La Guardia Civil se escuda en el “secreto oficial” para no colaborar en la investigación al brigada que fue grabado

La Guardia Civil ha contestado a la Audiencia Nacional que no puede revelar los nombres de pila de algunos miembros del Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid porque es materia clasificada como secreta. El juez Santiago Pedraz había pedido aclarar si los agentes a los que alude un brigada de ese equipo en una grabación –en el transcurso de la cual reconoce que cometen delitos durante las investigaciones– existen realmente y son sus compañeros.

Pedraz atendía así a la petición de los abogados de unos presuntos narcotraficantes investigados por la Guardia Civil, los mismos que aportaron la grabación en la que Sergio B. confiesa a una mujer que su equipo coloca dispositivos de seguimiento sin autorización judicial, entre otras ilegalidades. 

El brigada declaró ante el juez que lo que dice en esa grabación constituía parte del artificio para infiltrarse en la organización, a la que pertenecería la mujer, según él. Los abogados razonaban que si así fuera no habría utilizado los nombres de pila reales de sus compañeros durante sus citas con ella y por eso pidieron al juez que se comprobara si en el Equipo de Delitos Económicos estaban destinados agentes que se llamaran “José, José Antonio o Raúl”, para lo que se adjuntaba cinco números de Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) que pudieran coincidir. La grabación concluye con el brigada y la mujer pagando una habitación de hotel. 

La Guardia Civil responde que “el inmediato cumplimiento de lo solicitado [por el juez] podría causar un perjuicio irreparable para la seguridad personal de los agentes destinados a la lucha contra el crimen organizado”. Esa identificación entre TIP y nombre de pila en documento que debería ser remitido al juzgado, añade el instituto armado, responde a la materia que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014 otorgan la “clasificación de secreto”.

El juez tomó declaración al brigada como investigado por un delito cometido por funcionario público en el marco de la causa citada por narcotráfico y blanqueo de capitales. Se da la circunstancia que ese mismo Equipo de Delitos Económicos es el autor de los atestados repletos de bulos y tergiversaciones con los que los agentes intentaron responsabilizar al Gobierno de la expansión de la COVID-19, al haber autorizado la marcha feminista del 8 de marzo de 2020.

“Los agentes están en riesgo”

El encargado de responder la petición del juez Pedraz es el capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en la Comandancia de Madrid. El mando asegura que si la Ley de Secretos y el Acuerdo del Consejo consideran secreta “la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha contra la delincuencia organizada”, responder a la petición del magistrado sobre los nombres de pila de los agentes “podría vulnerar la citada legislación en materia de secretos oficiales” y “suponer una situación de riesgo real para su seguridad”.

El jefe de la Policía Judicial de Guardia Civil en Madrid aprovecha el escrito para denunciar que los agentes del Equipo de Delitos Económicos son víctimas de “una estrategia de hostigamiento” por parte de los investigados por narcotráfico en la Operación Águila-Frozen y sus abogados. “Han sido sometidos a un total de nueve actuaciones judiciales y administrativas (denuncias, querellas y quejas) contra sus personas por hechos directamente relacionados con el procedimiento. Ninguna de ellas ha prosperado”, alega el capitán. 

Por contra, la grabación al brigada ha desembocado en su imputación en la Audiencia Nacional por parte de Pedraz. Recientemente, el magistrado ha ordenado remitir las actuaciones contra el agente a un juzgado de Madrid por resultar el competente para la investigación al agente. 

El jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial pone de manifiesto en su escrito a Pedraz que “algunos de los detenidos” en la operación contra el narcotráfico, así como “personas de su entorno, de forma velada, están profiriendo amenazas contra la seguridad de los investigadores, con la intención de que lleguen al conocimiento de los agentes de forma indirecta”. “La finalidad de la misma es intentar menoscabar su estado de ánimo y ralentizar o enturbiar el procedimiento judicial”, añade. 

La grabación ha supuesto únicamente la imputación del brigada si bien los métodos utilizados que ahí confiesa serían practicados por todo su Equipo, con la presunta autorización e impulso del entonces teniente –hoy capitán– al mando. “Mi jefe es buen chaval, pero solo quiere que suene”, dice, sobre el afán de notoriedad para las operaciones que buscaría dicho teniente. Las ilegalidades confesadas no solo afectarían a la operación de narcotráfico, sino a otras como la que mantiene imputada a la ex alcaldesa socialista de San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

El capitán de la Guardia Civil que responde a Pedraz cuida que su respuesta no suponga un desacato a las órdenes del juez y añade: “Solicito a V. I [Vuestra Ilustrísima] tenga a bien tomar en consideración lo que a continuación se expone. Toda vez que lo haya examinado y valorado, y si estima que procede su contestación, inmediatamente se dará cumplimiento de la misma”.