“Catalá debe irse, con él no habrá pacto de la justicia”

Asume la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales ahora que el ministerio público está en las portadas, televisiones y radios por su funcionamiento interno y las injerencias que algunos miembros de Anticorrupción han recibido de sus superiores cuando trabajaban en investigaciones muy sensibles como el caso Lezo.

Emilio Fernández García (Madrid, 1958) mantiene que la asociación será beligerante en la defensa de más autonomía para los fiscales y proclama que no habrá pacto por la Justicia si el ministro Rafael Catalá, reprobado por el Congreso, sigue en su puesto. Cree que también el fiscal general, José Manuel Maza, está inhabilitado para seguir en el cargo y aboga por abrir un nuevo tiempo en el ministerio público. “Los fiscales no somos forajidos a los que haya que controlar”, advierte a ese sector de la derecha que pedía poner orden en la institución.

En la clausura del congreso donde fue elegido hace unas semanas en León, su antecesor pidió la dimisión del fiscal general, José Manuel Maza, presente entre los invitados. ¿Coincide usted en que debe irse?

Desde luego, esa reivindicación sigue vigente. Sin perjuicio de la valía de José Manuel Maza como profesional del Derecho, nosotros entendemos que sus actuaciones al frente de la Fiscalía General no van por buen camino. Es el primer fiscal general reprobado en el Parlamento y sus actuaciones le inhabilitan para seguir en ese despacho. Se lo hemos planteado a él, que entiende que estamos en nuestro derecho de reclamar su cese, pero defiende que no va a dimitir. Seguimos pensando que no es la persona adecuada para el cargo.

No hay ninguna pista que haga pensar que vaya a abandonar. ¿Cree que con él en la Fiscalía General se puede reconducir la situación?

Sería preciso un giro casi de 180 grados. Sus antecesores en el puesto no eran fiscales progresistas, no lo era Eduardo Torres Dulce ni tampoco Consuelo Madrigal, pero mantuvieron una línea de cierta homogeneidad con los anteriores. Maza eso lo ha roto con su política de nombramientos, que ha convertido la selección de puestos relevantes en una especie de quiniela externa a la carrera. Ha hecho muy poco por algo que consideramos una reivindicación fundamental en la carrera, que es la defensa de nuestra autonomía.

¿Además de pedir su cese qué puede hacer la UPF para mejorar la imagen de la institución? Algunos de los últimos sumarios y lo que en ellos aparece trasladan la sensación de que es un cuerpo de profesionales manejables.

Eso es lo que tratamos de evitar. Lo ideal es que se hable poco de los fiscales para que puedan realizar su trabajo riguroso, de estudio de casos que a veces son complicados y desde luego deben alejarse de las triquiñuelas y de las componendas que pueda haber en el poder político. Los fiscales realizamos nuestro trabajo con autonomía bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica pero eso no supone que debamos recibir influencias externas.

En determinadas escuchas policiales exdirigentes políticos hoy investigados en graves casos de corrupción revelan cómo se debe cambiar de destino a fiscales incómodos o manifiestan su preferencia por determinadas personas que luego acaban ocupando puestos claves. ¿Cómo se vive en la Fiscalía?

Con perplejidad y desazón. El fiscal debe estar ceñido a su trabajo que consiste en perseguir delincuentes, ya sea un clásico ratero o personas que están muy cerca del poder. Pero lo que no puede es transmitirse la idea de que es manejable. O incluso que trascienda que personas de determinado nivel político mueven los hilos para apartar a fiscales incómodos o que se dé a entender que se les puede dirigir el trabajo. Ese mensaje hay que desterrarlo.

¿Y el ministro puede mandar mensajes a imputados deseando que se acaben los líos judiciales?

Entendemos que no. El ministro dio su explicación, cada cual puede creérsela o no, pero entendemos que hay cuestiones que deberían permanecer ajenas a esa familiaridad, todos podemos tener conocidos en problemas judiciales, pero eso no nos puede hacer perder nuestro camino.

¿Puede seguir Catalá al frente de Justicia tras mandar esos sms a Ignacio González?

Lo hemos tratado en nuestro último congreso en León: José Manuel Maza no puede seguir de Fiscal General y Rafael Catalá no debe seguir un día más en el ministerio. Él llegó con un afán multicomprensivo de muchas actuaciones que tenía previstas, grandes operaciones que hasta ahora no han pasado de la propaganda, como el papel cero, la implantación de un sistema de plazos que conduce a la impunidad como ha dicho la Comisión Europea, y lo único tangible es que ha sido reprobado por el Congreso. Todo eso lo incapacita para seguir al frente del ministerio y dificulta su propósito, al menos anunciado, de lograr un pacto de Estado por la Justicia. Nosotros pensamos que no será con él al frente del ministerio.

