afirma indiciariamente el juez del caso Villarejo.
