Balance de los cierres perimetrales: del fiasco en las zonas básicas de salud a su mayor eficacia entre comunidades

El fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo coloca a España en una casilla parecida a la del verano pasado y en la que desaparecen algunas restricciones que llevan meses en vigor. Las primeras son el toque de queda y los cierres perimetrales. Al tratarse de limitaciones al derecho fundamental de movilidad, a partir de ahora tiene que autorizarlas un juez y ya se han dado casos en los que ese criterio legal ha sido dispar.

Con un escenario regional incierto y la vacunación avanzando a buen ritmo –el 70% de los mayores de 60 ha recibido al menos una dosis–, es el momento de hacer balance de las medidas no farmacológicas usadas para contener la COVID-19. Ahora que toca a las comunidades tomar nuevas decisiones y adaptar sus marcos normativos para seguir bajando la incidencia, queda preguntarse: ¿Han servido para algo los cierres perimetrales?

La primera vez que escuchamos hablar de confinamientos, tras el domiciliario de la primera ola, fue a muy pequeña escala. Catalunya y Galicia decretaron en julio pasado el aislamiento de las comarcas de Segrià (Lleida) y A Mariña (Lugo) por varios brotes. Incluso el Gobierno de Castilla La-Mancha confinó un edificio entero de Albacete tras detectar contagios en dos de sus plantas. Cabe señalar que ya entonces la Justicia tumbó el cierre del Segrià. También Baleares, Aragón y Madrid propusieron a la vuelta de verano un confinamiento por barrios que fue duramente criticado en el caso de la última por no ir acompañado de un plan de choque social. Aquel fue el germen del perímetro por zonas básicas de salud (ZBS) que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mantenido hasta ahora y que tanto ha dado que hablar.

Escribe Mónica Zas Marcos.