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OPINIÓN | 'Sadoeconomía', por Antón Losada

CRÓNICA

Elige tu propia aventura: pagar menos impuestos o mejorar los servicios públicos

María Jesús Montero en la sesión de control del miércoles.

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Hace unos meses, todo el mundo daba por hecho que el PSOE no se atrevería a hacer una reforma fiscal completa en esta legislatura, mucho menos en el último año. Subir impuestos es algo que los gobiernos sólo suelen hacer si se ven obligados por la coyuntura económica. No tiene muy buena venta, porque una mayoría de los votantes ya cree que paga demasiado, lo que no impide que piense que el Estado debería aumentar el gasto público.

La pregunta 'de dónde saldría el dinero' se considera de mala educación. Si se la haces a un político de la oposición, te mira extrañado y te dice que desde luego hay margen para conseguirlo con algunos recortes mientras te da ejemplos con los que no se recaudaría más que calderilla.

María Jesús Montero dio la sorpresa el miércoles en el Congreso. A preguntas de los periodistas, la ministra de Hacienda mencionó hasta en tres ocasiones las palabras 'grandes fortunas'. “Lo hemos hecho con las energéticas, lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorándolo también con las grandes fortunas”, dijo. Explorar no es sinónimo de aprobar, pero es más que torcer el gesto si te preguntan por el tema.

Hay pocas cosas peores en política que crear expectativas que luego no se cumplen. Montero ha elevado el listón sobre un asunto en el que Unidas Podemos lleva tiempo pidiendo medidas más ambiciosas. Hubo un tiempo –no hace mucho, en junio– en que el socio de los socialistas reclamaba un impuesto especial a las eléctricas y el PSOE no terminaba de estar muy convencido. Hasta que el impuesto se hizo realidad y pasó a ser defendido con intensidad por Pedro Sánchez. Hay que preguntarse si puede ocurrir lo mismo con el incremento fiscal a las rentas más altas.

Frente al argumento de que paguen más los que más tienen, el Partido Popular también cree contar con una baza ganadora: que todos paguen menos. ¿Sube el precio de la luz? Menos impuestos. ¿Sube el precio de los alimentos? Menos impuestos. ¿Cómo se financiarían entonces los servicios públicos? Menos impuestos, porque se recaudará más bajando la presión fiscal.

La primera ministra británica, Liz Truss, vende el descenso de impuestos como un remedio milagroso, al igual que hace el PP en España. ¿Optimismo o engaño? Kenneth Clarke, exministro de Hacienda y diputado conservador durante 49 años, tiene ideas claras al respecto.

“La idea simplista de que los recortes fiscales producirán automáticamente crecimiento es una tontería”, ha dicho Clarke. “Todos lo harían si eso funcionara. Hay un ligero toque del estilo de los gobiernos argentino y venezolano en ello. Este no es el momento para los recortes fiscales porque hemos incurrido en un enorme gasto público, que yo apoyé, para conjurar los peores efectos del Covid, lo que llevó a una enorme deuda pública. Los recortes fiscales estimularán el crecimiento de la demanda, pero los problemas residen en las dificultades que existen en la oferta, por lo que presionarán al alza a la inflación”.

Tiene su ironía que un veterano tory diga que el festival de los impuestos bajos al que se ha apuntado la derecha le huele a remedio bolivariano o populista. Máxima gratificación a cambio de mínimo esfuerzo.

Liz Truss afirma que los recortes fiscales se pagarán a sí mismos y que las grandes ayudas públicas a la gente para sobrellevar el aumento de los precios de la energía se financiarán con más deuda. El Instituto de Estudios Fiscales –un 'think tank' independiente y citado por todos en Reino Unido– afirma en un informe que la idea de Truss “de que los recortes de impuestos ofrecerán un impulso sostenido al crecimiento es, como mucho, una apuesta”. El dinero que tendrá que pedir prestado el Estado llegará a los 100.000 millones de libras, más del doble de las previsiones oficiales hechas en marzo en la presentación del último presupuesto.

El PP se ha puesto manos a la obra allí donde gobierna, como Andalucía. El objetivo es el Impuesto sobre el Patrimonio. Según los datos de 2020 de toda España, los últimos de la Agencia Tributaria, lo pagaron 189.613 contribuyentes –un 0,4%– con un patrimonio medio de 3,5 millones de euros. Aquellos a los que suelen llamar los ricos. No dejaron de serlo después de pagar: la cuota media fue de 6.348 euros. El total de recaudación, 1.200 millones.

