El Gobierno estudia vulneraciones de la ley de memoria por el 20N en Madrid, Alicante y La Rioja

Madrid, Alicante y La Rioja son las delegaciones del Gobierno que han enviado información al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre actos que pudieron vulnerar la nueva ley de memoria con motivo del 20N, el último aniversario del fallecimiento de Franco. A la vista de las manifestaciones en las que se profirieron cánticos y gritos de exaltación al dictador en la capital, Moncloa dio la orden a las representaciones territoriales del Ejecutivo de poner en su conocimiento, a través de vídeos o atestados, hechos que pudieran suponer infracciones de la norma impulsada por el departamento que dirige Félix Bolaños y que entró en vigor el pasado mes de octubre. Una vez recopilada la información, el ministerio tiene que designar un instructor que la analice y determine si corresponde imponer sanciones administrativas, que pueden alcanzar los 150.000 euros.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha enviado la documentación requerida sobre dos convocatorias que fueron autorizadas y en las que se homenajeó a Francisco Franco en el aniversario de su muerte. Una de ellas es la que comenzó el 19 de noviembre por la noche recorriendo céntricas calles de Madrid hasta llegar a la plaza de Moncloa a instancias de la Falange para iniciar posteriormente el camino hasta el Valle de los Caídos en la denominada 'Marcha de la Corona'.

La otra fue la concentración en la plaza de Oriente en la mañana del 20 de noviembre convocada por el Movimiento Católico Español en la que se vieron banderas preconstitucionales y brazos en altos y se escucharon 'vivas a Franco' y el 'cara al sol'.

La Delegación del Gobierno ha enviado al ministerio material gráfico de esas manifestaciones así como los correspondientes informes de la Policía y la Guardia Civil y las resoluciones en las que se autorizaban las celebraciones con la advertencia de que si se advertían “hechos constitutivos de delitos” se pondrían en conocimiento de Fiscalía.

En el caso de Alicante, la información ha llegado más tarde, según fuentes gubernamentales. Los hechos que la Delegación del Gobierno ha puesto en conocimiento del departamento de Bolaños tienen que ver con el homenaje a José Antonio Primo de Rivera que se celebró el 26 de noviembre en el que una treintena de falangistas fue en comitiva desde la antigua prisión en la que estuvo encarcelado hasta el cementerio en el que fue inicialmente enterrado. La Policía identificó a los participantes que cantaron el 'cara el sol' ante la fosa común, iban uniformados y ataviados con simbología fascista. La intención de la subdelegación del Gobierno es sancionar a esas personas en base a la nueva ley, pero están a la espera del visto bueno de Presidencia, según fuentes del organismo.

El acto fue inicialmente prohibido por la subdelegación del Gobierno en Alicante a tenor de un informe de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional que advertía de posibles alteraciones del orden público a consecuencia de la marcha. También alegaba que el lugar donde finalizaba la convocatoria estaba cerca de las fosas comunes de víctimas del franquismo en proceso de exhumación y en el que que el pasado anterior, tras un homenaje similar, la placa en homenaje a las víctimas de los bombardeos franquistas había aparecido destrozada. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia valenciano revirtió esa decisión al entender que no estaba suficientemente motivada y que debía prevalecer el derecho fundamental a la reunión y la manifestación.

La Delegación del Gobierno en La Rioja remitió al ministerio una fotografía de dos carteles de Primo de Rivera que aparecieron en Logroño el 20 de noviembre para que determine si existe alguna vulneración de la ley de memoria democrática. El envío se produjo a raíz de la orden que dio Moncloa a las representaciones autonómicas del Gobierno de notificar posibles vulneraciones de esa norma.

La Ley de Memoria Democrática recoge una serie de quebrantamientos así como un régimen sancionador. En este caso, el artículo que aplica es el número 62, que en su quinto apartado define como infracción muy grave “las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”. La horquilla de multas para ese tipo de conductas va de los 10.001 euros a los 150.000.

Ahora le corresponderá a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática determinar si los hechos relatados por las delegaciones del Gobierno conllevan una sanción administrativa. Para ello, el siguiente paso es la designación de un instructor para los casos que, según fuentes del ministerio, será nombrado en un breve plazo de tiempo.