El juez Juan Carlos Peinado ha dictado una providencia en la que solicita a la Asociación Española de Abogados del Estado que emitan un “informe detallado” sobre la cualificación y titulaciones exigibles para elaborar un pliego de condiciones en las adjudicaciones públicas. Peinado adopta esta decisión en el marco de una de sus acusaciones contra Begoña Gómez, a la que atribuye un delito de intrusismo por elaborar los pliegos de prescripciones técnicas para que la Universidad Complutense contratara un servicio de asistencia y asesoría tecnológica y, con esos servicios, crear una plataforma de gestión de la cátedra que codirigía.
La providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, dice que el informe debe recoger las “cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción o suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras públicas”.
La defensa de Begoña Gómez ha admitido que ella firmó los pliegos, pero defiende que no hay ninguna norma que exija una cualificación académica específica para firmar dichos documentos. Según defendió el abogado de la imputada ante el juez, Gómez fue instada por responsables de la Universidad a firmar los pliegos técnicos con prontitud debido a que se terminaba el año natural y esto podía generar problemas presupuestarios
En este sentido, figuran unos correos electrónicos en la causa en los que responsables de la Universidad instan a la mujer del presidente a que firmara los citados pliegos de prescripciones técnicas antes de que terminara el año natural para evitar problemas desde el punto de vista presupuestario.
La interventora de la Universidad declaró en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y también en el juzgado que la normativa del centro permitía a la codirectora de la cátedra universitaria firmar los citados pliegos.
La acusación de Peinado por intrusismo profesional parte de la admisión de una querella presentada por Hazteoir. Es uno de los cuatro delitos que el juez atribuye a la mujer del presidente del Gobierno en el auto por el que propone que sea juzgada por un tribunal del jurado.