Los condenados por tartazos a Barcina recurrirán un fallo “desproporcionado”

Los cuatro condenados esta semana por la Audiencia Nacional a penas de hasta dos años de cárcel por un delito de atentado a la autoridad al agredir con tres “tartazos” a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, han anunciado que recurrirán el fallo por “desproporcionado y ajeno a la realidad social”.

La sentencia condena a dos años de cárcel a Gorka Ovejero Bengoa, teniente de alcalde de Arruazu (Navarra) en el momento de los hechos, Ibon García Garrido y Julio Martín Villanueva, y a un año de prisión -porque no participó en el lanzamiento de las tartas- a Mikel Álvarez Forcada, y a todos ellos les impone además una multa de 900 euros.

En conferencia de prensa, los cuatro hombres han reiterado sus argumentos de que lo que el juez ha considerado un atentado fue para ellos “un escrache dulce de señalamiento de una de las responsables de la imposición” del Tren de Alta Velocidad en Navarra, una infraestructura contra cuya construcción son activistas, dentro del movimiento “Mugitu” que en su día reivindicó la acción, desarrollada en 2011 en Toulouse (Francia).

En ese momento Barcina presidía un pleno de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, acto que se llevaba a cabo en esa localidad gala, país donde estos hechos son considerados “una infracción menor”, han señalado los cuatro condenados.

Han lamentado que con su denuncia Yolanda Barcina “desde el primer momento se dejó llevar por su afán de venganza” y procuró que los hechos fueran juzgados en España, lo que ha propiciado una “duplicidad de procesos” y ha conseguido que los investigara la Policía foral, que a juicio de los encausados “no era competente” por haber ocurrido en el país vecino, que archivó la causa.

“El archivo de las diligencias no fue porque se seguía una investigación judicial en el Estado español, sino que allí se consideró que no procedía judicializar el conocimiento de los hechos por considerarlos como una infracción insuficientemente caracterizada en el derecho penal francés”, ha señalado Mikel Álvarez.

También han discrepado del valor probatorio que se da al vídeo en el que ha basado el juez para asegurar la autoría de los cuatro y critican que la sentencia se base en la comparación entre “lanzar” y “estampar” las tartas contra Barcina para dotar de mayor gravedad a los hechos.

“Este absurdo jurídico consideramos que sólo responde una vez más a una concepción decimonónica, arcaica y totalmente apartada de la realidad social y de la época en que vivimos de la Autoridad Pública”, que a su juicio en un caso como el de Barcina tiene una “sobreprotección jurídico penal” que es “desproporcionada” respecto al resto de la ciudadanía.

Por todo ello, han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, cuyo fallo podría demorarse un año, y han subrayado que este proceso en el fondo “ahonda en la criminalización del movimiento anti-TAV”, una infraestructura cuya construcción han considerado que es “el verdadero atentado”.