El PP obligó a Ciudadanos a retirar las incompatibilidades de los diputados del acuerdo de investidura
Ciudadanos ha tenido que sacrificar el régimen de incompatibilidades -que pretendía fijar a los diputados del Congreso en el pacto que firmó con el PSOE el pasado febrero- para cerrar el acuerdo de investidura con el Partido Popular. La formación de Albert Rivera suprimió la exigencia de que los parlamentarios tengan dedicación absoluta y no puedan cobrar por una segunda actividad que sí figuraba en el documento que firmaron Pedro Sánchez y Albert Rivera en la pasada legislatura.
Pese a que en la estrategia de presión al PSOE los dirigentes de Ciudadanos repiten que 100 de las 150 medidas firmadas por el PP y la formación de Albert Rivera son las mismas que se acordaron con los socialistas, la letra pequeña revela que muchas de las condiciones firmadas en febrero se han relajado, también las que aluden a las medidas de regeneración. En el caso de los diputados, el documento firmado por PSOE y Ciudadanos contemplaba: “Establecer la dedicación exclusiva de los diputados y senadores, que solo podrán percibir las retribuciones que les correspondan por ejercer representación parlamentaria”.
Esa cláusula desaparece en el pacto que se ha firmado con el Partido Popular. Igual que la obligación de “presentar, al comienzo y fin de su mandato, una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre el estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social”.
El documento rubricado por el PP también se olvida de otra cláusula refrendada en su día por Ciudadanos y PSOE: “Atribuir a la Comisión del Estatuto de los Diputados, además de sus funciones preparatorias de las decisiones del Pleno en materia de incompatibilidades, la capacidad para comprobar las veracidad de las declaraciones sobre actividades y bienes patrimoniales de los diputados y, concretamente, para investigar las omisiones o falseamientos en las mismas, así como el incumplimiento de los términos de las autorizaciones concedidas por la Cámara”.
En lugar de esas obligaciones, el acuerdo de Rivera y Rajoy se limita a promover una reforma del Congreso que “facilite mejores mecanismos de participación a los ciudadanos” y además modifique “el régimen de mayorías necesario para la adopción de acuerdos relativos a la creación de comisiones de investigación por el Pleno de la Cámara”.
