El fin tardío de una “anomalía”

El traslado de los restos del dictador Francisco Franco (1892-1975) fuera del Valle de los Caídos supone el fin de una etapa controvertida de la historia reciente de España y, aunque tarde, también el de una rareza del sistema democrático, aseguran especialistas consultados por EFE. A primeros de la semana próxima, previsiblemente, Franco será exhumado y trasladado a un panteón de propiedad estatal en un cementerio de las afueras de Madrid -donde ya estaba su esposa- por una decisión del gobierno socialista español, avalada por el Tribunal Supremo y basada en una reforma de 2018 de la ley de memoria histórica. Esto significa “el final muy tardío de una anomalía histórica clarísima para una democracia europea, esa es la cuestión central”, sintetiza el historiador Ismael Saz, de la Universidad española de Valencia (UV). “Es el único dictador que tenía un monumento, un edificio, un gran homenaje en una democracia durante 40 años”, argumenta. Llevarlo fuera “se tenía que haber hecho antes”, confirma el profesor de Historia Contemporánea Gutmaro Gómez Bravo, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Significa “el fin de una etapa, de su simbología, y la aplicación de las políticas públicas de memoria, historia y normalización (...) Todos los países europeos que han tenido dictadura han aplicado estas políticas antes”, explica este especialista en franquismo.

FRANCO Y EL VALLE

El general Franco, vencedor de la Guerra Civil (1936-1939), gobernó España hasta que murió, el 20 de noviembre de 1975. El día 23 recibió sepultura con los honores de jefe del Estado en la basílica de la abadía del Valle de los Caídos, un gran complejo monumental que el dictador mandó construir al noroeste de Madrid para honrar a los muertos del bando vencedor. Un año y medio más tarde, el 15 de junio de 1977, España celebró las primeras elecciones democráticas. Pero allí también fueron enterrados miles de fallecidos del bando republicano, perdedores del conflicto, sin la autorización de sus familiares. Y pasados 44 años de la muerte de Franco, España asiste todavía a debates, a veces muy polarizados, sobre si debía seguir en un recinto de Estado como el Valle de los Caídos, y cuál es el sentido de este monumento -el más simbólico de la dictadura- en una democracia.

VALOR HISTÓRICO, VALOR POLÍTICO

El traslado del dictador “sella la transición democrática en un lugar emblemático, de clara significación franquista y nacional-católica”, opina Carlos García de Andoin, que fue secretario de la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos. Este órgano recomendó en 2011 la exhumación de Franco, único de los casi 34.000 enterrados allí que no murió en la guerra. Esto abre la oportunidad, explica García de Andoin, de “replantearlo como un lugar de memoria colectiva, no de parte, sino del conjunto de los españoles”, y la oportunidad de cerrar la reconciliación política que supuso la transición a la democracia. Según el investigador Gómez Bravo, se trata de algo “trascendente” en términos históricos, pues podría decirse que “se completa una etapa” o que las reminiscencias o rasgos que había mantenido el franquismo en la transición quedan “diluidos”. Piensa que se podría haber hecho antes, pero matiza. “Quizás, en la primera etapa de la democracia había cierto miedo a tocar un tema muy sensible en determinados sectores”, en alusión al Ejército y otros poderes influidos aún por el franquismo. Y la decisión de trasladarlo “realmente tiene un empuje político -agrega Gómez Bravo-, se va a rentabilizar políticamente, y eso puede tener también consecuencias negativas para que sea un monumento no solo conmemorativo, sino que pueda servir para explicar la Historia”. Este profesor de la UCM piensa que no se puede dejar el Valle como lugar que “exalta” la dictadura o solo a los vencedores de la Guerra Civil, sino que hay que actualizarlo como un “buen sitio para explicar la Historia” y como “centro de investigación”. También se ha de resolver, subraya, el problema de quienes no quieren que sus familiares muertos permanezcan allí. No consta documentalmente que Franco quisiera su tumba en el Valle, pero “obedece a toda lógica del franquismo y los franquistas” que así fuera, según Ismael Saz, catedrático de Historia Contemporánea de la UV y autor de varios libros sobre la dictadura. El significado histórico consiste en que, hasta ahora, una democracia europea, la española, se ha permitido tener el mayor monumento “de memoria histórica antidemocrática”, precisa este otro historiador. Entonces, ¿por qué se tardó tanto en trasladarlo? “Es un problema de cobardía de las fuerzas políticas que han tenido capacidad para que esa medida se tomase mucho antes -responde Saz-. Esto demuestra que hay una debilidad en término de conciencia democrática”. Pero sacarlo del Valle no basta, advierte, se trata de “resignificar” el lugar. “Como ya se han pronunciado muchos expertos, hay que darle la vuelta en términos de memoria”, apostilla el experto.

¿UTILIZACIÓN PARTIDISTA?

La exhumación de Franco no está exenta de polémica, con acusaciones de electoralismo al gobernante socialista Pedro Sánchez a pocas semanas de unos nuevos comicios parlamentarios en España. Puede ser que un partido determinado, un gobierno o un movimiento de izquierdas incida en eso y que, lógicamente, tenga “unas implicaciones políticas”, reconoce Saz. “Pero lo fundamental -precisa- es que la ley de memoria histórica (aprobada en 2007 y reformada en 2018) es absolutamente necesaria, plenamente europea, obligada en un país civilizado y democrático” para afrontar y “condenar” el pasado dictatorial. Por su parte, Gómez Bravo piensa que, probablemente, la memoria histórica sobre el franquismo no se utiliza políticamente de manera consciente, “pero da pie a un debate que acaba llevando exclusivamente a posiciones políticas”, donde la Historia queda “diluida”. Ambos coinciden en que América Latina, que también ha sufrido regímenes militares, mira atentamente lo que España hace con la tumba de Franco, el Valle de los Caídos y las políticas de memoria.

Jesús Lozano