Defensa mantiene en secreto el expediente abierto a los militares que firmaron hace un año un manifiesto franquista
Ha transcurrido un año desde que se hizo público el manifiesto suscrito por centenares de militares y exmilitares de alta graduación en defensa del dictador Francisco Franco. Después de que en septiembre el Ministerio de Defensa llegase a informar de las conclusiones de la información reservada abierta contra los únicos cinco firmantes que mantenían relación con las Fuerzas Armadas, este departamento no ha aportado más datos sobre el expediente abierto. Esta redacción ha tratado en reiteradas ocasiones de actualizar la información, sin recibir respuesta de forma oficial en ningún momento.
A finales de julio del año pasado varios centenares de antiguos altos mandos publicaron un manifiesto titulado “Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España”, en el que denunciaron la “campaña infame” que estaba llevando a cabo “la izquierda política” para desprestigiar al dictador a través de la “perversa pretensión” de exhumar sus restos del Valle de los Caídos. En el texto llegaron a asegurar que la figura militar del dictador ha “sido vilipendiada hasta extremos inconcebibles”.
Estos mensajes pueden ser sancionados por el régimen de las Fuerzas Armadas, ya que este articulado recoge como faltas graves y muy graves la manifestación de “expresiones contrarias” hacia la Constitución, la Corona y demás instituciones del Estado, así como “infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política”. Esta normativa recoge sanciones como una multa económica de ocho a quince días, un arresto de quince a treinta días y la resolución del compromiso, es decir, ser expulsados de la disciplina castrense.
En estos doce meses, uno de los firmantes ha conseguido saltar del retiro castrense al Congreso de los Diputados. El general Agustín Rosety consiguió un escaño tras presentarse como cabeza de lista por Vox en Cádiz y será el portavoz del partido de extrema derecha en la Comisión de Defensa. Por lo tanto, estará presente en sede parlamentaria la próxima vez que le pidan al ministro o ministra que asuma esta cartera aclaraciones sobre este asunto.
Defensa fue informando sobre la evolución del caso
Desde el departamento de Margarita Robles han optado por la ley del silencio al ser preguntados por este tema. Una actitud que contrasta con la mantenida las semanas posteriores a que se hiciese público el manifiesto, en aquel momento el Ministerio aportó información detallada del procedimiento. En un primer momento, su equipo de prensa anunció que no podían investigar a la mayor parte de los firmantes porque ya no tenían relación con las Fuerzas Armadas. Solo cinco de ellos mantenían vinculación con Defensa, porque se encontraban en la reserva (una suerte de prejubilación militar), y a través de una nota de prensa informaron de que a estos cinco les habían abierto una información reservada.
Una semana después explicaron que el instructor llamaría a declarar a los firmantes “para ver si se ratifican o no en el contenido del escrito”. A finales de septiembre llegaron a aportar datos sobre la conclusión del proceso reservado abierto, en ese momento reseñaron que la ministra, que era la responsable de tomar esa decisión, acordó “remitir a los mandos orgánicos” de estos militares “la orden de iniciar un expediente por indicios de infracción disciplinaria”.
Fuentes cercanas a Defensa aseguran que los expedientes “están resueltos” y que sus conclusiones están enmarcados dentro de una información “reservada”. Estas mismas fuentes explican que esta calificación no se aplica particularmente a este caso, sino a todos los expedientes sancionadores emitidos en la disciplina castrense. Preguntados por esta afirmación, desde el Ministerio no aportan información sobre la situación en la que se encuentra la instrucción y son incapaces de aclarar si sus conclusiones son confidenciales o “pueden ser públicas”.
Desde Foro Milicia y Democracia combaten el carácter clasificado de esta documentación. “Aquí hay un conflicto de dos derechos: el de interés público y el de una información reservada. En este caso prima el primero, más aún teniendo en cuenta que hicieron público el manifiesto. Si guardan el secreto [de las conclusiones] es para sospechar que no han hecho nada”, apunta José Ignacio Domínguez, vicepresidente de este foro y teniente coronel del Ejército del Aire retirado. Domínguez formó parte de la disuelta Unión Militar Democrática, una organización militar clandestina fundada en 1974 con el objetivo de democratizar las Fuerzas Armadas y derrocar la dictadura franquista.
La publicación de este manifiesto fue contestada por una decena de militares, Domínguez entre ellos, a través de un comunicado con el que destacaban su “rechazo total” a la declaración de apoyo al dictador. “El general Franco no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de estado sangriento y genocida contra la legal y legítima II República Española, la feroz guerra civil posterior, y una dictadura opresiva e inclemente durante casi cuarenta años”, apuntaron los firmantes.
Entre los firmantes, uno de ellos ya ha sido sancionado por apoyar el manifiesto, incluir en su firma una aportación en la que deseaba “Salud y República” y por conceder una entrevista a eldiario.es en la que suscribió esta actuación. Antes de emitir la sanción, también le abrieron otro expediente por recabar firmas para solicitar la readmisión de Luis Segura, un exteniente expulsado del Ejército.
