El conflicto de Catalunya entierra la histórica relación de la antigua Convergència con los Gobiernos del PP

En el PDeCAT ya ni recuerdan cuando fue la última vez que Mariano Rajoy descolgó el teléfono para hablar con alguno de los veteranos diputados de la antigua Convergència. El propio portavoz del grupo, Carles Campuzano, reconoce que sus relaciones con el presidente del Gobierno son inexistentes. El proyecto independentista que están liderando con ERC en Catalunya ha hecho saltar por los aires los escasos puentes de diálogo que mantenían con el PP.

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado es el ejemplo que mejor evidencia ese viraje que han sufrido las relaciones del Gobierno con el antiguo grupo de CiU que durante muchos años dirigió en la Cámara Baja el democristiano Josep Antoni Duran i Lleida. Su habitación del hotel Palace guarda numerosos secretos de cómo se cerraron aquellos pactos. Aquellas maratonianas reuniones que protagonizaron antaño él y su brazo derecho, Josep Sánchez Llibre, para cerrar los presupuestos son parte ahora de la historia.

El partido fundado por Jordi Pujol, que durante varias décadas fue el garante de la estabilidad de los gobiernos tanto del PP como del PSOE, ha perdido ahora su influencia.

Las dimensiones que está adquiriendo en las últimas semanas el conflicto en Catalunya, con Puigdemont, varios exconseller del Govern y altos cargos en la cárcel, y otros huidos de España, ha agravado al máximo el clima de tensión en el Congreso, donde los diputados del PDeCAT exhiben lazos amarillos exigiendo la liberación de sus compañeros a los que consideran “presos políticos”.

Claro que la crispación entre el grupo catalán y el Gobierno no es algo que haya sobrevenido de repente. Comenzó al inicio de la legislatura, cuando, pese a haber logrado ocho diputados en las elecciones generales –tres más que el PNV– se les impidió tener grupo propio en ambas Cámaras y se vieron obligados a marcharse al Grupo Mixto.

La resistencia numantina de Ciudadanos –principal enemigo de los nacionalistas– a que los catalanes se salieran con la suya, y la necesidad de Rajoy de asegurarse la investidura, obligó al PP a abstenerse en la votación de la mesa, junto con el PSOE y Unidos Podemos, lo que imposibilitó que el PDeCAT consiguiera en el Congreso sus propósitos. El entonces portavoz del grupo, Francesc Homs, consideró una “ignominia” tal decisión y los tambores de guerra comenzaron a sonar en las filas de los exconvergentes.

Poco después Homs fue inhabilitado por el Tribunal Supremo y se vio obligado a dejar el escaño. Su sustituto en el cargo, Carles Campuzano, fue bien recibido en la bancada del PP tanto por su veteranía y experiencia -lleva siete legislaturas en el Congreso- como por su perfil de dirigente moderado y dialogante. Sin embargo, la vertiginosa sucesión de acontecimientos en Catalunya ha impedido a Campuzano ejercer esas cualidades y desatascar las cañerías con Madrid.

El propio portavoz del PDeCAT reconoce a eldiario.es que desde que hace un año ocupa el cargo nunca ha hablado con Rajoy, salvo en los escasos duelos que ha mantenido con él sobre Catalunya en las sesiones de control de los miércoles. Sus relaciones con el Gobierno se limitan a esporádicas conversaciones con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o con algunos ministros, como Fátima Báñez y “siempre dentro de los limites de la situación”.

En Moncloa y en el PP saben que con los Presupuestos no hay nada que hacer y que los exconvergentes tienen el no decidido por adelantado. Por eso ni han intentado llamar a su puerta.

Si en el 2016 ya se vislumbraba una gran tensión en Catalunya, el 2017 acabó con un recrudecimiento de las relaciones con el PDeCAT tras la declaración unilateral de la independencia (DUI) y la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno.

Poco antes, la decisión de los diputados nacionalistas catalanes y de ERC de no acudir a los plenos en señal de protesta por las detenciones determinadas por los jueces ya había llevado a Ciudadanos a solicitar a la mesa del Congreso que se les suspendiera de sueldo. Al final, no hubo sanción. Pero aquel episodio crispó más el ambiente que ya venía cargado desde que Campuzano tildara de “falangista” en un debate al propio Rivera.

Uno de los diputados que conviven con los exconvergentes en el Grupo Mixto afirma que les ve “permanentemente cabreados y en estado de excitación política, lo que les impide participar en nada”. De hecho, han decidido desmarcarse del pacto por la Justicia y no participar de la comisión que estudia la reforma territorial, que también acaba de abandonar Ciudadanos.

Eso no quita para que tanto Campuzano como otros veteranos diputados de su grupo, como Jordi Xuclá, sigan teniendo buen trato personal con diputados del PP. “Son muchos años de relaciones cordiales. Lo cortés no quita lo valiente”, ratifica el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que es, junto a Rafael Hernando, el que más contactos tiene con Campuzano debido a sus respectivos cargos.

Tampoco el PNV es ajeno a esta tensión. Los cinco diputados vascos siguen siendo indispensables para garantizar la estabilidad de la legislatura y más ahora que Rajoy tiene contados los votos para poder aprobar los PGE.

Los nacionalistas vascos ya ayudaron al Gobierno a sacar adelante las cuentas de 2017 y en Moncloa esperan que hagan lo mismo con el proyecto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y que llegará al Congreso a primeros de abril, tras las vacaciones de Semana Santa.

La mejora del Cupo vasco fue el preludio para allanar el camino hacia ese futuro pacto presupuestario.

Pero está vez a Rajoy le va a costar más esfuerzo cerrar ese apoyo con los vascos. El portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, que sigue teniendo hilo directo con Moncloa, ha dejado en el aire cualquier avance hasta que no se levante el artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Y desde Euskadi el mensaje ha llegado nítido por boca del presidente del partido, Andoni Ortuzar: “No estamos dispuestos a legitimar la aplicación del 155 en Catalunya sumando nuestros votos a los del PP y Ciudadanos para los Presupuestos”.

Esa línea roja solo quedará despejada si los partidos independentistas logran ponerse de acuerdo para elegir un presidente de la Generalitat que pueda ser investido sin más sobresaltos. De momento, tanto la legislatura en Madrid como que no haya nuevas elecciones en Catalunya queda en manos de los nacionalistas.