Esperanza Aguirre comparece ante el juez acusada de ser la X de la financiación irregular del PP madrileño

Después de seis años de instrucción y tras haber escuchado a sesenta testigos e imputados en el último mes y medio, el juez del caso Púnica y las fiscales del caso interrogarán este viernes a Esperanza Aguirre. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón reservó a la expresidenta el último lugar de esta ronda de declaraciones quizá consciente de que su futuro judicial está en manos de los que fueron sus estrechos colaboradores cuando estaba al frente del Ejecutivo regional. Sus dos principales escuderos en el Gobierno y en el partido, Ignacio González y Francisco Granados, están siendo investigados en esta trama acusados también de graves delitos.

Este jueves fue el turno de Ignacio González, que ante el juez García Castellón protegió a la que fuera su jefa y descargó toda la responsabilidad sobre el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. A pesar de las altas responsabilidades que ocupó en la década larga en la que estuvo en la primera línea política en la Comunidad de Madrid, aseguró no tener conocimiento de los aspectos económicos ni de las adjudicaciones del Gobierno regional ni de las campañas electorales del PP madrileño. Tras la desmemoria del que fuera su número dos, es una incógnita si Aguirre también hará gala este viernes ante el juez de su habitual locuacidad.

El sumario del caso Púnica la sitúa indiciariamente al frente de la trama de financiación irregular del PP madrileño y de los cuatro mecanismos utilizados para inyectar al partido fondos ajenos al circuito legal: las partidas de publicidad de las consejerías para lo que se llegó incluso a cambiar la ley, los contratos del departamento de Transportes y Presidencia de Francisco Granados, las subvenciones a Fundescam y las licitaciones de las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II pilotadas por Ignacio González. Ese dinero habría servido al PP regional para ir dopado a las autonómicas de 2007 y 2011, en las que arrasó con mayoría absoluta. El mismo modus operandi se reproduciría a nivel local en las generales de 2008.

El juez García Castellón describió el presunto rol de Aguirre como jefa de la trama en el auto del pasado 2 de septiembre en el que decretó su imputación. “Desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del PP de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”, señala el magistrado.

Los investigadores sospechan, por tanto, que ella fue la líder de un plan para financiar con fondos públicos campañas electorales que tuvo como “ejecutores” a sus principales colaboradores en sus diferentes gobiernos y en el PP regional: Ignacio González y Francisco Granados. Y también al exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, que este lunes la situó ante el juez en la reunión de 2004 en la que se habrían dado instrucciones para favorecer a un empresario vinculado al partido.

Como ella, los tres están imputados en esta causa, en la que se investigan supuestos delitos de malversación, falsedad documental y electoral, prevaricación, blanqueo, tráfico de influencias, revelación de informaciones privilegiadas, apropiación indebida y organización criminal.

Casi seis años después de la detención de Francisco Granados como supuesto cerebro de la trama Púnica, el citado auto del pasado 2 de septiembre señala por primera vez directamente a la que fuera su jefa y la persona que le dio todo el poder en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, la expresidenta regional había logrado salir airosa de otros graves escándalos de corrupción que habían salpicado con diferente intensidad a muchos de sus antiguos colaboradores y altos cargos.

De hecho, la expresidenta regional puso fin a 34 años de vida institucional el 24 de abril de 2017, sólo dos días después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenara el ingreso en prisión en el marco del caso Lezo del que fue su vicepresidente en los nueve años en los que dirigió la Comunidad de Madrid, Ignacio González. “Me siento engañada y traicionada y por eso dimito”, dijo entonces.

Antes que Lezo y Púnica, la sombra de la corrupción rozó a Aguirre con la trama Gürtel, que estalló en 2009. La Fiscalía Anticorrupción cuantificó en dos millones de euros el valor de las facturas que Special Events, una de las empresas del cabecilla de la red Francisco Correa, había falsificado para el PP de Madrid en 2003 y 2004 a través de Fundescam, la misma fundación sobre la que hay sospechas de desvío de fondos públicos en campañas electorales posteriores. Anticorrupción dio por cierto que el PP había incurrido en falsedad documental y delito electoral, pero los hechos no llegaron a ser juzgados por estar prescritos.

Aguirre siempre ha presumido de que fue ella quien destapó esta trama al paralizar la venta de unas parcelas en Majadahonda (Madrid) a empresas de Correa. En el juicio sobre la primera época de Gürtel, la trama que se expandió por la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2005 con gobiernos autonómicos del PP, fue citada únicamente como testigo. Y aunque algunos empresarios de la red la nombraron dándole un papel protagonista en la organización de los actos investigados, nunca la implicaron directamente en las prácticas irregulares. Además, los que fueran sus colaboradores más estrechos o no la nombraron o lo hicieron para exculparla.

Durante todos los años de escándalos asociados a sus gobiernos, Aguirre siempre se ha desvinculado de las prácticas corruptas que la justicia ha atribuido a sus colaboradores asegurando que se trataba de casos aislados. “Como mi carrera política es larguísima, 33 años, y al haber nombrado a 500 altos cargos dos me han salido rana, el señor Granados, que ya sabe usted donde está [en aquel momento encarcelado en la prisión madrileña de Estremera] y Alberto López Viejo, que no está porque no se ha abierto juicio oral”, dijo en febrero de 2016 cuando compareció en una comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Este viernes declarará por primera vez como imputada en un caso de corrupción.