Gallardón se defiende del primer pelotazo del Canal a punto de que Fiscalía decida sobre su imputación
Alberto Ruiz-Gallardón rompe su silencio este viernes para defenderse de las acusaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción sobre su presunto papel en la corrupción de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II. El expresidente de la Comunidad de Madrid comparece ante la comisión sobre corrupción del parlamento autonómico mientras la nueva fiscal del caso Lezo, Ana Cuenca, ultima sus conclusiones sobre el papel jugado por Alberto Ruiz-Gallardón en la expansión por Latinoamérica de la empresa de agua pública madrileña al comprar una filial en Colombia en 2001.
La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones, hace sospechar a los investigadores que se produjeron unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación. En sus sospechas acerca del “supuesto desvío de fondos públicos” abunda que se utilizara una sociedad radicada en un “paraíso fiscal”, según los términos utilizados por Anticorrupción en la querella que dio origen al caso Lezo.
El expresidente madrileño negó el pasado noviembre, en una entrevista a El Mundo, las acusaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de la Fiscalía Anticorrupción y de las unidades adscritas a ésta de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Tributaria (AEAT). El 27 de mayo anterior, eldiario.es había revelado que la Audiencia Nacional investigaba el patrimonio del político ya retirado de acuerdo a los indicios presentados al juez Eloy Velasco por los organismos antes citados.
La comparecencia de Gallardón se produce en un momento clave para la causa judicial. A principios del pasado mes de noviembre, el fiscal Carlos Yáñez decidió regresar a su plaza en Granada y dejar Anticorrupción. Días después cambió de opinión, solicitó continuar y presentó un informe de 106 páginas al jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón. En él exponía conclusiones sobre la investigación y proponía, entre otras medidas, solicitar al juez que se citara a declarar a Gallardón en calidad de investigado, la actual denominación para los imputados.
Firmada ya la baja voluntaria de Yáñez por el fiscal general del Estado José Manuel Maza, Luzón decidió que fuera la elegida como sustituta en el caso quien se pronunciara sobre las diligencias pendientes. La fiscal Cuenca comenzó a estudiar la causa completa y, según fuentes jurídicas, está previsto que en los próximos días traslade al fiscal jefe con sus conclusiones sobre si debe pedirse la citación de Gallardón o su posición sobre la posible implicación de Esperanza Aguirre en el pelotazo del campo de golf del Canal y si ésta estuviera o no prescrita.
El 28 de noviembre de 2016, a punto de cumplirse quince años del acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se aprobó la compra de Inassa, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez una resolución que interrumpiera el plazo de prescripción de los posibles delitos. Los destinatarios eran Ruiz-Gallardón y el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y el de Canal Extensia e Inassa, así como “aquellas autoridades o funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, informaron o auditaron la operación sin reparo alguno”.
De este modo, Anticorrupción se reservaba la posibilidad de solicitar la imputación de Gallardón y otros miembros de su equipo de Gobierno cuando los tiempos de la instrucción lo aconsejen.
La Fiscalía cree que Ignacio González, el principal objetivo de la Operación Lezo, selló un “pacto de silencio” con Gallardón. Los investigadores creen que González reprodujo en 2013 el pelotazo del Canal en Colombia en 2001 con una empresa brasileña.
Cifuentes entrega la documentación
Ruiz-Gallardón aceptó declarar ante la comisión de corrupción de la Asamblea, siempre que la Comunidad de Madrid le facilitara la documentación sobre los acuerdos adoptados en su momento para la compra de Inassa. Fuentes del Ejecutivo autonómico confirmaron este jueves a eldiario.es que la documentación se le ha remitido completa al expresidente madrileño.
El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo 3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial (Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios”.
La compra de las acciones de Inassa a través de una sociedad radicada en Panamá se acordó “a solicitud” del consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja; “a propuesta” del Consejero de Hacienda, Juan Bravo; y previa “deliberación” del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las firmas estampadas son del consejero de Hacienda y del presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, según recoge el informe de la Guardia Civil de abril de 2016. Mayor Oreja afirma que él ya no era consejero cuando se aprobó la compra de Inassa, al haber sido sustituido por Pedro Calvo.
Este lunes, precederán a Gallardón en su declaración el exconsejero Bravo; el antiguo gerente del Canal Pedro Calvo y Francisco Olmos, quien fuera representante de Agbar en Inassa. Este último abrirá las comparecencias a las 9 de la mañana.
Con un paraíso fiscal
Los investigadores sospechan de la elección de Panamá como país para la operación de compra. “El uso instrumental de sociedades erradicadas (sic) en un paraíso fiscal sólo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra”, afirma la querella de Anticorrupción.
Una parte importante de la Operación Lezo se apoya en las conversaciones intervenidas a los principales imputados. En ellas también se habla del pelotazo en la época de Alberto Ruiz-Gallardón. El 21 de julio de 2016, agentes de la UCO se sentaron cerca del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino en la cafetería del hotel Villamagna. Frente al presunto testaferro de Ignacio González, fotografiaron a un hombre en silla de ruedas, el empresario colombiano José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. En el encuentro, Rodríguez Sobrino se ofreció a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.
“¿Cuánto le entraba al Canal?”, pregunta en un momento el empresario colombiano. Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: “A Canal le han entrao, te digo la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao” (…) “A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces 95… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10”.
Otro de los indicios contra Gallardón fue obtenido por la UCO el 11 de noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.
En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de Ruiz-Gallardón. “Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II”, relata González.