Más allá de los episodios de injerencias que hemos visto, ¿lo que está en juego es el modelo mismo de la Fiscalía?

Es que todas estas cuestiones guardan relación con un problema original: nuestra Justicia necesita una reforma y hay que decidir si se va a cambiar para que instruyamos los fiscales o si lo siguen haciendo los jueces. Eso condiciona todo lo demás. Aparentemente, todos los grupos políticos estaban a favor de un cambio de modelo procesal para que investiguen los fiscales con un cuerpo de policía judicial. Los acontecimientos de los últimos meses han trasladado la imagen de que los fiscales somos maleables, somos dirigibles, de que se nos controla, se nos mueve, se nos quita y se nos pone y ese no es el camino correcto.

¿Vistos los últimos episodios serían precisos cambios en el estatuto de carrera antes de que los fiscales asuman la instrucción de los casos?

Nosotros creemos que el estatuto de 1981 fue una norma muy válida pero que debe ser modificada: hay que reforzar el principio de autonomía y también el de publicidad en todas las comunicaciones que pueda haber entre el Gobierno y el fiscal general del Estado y también entre el Fiscal General del Estado y los fiscales jefe y de estos con sus subordinados. Debe apostarse por la transparencia y la publicidad, esas comunicaciones deben ser públicas, transparentes y motivadas. Si el estatuto es de 1981, nuestro reglamento es de 1969, prácticamente del año de la ley de sucesión de la Jefatura del Estado. En su gran contenido es contrario a la Constitución e inaplicable. Han pasado demasiados años. También se debe aprovechar para reforzar un poco la figura del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno. Nosotros postulamos la instauración de un fiscal general que sea elegido por el Congreso. La soberanía reside en el pueblo y el Congreso debería tener mayor protagonismo en su designación. Hay trabajos de Ciudadanos y de Unidos Podemos en este sentido y que pretenden garantizar que el fiscal general no dependa tanto del Gobierno.

En las próximas semanas se va a cubrir un puesto clave, el del jefe de Anticorrupción tras la salida de Manuel Moix. ¿Cuál debe ser el perfil para ese puesto tan relevante?

Debe ser una persona con una formación muy sólida, intachable en todos los aspectos y un fiscal respetado. Los últimos acontecimientos a raíz del nombramiento y dimisión de Manuel Moix obligan a que además debe ser una persona nombrada a conciencia. Si algo se ha puesto de manifiesto en el nombramiento del fiscal jefe de Anticorrupción es que no puede hacerse a la ligera.

Su asociación ya tiene su propia apuesta.

Sí, indudablemente. Con gran satisfacción hemos comprobado que Pedro Crespo Barquero, actual fiscal de sala jefe de la Sección de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ha optado por la plaza. Es un fiscal progresista, asociado a la UPF, pero antes que esto es un fiscal con una formación jurídica y una capacidad de trabajo y un prestigio en la carrera difícil de igualar. Nosotros estamos muy satisfechos de proponer a este candidato porque, con independencia de que sea nombrado, con ese nombre encima de la mesa si no se designa a Pedro Crespo se obligará a poner a una persona al menos de su misma valía, algo que hoy por hoy es muy muy difícil.

Vistos los antecedentes y el nombramiento de Moix, ¿hay alguna garantía?

Moix fue designado con los votos de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera aunque él no está afiliado a ella.

¿Influyó la Asociación de Fiscales y alguien más? ¿El Gobierno tal vez?

Deberíamos pensar que no y que se deben valorar los candidatos cuando ha acabado el tiempo de presentación de las candidaturas y no antes. Los acontecimientos han puesto de manifiesto que Moix, un jurista de reconocida competencia en el ámbito donde ha ejercido más que es el contencioso administrativo, era el preferido por determinadas personas.

¿Y qué garantías hay de que ahora el Gobierno o Maza vayan a cambiar de criterio?

Indudablemente, el puesto de jefe de Anticorrupción es de libre designación, un puesto de confianza. Pero eso no quita para ese puesto de tantísima relevancia haya que nombrar a un amigo o a una persona afín a tal partido. Curiosamente, los dos jefes de Anticorrupción anteriores como Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Salinas no eran de la línea del Gobierno que los designó. Lo que debe prevalecer es el principio de mérito y capacidad. Es bueno para la carrera fiscal para la sociedad y para Anticorrupción.

Y si no está en unas escuchas entre los preferidos de presuntos corruptos, casi mejor.

