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Isolux se hizo con tres parques solares en Castilla y León tras pagar supuestamente un viaje a Japón a un político del PP

Parque solar de Isolux Corsán en Pozal de Gallinas (Valladolid)

Laura Cornejo

El 3 de agosto de 2007, el entonces vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno Trigos y su mujer cogieron un vuelo de Madrid a Milán y desde allí, otro con destino a Tokio (Japón). Aunque Centeno asegura que se trató de un viaje privado, iban acompañados del gerente de una empresa de jardinería, Hidrosyplant, y sobrino del que era en ese momento consejero de Economía de Castilla y León y presidente del PP en Valladolid, y del director de construcción de Isolux Corsán Corviam y su cónyuge. Según la Guardia Civil, las vacaciones fueron sufragadas por Isolux. Un año después, la filial fotovoltaica de Isolux Corsán, T-Solar, se hizo con tres parques solares en Castilla y León, dos en Valladolid y uno en Palencia. En el momento de lo que Centeno denomina “un viaje privado”, los tres huertos solares que pasarían a manos de T-Solar, se encontraban en plena tramitación, según ha podido comprobar eldiario.es.

La puesta en marcha de un parque fotovoltaico o eólico era muy complicada y pasaba por varias administraciones: la licencia urbanística la concedían el ayuntamiento de la localidad y la Diputación, igual que la ambiental; la autorización de uso excepcional en suelo rústico dependían de la Junta y la institución provincial; el punto de enganche a la red eléctrica lo autorizaba Iberdrola, y finalmente, la Junta aprobaba la producción. Mientras los papeles se movían, un directivo de Isolux pasaba una semana en el país del sol naciente con Centeno, que además de vicepresidente de la Diputación era responsable de planificación del territorio, y con el sobrino del responsable de la Consejería de Economía, responsable última de la autorización que permitía el funcionamiento de una planta solar.

El viaje de Centeno fue descubierto cuando la Guardia Civil investigaba una red de sobornos de empresas constructoras a Adif, en el marco de las obras del Ave a Cataluña. Si bien la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona no lo relaciona con su caso, si considera necesario deducir testimonio contra Centeno, y envió esa parte a Valladolid. La sospecha de la Fiscalía provincial coincide con el de la Guardia Civil: ese viaje, cuyos detalles aparecieron en el servidor de correo de la constructora y que, según estos, salió a más de 5.000 euros por cabeza, pudo ser a cambio de algo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en un auto fechado el 25 de mayo, ha decidido asumir la investigación de los hechos, si bien especifica que Centeno, al que se ha remitido la resolución, no está imputado. Según el escrito, los emails encontrados en el servidor de correo de la empresa Isolux Corsán permiten considerar “sin perjuicio de lo que resulte de ulteriores actuaciones, que Alfonso Ángel Centeno Trigos, vicepresidente de la Diputación de Valladolid, y su esposa realizaron dicho viaje por cuenta de la citada empresa”.

Aunque entre las obras más conocidas adjudicadas a Isolux Corsán, está la de la pista de esquí seco de Villavieja del Cerro (Valladolid), el proyecto estrella sufragado por la Diputación que se llevó por delante más de 12 de millones de euros y que anularon los tribunales sentencia tras sentencia por incumplir la Ley de Montes, la clave, según la Guardia Civil, podría estar en su filial de energías renovables, T-Solar, que construía placas solares (su fábrica en Galicia, hoy cerrada, llegó a recibir 65 millones de euros en ayudas públicas)  y además compraba y explotaba parques fotovoltaicos. Se constituyó en octubre de 2006, justo en el momento en el que el Gobierno quería incentivar la energía solar y había anunciado una serie de medidas que se plasmaron en un decreto en mayo de 2007 –un mes después, Isolux Corsán estaba gestionando los detalles del viaje a Japón–. El Gobierno hizo obligatorio, por ejemplo, que las empresas de servicios públicos consumiesen energía solar, y que lo hicieran con tarifas altas, también contemplaba primas y un régimen retributivo especial. Dos años después de su constitución, en 2008 y según la memoria de ese año, T-Solar tenía 28 parques en España.

