La comisión de Justicia de la Eurocámara pide prohibir amnistías e indultos por malversación en la UE

La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una enmienda para defender que las nuevas reglas de la Unión Europea contra la corrupción incluyan la prohibición para los Estados miembro de conceder indultos o amnistías por delitos de malversación.

La enmienda ha salido adelante con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, y se someterá a votación del pleno en su segunda sesión de febrero, entre los días 26 y 29, para su adopción definitiva.

“Los Estados miembro adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía en beneficio de quienes hayan sido considerados responsables de cualquiera de las infracciones penales a que se refieren los artículos 7 a 14 [de la directiva]”, indica la enmienda de compromiso firmada por el Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR, en el que se integra Vox).

La jefa de filas del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, ha tuiteado como si la enmienda ya hubiera sido aprobada definitivamente, dando a entender que tiene efecto inmediato, sin tener en cuenta que ha de pasar al pleno y, después, a las negociaciones con Consejo de la UE (gobiernos) y Comisión Europea.

En concreto, los delitos recogidos en los artículos mencionados son cohecho en el sector público, soborno en el sector privado, malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, abuso en el ejercicio de funciones, obstrucción a la justicia, enriquecimiento por delitos de corrupción e inducción, complicidad y tentativa.

El texto que resulte de la votación en sesión plenaria será el mandato negociador que marque la posición del Parlamento Europeo en la negociación con el Consejo (gobiernos) para la reforma con la que la Unión Europea quiere endurecer las normas para los delitos de corrupción.

Los 27 no han acordado aún su posición para abordar esta reforma. Dado que apenas quedan tres meses de actividad política en esta legislatura, es posible que la negociación de la forma final de la directiva anticorrupción continúe a partir del verano, cuando se constituya el Parlamento Europeo que salga de las urnas del 6 al 9 de junio.

Con esta propuesta, Bruselas buscaba también introducir definiciones comunes y un mínimo en las penas máximas para diversos delitos hoy castigados de manera heterogénea en toda la UE y reducir tasas preocupantes en las encuestas sobre la percepción de la ciudadanía de este tipo de delitos, ya que casi el 70 % de los europeos piensa que la corrupción está “extendida” en su país.

Bruselas proponía, por ejemplo, que los delitos de malversación en toda la UE no puedan ser castigados con una pena máxima inferior a cinco años de prisión, superior a algunos tipos en el Código Penal español reformado en 2023 con un acuerdo entre el PSOE y ERC.

La reciente reforma del Código Penal español contempla para ciertos casos penas por malversación de 1 a 4 años, como por ejemplo los dirigentes catalanes que convocaron el referéndum independentista de octubre del 2017.

El Parlamento Europeo, de hecho, va más allá de la propuesta de Bruselas y sugiere que el límite superior de la horquilla de penas de prisión para la corrupción sea de al menos seis años.

También sugieren ampliar la definición de personas que quedarían sujetas a esta regulación para incluir “cualquier persona a la que se le confíen tareas de interés público o a cargo de un servicio público”.