Podemos denuncia al PP por ofrecer “dádivas” a los tránsfugas de Ciudadanos que frustraron la moción en Murcia

Podemos ha presentado ya la denuncia por cohecho contra el PP que ayer anunció el líder del partido, Pablo Iglesias, durante la sesión de control. El escrito entregado en la Fiscalía Anticorrupción relata a lo largo de 15 páginas los movimientos de varios cargos populares para frustrar la moción de censura en Murcia, para concluir que se cometió un delito al ofrecer “una dádiva o regalo”, como es un puesto en el Ejecutivo regional, a los tránsfugas de Ciudadanos. La denuncia señala directamente al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y al presidente murciano, Fernando López Miras.

En el escrito se consideran también partícipes del delito de cohecho a los tres tránsfugas y a Fran Hervías, el exsecretario de organización de Ciudadanos, ahora en el PP, y en al que algunos miembros de su antiguo partido sitúan tras los movimientos para hacer fracasar la moción. La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, hace un relato cronológico de los hechos: desde que se anunció la moción hasta que López Miras anunció un acuerdo con los tres diputados para que votaran contra la moción.

La denuncia llama la atención sobre que no fue una negociación política normal con un partido. “La negociación se habría llevado a cabo con tres diputados concretos, al margen de la dirección de su partido, y que como resultado de la misma fueron incorporados desde ese mismo momento al ”nuevo Gobierno“”.

Los tres tránsfugas son Isabel Franco, María del Valle Miguélez y Francisco Álvarez García. Franco, vicepresidenta de la región, se aseguró seguir en su puesto, que habría tenido que abandonar si la moción continuaba adelante. Valle Miguélez y Álvarez entraron como consejeros: la primera como responsable de Empresa, Industria y Portavocía, mientras que el segundo ha asumido Empleo, Investigación y Universidades. Ciudadanos ya les ha ha expulsado del partido.

Sobre el papel de García Egea, el escrito señala que López Miras “habría hecho una mención especial a la labor llevada a cabo por el secretario general del partido a nivel estatal (...) que se habría desplazado a la Región para negociar el apoyo de los tres diputados ”tránsfugas“”. Sobre Hervías, se le incluye como uno de los intermediarios en la negociación.

Para Podemos, esas conversaciones dieron como resultado que tres diputados autonómicos modificaron el sentido de su voto, después de haber firmado la moción (que el partido considera un acto con validez legal) y una vez recompensados con un puesto en el Gobierno.

“Para condicionar (cambiar) el voto, se les ofrece a determinados firmantes de la moción (y aceptan, en este caso) una dádiva o regalo, y es a consecuencia de éstas que ellos modifican su voluntad. Esta suerte de transacción basada más en el aprovechamiento particular e individualizado de una oportunidad política, ajeno todo ello a la voluntad colectiva del grupo parlamentario al que pertenecen los diputados ”tránsfugas“ firmada y registrada sólo 2 días atrás, desborda completamente los límites social y políticamente asumibles en una negociación política”, sostiene la denuncia.

Añade el escrito redactado por los abogados de Podemos que “el nexo causal entre el ofrecimiento y recepción de la dádiva y el cambio del sentido del voto es evidente en cuanto que en la misma comparecencia pública el presidente de la Región anunciaba ambas cosas”. El partido cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para concluir que deben castigarse “los actos de retribución y recompensas a quienes, como depositarios de los votos de la ciudadanía, se prevalgan de esa función pública para, rebasándola, obtener réditos personales superiores a los que le corresponderían manteniendo el criterio fijado por las formaciones políticas a las que concurrieron a las elecciones”.

“Es por ello por lo que las normas penales no pueden sustraerse de prácticas no sólo reprochables social, moral y políticamente, sino también delictivas por cuanto que el núcleo esencial de la función pública, reflejada en este caso en las funciones parlamentarias emanadas de la voluntad popular, se vea degradado en detrimento de intereses personales”, añaden. Por ello, piden a Anticorrupción que inicie una investigación por cohecho contra todos los implicados.