Gallardón y Aguirre dieron 4,6 millones de euros a Ausbanc en la Comunidad de Madrid
La asociación Ausbanc, cuyo principal responsable Luis Pineda se encuentra en prisión preventiva desde hace casi un año por la extorsión que esta organización de usuarios de banca presuntamente realizó a diversas entidades financieras y empresas, recibió un total de 4.803.193,66 euros en subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid que fueron ingresados desde 2001 y hasta 2011 en las cuentas de la entidad.
Así concluye un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido entregado esta misma semana al instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Se da la circunstancia de que las primeras subvenciones se concedieron siendo aún directora general de Consumo María Teresa Cuadrado, esposa de Pineda y también investigada en esta causa.
Las subvenciones analizadas por la policía en un minucioso informe de 49 páginas se refieren a tres conceptos diferentes: Ayudas para los Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL), Subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y las correspondientes a la Orientación Profesional para el Empleo y de Asistencia para el Autoempleo (OPEA). Según este informe, la cuantía correspondiente a la parte subvencionada por el Fondo Social Europeo alcanza los 796.389,64 euros desde el año 2002.
Igualmente, el informe detalla que si inicialmente le fueron concedidos a Ausbanc 5,3 millones, la cuantía efectivamente transferida según han podido comprobar los investigadores fue de 4.8 millones, de los cuales 477.439,39 euros correspondieron a ayudas CAIL, algo más de un millón a la contratación de desempleados y el resto, más de 3,3 millones de euros fueron para las ayudas al autoempleo del plan OPEA.
Este último informe aportado a la causa viene a completar otros anteriores que analizaron el procedimiento de adjudicación de estas ayudas y expone las diferentes convocatorias y convenios en las que tanto Ausbanc Consumo como Ausbanc empresas figuraban como beneficiarios de ayudas y subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid.
Subvenciones “gancho”
La Policía también apunta en su informe que Ausbanc utilizaba la concesión de subvenciones CAIL como medio para obtener otras ayudas que suponían una mayor cuantía, como eran las OPEA.
En lo que concierne al CAIL, los investigadores concluyen que por parte del Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid se han realizado actividades de control y de justificación de los gastos realizados por Ausbanc, y que se requirieron asimismo informes de cotización de los trabajadores por parte de la Seguridad Social. “Igualmente se han detectado funciones de control y seguimiento para las restantes subvenciones” analizadas, según detallan.
Parte del dinero del CAIL, sin embargo, acabó pagando el alquiler a la empresa Estructuras y Servicios Inmobiliarios S.L. por un total de 14.568,52 euros y la inserción de publicidad en el periódico de la asociación Mercado de Dinero por otros 14.616 euros.
Según confirma el informe, las subvenciones de mayor cuantía fueron las otorgadas por la Consejería de Empleo y Mujer para desarrollar “acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo”, denominadas OPEA, con fondos de la Unión Europea. Ausbanc las recibió durante once años, entre 2001 y 2011.
Según los análisis realizados en algunos ejercicios como 2004 recibieron estos fondos sesenta y cinco entidades y Ausbanc ocupó el número siete entre las más subvencionadas.
El juez Pedraz investiga si Ausbanc podría haber hinchado su número real de socios para lograr acceder a subvenciones y así lo ha señalado en uno de los autos dictados en el marco de esta causa, donde subraya que Ausbanc no llegaría al número de asociados exigido en alguna convocatoria.
La investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional también ha advertido que prácticamente en todas las subvenciones analizadas se exigía como condición ineludible el no tener ánimo de lucro en sus actividades lo que no se cumplía ya que todos los miembros de los órganos de administración de estas asociaciones investigadas perciben retribuciones, tanto de éstas como de otras de las empresas asociadas en el entramado financiero creado por Pineda.