En estos tiempos de inflación disparada y la energía en precios de récord, ¿cómo no preocuparse por las personas que disfrutan de un patrimonio de 3,5 millones?

El Gobierno andaluz se ha subido con decisión a la senda que abrió Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid. La carrera fiscal entre comunidades se ha abierto sin que nadie disimule. No lo hacía Ayuso y tampoco lo hace Juanma Moreno. El presidente andaluz llegó a plantear abiertamente que su objetivo es robar contribuyentes a otras regiones: “Les digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra”. Luego el PP se extraña de haber perdido tantos votos en Catalunya.

Moreno se fue a Madrid a presentar la supresión del impuesto. No lo podía hacer en Sevilla. Hay días en que parece que algunos dirigentes del PP no han descartado la hipótesis de que Alberto Núñez Feijóo pierda las próximas elecciones. En el caso de que Feijóo piense que la broma de abandonar Galicia le ha salido muy cara, ya sabemos que Moreno no permitirá que se piense que Díaz Ayuso es la heredera natural.

Esas regiones de Madrid y Andalucía gobernadas por el PP ostentan los últimos puestos en el gasto público sanitario per cápita. Ese es el argumento que tiene a mano la izquierda. Mónica García, de Más Madrid, ha recordado que esas bajadas fiscales benefician a los que más tienen, no a todos: “A ti te va a aumentar los días de espera para ver al médico y la ratio en las aulas”.

Cuando un Gobierno ve colmadas sus necesidades financieras, es legítimo que piense que quizá no necesite extraer más recursos de los contribuyentes. El problema es que esas mismas comunidades autónomas tan generosas no dejan de quejarse de que el modelo de financiación autonómica no les aporta los fondos necesarios. Lo mismo, si se produce algún tipo de emergencia económica, de las que ha habido varias en los dos últimos años. Quieren que otros financien sus promesas fiscales.

Ese mismo Gobierno andaluz al que le sobran algunos impuestos ha solicitado esta semana ayudas extraordinarias con el objetivo de paliar los daños de la sequía. Ese dinero puede salir de Bruselas o de España, pero aparentemente no vale con lo que tiene en sus fondos propios. Es un ejemplo entre muchos de cómo las comunidades se han acostumbrado a decir que si las cosas van bien, es gracias a ellos, y si van mal, es culpa de Madrid. Y no están pensando en Ayuso, sino en el Gobierno central.

La encuesta del CIS de agosto ofrece algunas perlas sobre impuestos que ya han aparecido en sondeos de años anteriores. Se pregunta a la gente si cree que se dedican los fondos necesarios a una serie de servicios públicos. Un 71,7% dice que se emplean pocos en sanidad; un 57,1%, en educación; un 66,3%, en vivienda; un 55,2%, en pensiones y un 85,2%, en ciencia. Varias de esas partidas son gigantescas en los Presupuestos.

¿De dónde tiene que salir del dinero? Sólo el 9% afirma que los españoles pagan pocos impuestos (el 41% dice que son muchos y el 46,5%, que “regular”, es decir, que no lo tiene claro). El 55,7% piensa que la sociedad se beneficia poco o nada de los impuestos. Habría que preguntarles cómo creen que se financian esos servicios públicos que ellos creen que deberían contar con más dinero. Esos hospitales no se han financiado con dinero del Monopoly.

El balance de esa encuesta es un poco confuso, porque a fin de cuentas a todo el mundo y en todos los países le cuesta pagar impuestos. O cree que rascando algunos euros de partidas que a él no le interesan, y suelen ser muy pocas, se va a poder financiar los departamentos que requieren cantidades inmensas, como sanidad, educación y pensiones.

Los partidos que dejen claro y cristalino a la opinión pública dónde está la prioridad (pagar menos impuestos o contar con mejores servicios públicos) gozarán de una cierta ventaja en este debate, en especial cuando se acerque la campaña electoral. El optimismo no está garantizado. No descartemos que en algunas autonomías algunos opten por el 'sálvese quien pueda' y que hasta les vaya bien en las urnas.

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