La forma de operar de T-Solar despertó algunas suspicacias en el sector. En Valladolid, se hizo con tres parques prácticamente en las mismas fechas. Uno de ellos es el de la pequeña localidad de Pozal de Gallinas, de apenas 35 kilómetros de extensión, ocupa 15 hectáreas y consta de 25.472 paneles. El parque comenzó a gestarse en noviembre de 2006, pero no por parte de T-Solar, recién creada, o de la propia Isolux.

Los permisos de instalación y autorización administrativa los pidieron 40 sociedades, aparentemente instrumentales, con denominaciones muy similares que se registraron en León aunque su domicilio social estaba en Madrid: Windmill Energie Alicante 1.1 SL (constituida el 24 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de León y con domicilio en Madrid, actualmente extinguida) Windmill Alicante 1.2 SL, con las mismas características y así hasta llegar Windmill Alicante 2.11 SL y empezar con las Windmill Energie Valladolid cuyas denominaciones van desde la 3.3 hasta la 4.10 y que también se registraron en León en el año 2006. La inversión, según la resolución de la Consejería de Economía que autorizaba el parque y que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de mayo de 2008, ascendía a 15.764.805,14 euros.

Todas las sociedades que lo gestionaron acabaron en manos de T-Solar.  Tal y como se refleja en la memoria de la empresa, días después de que la Junta de Castilla y León diese el visto bueno al parque, el 13 de mayo de 2008, la mercantil dependiente de T-Solar,  Tuin Zone Origen SL “formalizó la adquisición del 100% de la sociedad Windmill Fotovoltaica SL y sus 40 sociedades dependientes”. Explica también que Windmill estaba desarrollando la construcción de dos proyectos, el de Pozal de Gallinas, de 4 megavatios y el de Fuentes de Valdepero (Palencia) también de 4 megavatios. “Las filiales de Windmill Fotovoltaica, se encontraban sin actividad a fecha de adquisición”, relatan. Según la misma fuente, los dos parques entraron en funcionamiento en el segundo semestre de 2008. En noviembre de ese año, “con la finalidad de una mejor gestión administrativa” Tuin Zone transfirió a la matriz el 100% del capital social de las 40 sociedades de Windmill, “todas ellas sin actividad hasta la fecha”.

El parque de Pozal de Gallinas se  había tramitado troceado en 40 parques de 100 kilovatios, 4 megavatios en total. 1 megavatio se podía vender, aproximadamente, por 6,5 millones, según fuentes del sector. La división, supuestamente permitía ir vendiendo los miniparques aprobados a pequeños inversores, una operación más sencilla que colocar un parque por más de 26  millones de euros. Sin embargo, fue esto último lo que ocurrió, T-Solar lo compró todo, aunque se desconoce el precio final de compra.

Unos meses antes, el 4 de marzo de 2008, T-Solar se había hecho con su primer parque, ubicado en La Seca (Valladolid), aunque con una producción de energía más modesta, 1 megavatio. Tampoco lo había gestionado administrativamente. La autorización administrativa se solicita el 26 de agosto de 2006 por parte de 4 sociedades: Campos Solares Castellanos SL, Desarrollo e instalación de energías renovables SL, Inversiones y fomento de energías renovables SL y Aspa energías renovables SL. En todas ellas aparecen dos empresarios que se sentarán en el banquillo por el 'Caso PGOU', José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana. Aunque la memoria de T Solar no refleja el precio de compra, sí informa de que recibió sendos préstamos de algo más de 4 millones de euros para las dos partes en las que estaba dividido el parque. La autorización La Seca había llegado el 5 de junio de 2007, unas semanas después los directivos de Isolux Corsán intercambiaban correos para organizar el viaje a Japón.

La operación es similar a la detectada en la Trama Eólica: empresarios locales que crearon sociedades mixtas con las eléctricas y que vendieron su parte a estas por sumas millonarias. Hacienda detectó las operaciones de venta y entendió que “no respondían a la lógica mercantil”. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra 21 personas entre las que figuran ex altos cargos de la Junta de Castilla y León.

T-Solar cayó en picado en 2013, el mismo marco regulatorio que había aupado a las empresas del sector acabó con ellas cuando la normativa se endureció. El fondo de inversión I Squared Capital materializó su compra este año por más de 110 millones de euros. T-Solar cuenta en la actualidad con 286 megavatios repartidos por España,  Italia, EEUU, India y Japón. En este último país inauguró una macroplanta en 2016 y va a por un segundo proyecto de las mismas características.

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