Exdiputados de PP, PSOE, UCD, UPyD y Ciudadanos entregan a Armengol un escrito contra el uso de euskera, catalán y gallego en el Congreso

Más de 60 exparlamentarios han presentado este viernes un escrito contra la reforma del reglamento para que en el Congreso se puedan hablar las lenguas oficiales. Se quejan de que a partir de ahora los diputados tendrán que usar “pinganillos” para entenderse. Algunos de los firmantes pertenecieron a partidos ya extintos como la Unión de Centro de Democrática o el Centro Democrático Social de Adolfo Suárez. También figuran en la lista miembros del Partido Popular, de Ciudadanos, Unión, Progreso y Democracia y alguno del Partido Socialista. Todos ellos creen que la reforma va contra la Constitución y alertan de que se está negando la condición del castellano como lengua común.

Los exparlamentarios han entregado un escrito esta mañana en la secretaría de la Presidencia del Congreso para pedirle a Francina Armengol que detenga la reforma del reglamento que se debatirá la semana que viene en la Cámara Baja para que el catalán, el euskera y el gallego puedan hablarse en todos los ámbitos de la sede parlamentaria. Los diputados también podrán hablar en bable o aragonés, aunque en ese caso deberán autotraducirse.

“La verdadera intención de sus promotores es negar la condición del castellano como lengua común de los españoles. Los diputados tendrían que utilizar el casco o el pinganillo para entenderse entre ellos. Esa sería la nueva imagen de la Cámara, alejando la política de la vida normal de los españoles. Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español”, protestan en la carta.

“Queremos expresar nuestro más firme rechazo a una reforma del Reglamento que contradice la Constitución, no se adecua a nuestra realidad lingüística y no es razonable. España es una comunidad lingüística con una lengua común (el castellano o español) y con una variedad de lenguas habladas en unas determinadas partes de esa comunidad. Esta y no otra es la incontestable realidad lingüística de España”, prosigue el escrito.

En la lista de firmantes predominan los nombres del Partido Popular. Hay exministros como María Dolores de Cospedal, Miguel Arias Cañete, José Antonio Wert o Rafael Catalá. También está Rosa Díez o la exdiputada socialista que después fue a las listas del Parlamento Europeo con Ciudadanos Soraya Rodríguez. Hay algunas figuras del Partido Socialista habituales en sus posiciones discordantes como la actual dirección, como Tomás Gómez o los ya expulsados Joaquín Leguina y Nicolás Redondo.

La reforma del reglamento para permitir expresamente que se puedan hablar las lenguas oficiales fue uno de los compromisos que expresó Armengol en su primer discurso como presidenta. El compromiso formaba parte del acuerdo al que llegó el PSOE con Esquerra Republicana y Junts para garantizarse una mayoría progresista en la Mesa del Congreso.

PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacionalista Galego registraron la semana pasada de manera conjunta una proposición de ley para reformar el reglamento en este sentido. Todos los firmantes solicitaron que la iniciativa se tramite de manera directa y por lectura única con el fin de que la iniciativa pudiera estar aprobada antes de la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, prevista para la última semana de septiembre.

La Mesa del Congreso admitió a trámite esta proposición el miércoles, por lo que la semana que viene quedará aprobada previsiblemente en dos plenos en los que gracias a un acuerdo de esa mayoría progresista ya se podrá hablar en las lenguas oficiales con sistemas de traducción e interpretación disponibles. “Quiere llevarse a cabo, además, de manera escandalosamente precipitada y con el quebranto de una regla de oro del parlamentarismo demoliberal: que las modificaciones del Reglamento, al ser las normas que establecen las reglas de juego de la institución, han de contar con un amplio acuerdo de los grupos parlamentarios, como siempre ha sucedido”, se quejan.

La reforma va a contar con los apoyos necesarios para que sea aprobada: 178 escaños, dos más que los que fija la mayoría absoluta. Aún así, los que rubrican el texto insisten: “La pretensión de que la mitad de la Cámara imponga una reforma de tal calado es un trágala inaceptable, una verdadera ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático”. De acuerdo con los trámites parlamentarios que marca la ley una reforma del reglamento se debe de hacer con una mayoría absoluta, tal y como se va a aprobar la semana que viene.