Las empresas y eléctricas de la Trama Eólica se blindaron ante cualquier investigación con una cláusula de confidencialidad
Las empresas de grandes grupos económicos de Castilla y León y las compañías eléctricas de la Trama Eólica se blindaron con una cláusula de confidencialidad que evitaba 'fugas' en el caso de que hubiese una investigación del tipo que fuese. El inspector Hacienda en Castilla y León que puso la trama al descubierto, lo hizo constar en uno de los informes dirigidos a su superior para ampliar su investigación.
Es el caso de Inverduero, la sociedad creada por la constructora vallisoletana Grupo Collosa y que se alió, además de con Endesa e Iberdrola, con uno de los gigantes en la promoción de parques eólicos, Preneal. En uno de los contratos que firmaron para desarrollar varios proyectos establecieron una cláusula que cerraba cualquier posibilidad de que una de ellas colaborase con la justicia al margen de la otra.
“En el supuesto de que cualquier parte receptora reciba una solicitud para revelar, en virtud de un requerimiento penal, orden, solicitud de investigación civil o procedimiento similar emitido por un tribunal o jurisdicción competente o por un órgano gubernamental o reglamentario, todo o parte de la información contenida en la Información Confidencial” decía el acuerdo, estaban obligadas a “notificar puntualmente a la parte suministradora de la existencia términos y circunstancias de dicha solicitud”. Pero es que además debían consultar “con la parte suministradora sobre la conveniencia de tomar los pasos legalmente disponibles para oponerse o reducir dicha solicitud y si se requiriese revelar información, proporcionar únicamente la parte de información confidencial que, en opinión estricta del asesor de dicha parte receptora, sea legalmente necesario o apropiado a la luz de todas las circunstancias”.
La conclusión es que ambas empresas podían suponer que su operación no era una más, sino que en algún momento podrían estar en el punto de mira de Hacienda o de la Justicia, como finalmente ocurrió.
Preneal e Inverduero, en otras dos de sus operaciones incluyeron una cláusula similar, aunque con penalización económica. “El vendedor no usará ni divulgará, y realizará sus mejores esfuerzos para prevenir el uso, publicación o revelación con cualquier información de carácter secreto o confidencial”, decían los contratos. En concreto, prohibía revelar “cualquier operación de negocio de la sociedad que hubiese llegado a su conocimiento por razón de su posición dentro de la sociedad, o por cualquier fuente en el marco de la presente operación o relativa a los negocios de cualquier persona que mantenga relaciones, tratos o negocios con la sociedad...”. El incumplimiento daba el derecho al comprador a ser indemnizado por el vendedor con 500.000 euros, y no sustituía a una posible indemnización posterior por daños y perjuicios.
En el informe que realizó posteriormente el mismo inspector, y que acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, especificaba que no encontraba motivo económicamente válido para algunas operaciones realizadas por Preneal con algunos grupos económicos de Castilla y León. En concreto se refiere al traspaso de 7 millones de euros realizado por Preneal a Cronos Global, la empresa gestionada por el ex alto cargo de la Junta de Castilla y León, Alberto Esgueva, y el representante de la promotora Urban Proyecta, Germán Martín Giraldo. Tampoco encontró motivos el inspector para que Preneal traspasase 10 millones de euros a Inverduero (Grupo Collosa) y la venta a este mismo grupo de sus acciones en Eólica de Medinaceli SL por 1,3 millones, ya que “en poco más de dos años” esta se canjean por acciones de Eolia Renovables por valor de más de 35 millones.
Durante la inspección que llevó a cabo el inspector el Preneal, el representante de esta sociedad manifestó que el procedimiento de asociarse con empresarios locales era habitual, en otras comunidades e incluso en otros países y que le había supuesto una inversión “de muchos millones de euros”. Además añadió que “en muchas ocasiones”, Preneal era una “víctima del sistema” y requirió al inspector que le diese el tratamiento de tal.
