Sánchez propone a la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros propondrá este martes el nombramiento de la hasta ahora ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado eldiario.es. Delgado sustituirá a María José Segarra y será la tercera mujer que preside esta institución.

El pasado viernes el Gobierno informó a Delgado de que no seguiría al frente de la cartera de Justicia en el nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, a la que había accedido en 2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le comunicó en ese momento que tenía este otro puesto reservado para ella. Lo hizo durante el pasado fin de semana.

La propuesta de nombramiento, que será sometida a informe del Consejo General del Poder Judicial y al examen del Congreso de los Diputados antes de ser ratificada, ha causado sorpresa, pues el paso por el Ministerio de Justicia de esta fiscal experta en lucha contra el terrorismo con 25 años de experiencia en la Audiencia Nacional estuvo marcado por las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo y la actuación de su Ministerio en la causa del 1-O.

Además, en la Moncloa había descontento con el desempeño de Delgado durante estos meses. Más contundentes se mostraban en los últimos días algunas fuentes en el PSOE, que hablaban incluso de que su gestión había sido “un absoluto desastre”. Entre las decisiones en las que se equivocó, citan precisamente la elección de María José Segarra como fiscal general del Estado, a la que ahora sustituye.

La oposición no ha tardado en reaccionar a la propuesta de nombramiento de Delgado. El líder del PP, Pablo Casado, considera que su elección “ataca directamente la separación de poderes y el Estado de Derecho”. “Es perder las formas y el pudor al nombrar una persona que ha estado al servicio de los intereses del partido”, ha afirmado en un desayuno informativo.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al Gobierno de utilizar a Delgado como “un mando a distancia para controlar la Justicia”. Este mismo lunes, la formación de extrema derecha ha presentado una querella contra Sánchez, Delgado y los tres abogados del Estado que firmaron el informe de respuesta a la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Junqueras. El portavoz adjunto de Ciudadanos y abogado de Estado, Edmundo Bal, ha calificado el nombramiento como un “caso flagrante de puertas giratorias” y “una absoluta falta de vergüenza” que traspasa “las más mínimas reglas del decoro”.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, ha mantenido que la propuesta es “una manera muy clara de indicar” que el Gobierno quiere tener “sometida” a la Fiscalía. En declaraciones a Onda Cero, su presidenta, Cristina Dexeus, ha asegurado que la noticia le ha causado “estupor”.

Teresa Peramato, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –asociación de la que era miembro Delgado antes de ser ministra de Justicia– ha reconocido que el nombramiento “puede provocar reticencias”. Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que “hay que dar un voto de confianza”, ya que a su juicio Delgado es consciente de que el fiscal general del Estado es una figura “absolutamente independiente durante su mandato”.

La gestión de Segarra

La figura de la hasta ahora fiscal general del Estado también había generado malestar en el Gobierno desde hace meses, pues lejos de considerarla independiente, entendían que defendía que ciertos fiscales actuaran por libre sin la unidad de criterio que fija el estatuto de la carrera fiscal. La institución se rige por el principio de jerarquía: los fiscales deben obedecer a sus jefes directos y en caso de discrepancia, pueden someter la decisión a votación en la junta de fiscales, cuyo resultado no es vinculante.

La apuesta de Segarra ha sido siempre no interferir en las decisiones de sus subordinados, aunque estos tuvieran una interpretación discutible, incluso sesgada hacia posiciones conservadoras, según han lamentado desde el sector progresista de la judicatura, al que pertenece como vocal del Consejo Asesor del Ministerio Público en representación de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La elección de Delgado se interpreta como una apuesta por tener al frente de esta institución a una persona alineada con las tesis del Ejecutivo.

Por ejemplo, el Tribunal Supremo decidió no investigar el máster que Pablo Casado cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, el tribunal al que está aforado, porque así lo decidió la Sala de lo Penal después de que la Fiscalía se opusiera a esta investigación al alegar que no había “dato alguno” que avalara que el líder del PP había obtenido su posgrado de forma fraudulenta.

Sin embargo, dos alumnas del mismo máster de Casado en una situación casi idéntica de favores declararon como investigadas en Plaza de Castilla con el informe favorable de la Fiscalía de Madrid. La Fiscalía General del Estado no intervino en el caso de Casado y el conservador Luis Navajas, el jefe de los fiscales del Supremo, de talante conservador, impuso su criterio.

En cuanto al procés, la postura de la Fiscalía ha sido siempre mucho más dura que la de la Abogacía del Estado como quedó plasmado en la petición de penas y en el informe final del juicio, en el que el fiscal Javier Zaragoza llegó a hablar de “golpe de Estado”. De hecho, Segarra no modificó el escrito de conclusiones que los cuatro fiscales de Sala presentaron al final de la vista.

La Abogacía del Estado, sin embargo, relevó a su letrado en el juicio del 1-O –Edmundo Bal, hoy diputado de Ciudadanos–, que pretendía elevar la acusación contra los dirigentes catalanes a rebelión. El órgano que defiende los intereses del Estado acusó finalmente por sedición a pesar de la intensa campaña de ataques de la derecha. Esa fue la tesis asumida por el Tribunal Supremo en la sentencia.