Claro. Nosotros pusimos eso en conocimiento de Maza antes del nombramiento de Moix y dijimos que su nombre podía salir en esas escuchas en el sentido en que luego aparecieron. Y eso no es cómodo tampoco: si presumimos de un órgano de referencia en la persecución de la corrupción, quien debe estar al frente de ese órgano debe ser inatacable en todos los sentidos.

¿Cuál va a ser la tarea más urgente del sustituto de Moix?

En la UPF pensamos que el próximo jefe de Anticorrupción debe devolver a ese órgano al punto donde estaba antes de 2017: volver al trabajo y no abrir los telediarios con cuestiones ajenas al trabajo. Es un órgano muy técnico que requiere de tranquilidad para trabajar. Una buena decisión sería continuar con la organización y el trabajo y pasar lo más desapercibido posible por el resto de actuaciones.

En los últimos meses también hemos visto cómo fiscales de casos muy sensibles se veían obligados a invocar el artículo 27 para expresar su discrepancia con un superior. ¿Es habitual? ¿Usted lo ha esgrimido alguna vez?

No lo he planteado y no es demasiado frecuente pero fue uno de los grandes logros del estatuto de 1981 porque es un corrector de la estructura jerárquica: la carrera fiscal no es una institución militar sino de técnicos en Derecho. Hay que obedecer las órdenes de los superiores, eso es la dependencia jerárquica, pero ante una orden también se puede discrepar. Desde el fiscal recién llegado al último pueblo de España al fiscal de Sala del Supremo. No se ha invocado demasiado pero tampoco debe haber miedo a acogerse a ese artículo. Es una posibilidad legítima que se da a todos los fiscales y permite una valoración a la vista de lo que opine la junta de fiscales sobre la pertinencia de una orden. No pasa nada, debe invocarse siempre que sea necesario.

Su antecesor dijo a este periódico que hay que evitar que Maza se convierta en una especie de...

Sí, de Rey Sol. Y tiene razón. Es que el fiscal general del Estado es un puesto clave para el funcionamiento del Estado con unas funciones primordiales en el organigrama del Estado y con autonomía en el poder judicial. Pero eso no quiere decir que se convierta en un fin. Está sujeto al Estatuto del Ministerio Fiscal y a la Constitución y no puede convertirse en el protagonista de todas las historias de la carrera.

Se ha dicho de la UPF que es tan beligerante porque se ha puesto al servicio de la oposición, del PSOE e incluso de Podemos.

Esa crítica en esos términos solo puede venir del desconocimiento. Somos una organización progresista pero no el vehículo de ningún partido. Elegimos a nuestros miembros del secretariado por sufragio directo y ahí hay sensibilidades distintas. Aquí no se pregunta si alguien se considera más cerca de un partido o de otro. No recibimos intereses de partidos concretos, pero en beneficio de nuestros valores constitucionales procuramos que las actuaciones sean adecuadas y hablamos con todo el que nos lo pide. Lo hemos hecho con Ciudadanos cuando este partido estudiaba la reforma del estatuto fiscal y no creo que sea mayoritario en las preferencias de los miembros de la UPF. Y también nos vamos a reunir con Unidos Podemos para lo mismo. Y si nos lo pide el PSOE, como ocurrió otras veces, también lo haríamos. El partido del Gobierno nos ve como enemigos y confía más en unos fiscales que en otros porque piensa que la UPF está llena de revolucionarios, rojos y antisistema, algo muy lejos de la realidad.

¿La Fiscalía está en el peor momento de las últimas décadas?

Desde luego el momento no es bueno porque no es bueno estar en las noticias y los telediarios por nuestra organización interna. Los fiscales están sobrecargados de trabajo, tienen falta de medios, normas que complican su día a día, y estar en el candelero no es bueno. No es bueno estar en los medios por el debate sobre si obedecemos o no al Gobierno.

Cuando usted escucha que había que poner orden en Anticorrupción, ¿qué le sugiere?

Quien dice eso no sabe cómo funciona Anticorrupción. Para saber cómo opera hay que pertenecer a la carrera fiscal o estar cerca de ella. Anticorrupción no es una banda de forajidos que haya que pacificar o reducir por la fuerza o que haya que someter. Los miembros de Anticorrupción, cuyo trabajo es callado, responsable, serio, profesional y muy poco agradecido en muchas ocasiones, lo que necesitan es serenidad. Hay que dejar a estos fiscales trabajar, ni se necesita una pacificación ni está llena de rojos, como he leído por ahí. Curiosamente, en Anticorrupción solo hay un miembro de la UPF, pese a lo que se ha dicho. Son profesionales muy válidos que solo pretenden hacer su trabajo.