La jueza abre el juicio oral por la ayuda al exfutbolista “Pizo” Gómez por el caso ERE

La jueza María Núñez Bolaños, instructora del caso ERE, ha dictado auto de apertura de juicio oral por la ayuda de casi medio millón de euros concedida al centro para la formación y prevención laboral (Cerfonpre) del exfutbolista “Pizo” Goméz, un proceso del que excluye al exconsejero Antonio Fernández.

En un auto del 18 de septiembre, al que ha tenido acceso Efe, la instructora dicta apertura de juicio oral para el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero, el exdirectivo de la aseguradora Vitalia José Albarracín, el gerente de Cerfonpre, Miguel Errecalde, y el exfutbolista José Antonio Gómez Romo, alias 'Pizo' Gómez, trabajador del centro de formación.

Excluye al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, inicialmente investigado en esta causa, en virtud del archivo de las acciones contra el decretado en otro auto del 15 de septiembre después de la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de sacarlo de varias piezas separadas al considerar que ya será juzgado por los mismos hechos en la pieza política llamada del “procedimiento específico” usado para otorgar las ayudas.

Una pieza por la que a partir de diciembre se sentarán en el banquillo 22 exdirigentes de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En el auto de apertura de juicio oral, se imputa a Guerrero los presuntos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita; a Albarracín y Errecalde como cooperadores necesarios de prevaricación y malversación de caudales públicos; y a “Pizo” Gómez como cooperador necesario del delito de prevaricación y malversación así como un delito de asociación ilícita.

A todos ellos, así como Cerfonpre y a la mercantil Holding Europeo Tindex como responsables civiles subsidiarios, les reclama que depositen una fianza de 640.000 euros cada uno para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso.

Cenforpre realizaba programas de formación para la Junta de Andalucía y cobraba mediante transferencias bancarias, pero los últimos, iniciados en el 2004 y finalizados en el 2006 y relativos a un proyecto de divulgación de riesgos laborales para graduados de colegios profesionales, no se pudieron pagar por falta de presupuesto, según la jueza Núñez en el auto de procesamiento.

Por ello, el ex director general de Trabajo propuso a Errecalde, con el que tenía amistad, pagar mediante una póliza de rentas, para lo que era necesario que apareciera una persona física.

Errecalde propuso que su empleado “Pizo” Gómez apareciera como beneficiario de la póliza para cobrar los servicios, tras lo cual recibió el dinero, 491.424 euros, según reconoció en sede policial el futbolista, con los que amortizó un préstamo de 500.000 euros que pidió al banco para pagar una deuda con Hacienda.

Según la jueza, “Pizo” Gómez recibió en su cuenta corriente el dinero “a sabiendas” de que no tenía ningún derecho a ello.

La utilización de este sistema de pólizas era un método conocido y consentido por el consejero de Empleo para resolver estos asuntos, según dijo Guerrero en su declaración policial y recoge la jueza.

El exdirectivo de Vitalia está procesado por la póliza individual en la que aparecía como beneficiario el exfubolista.

Esta es la primera pieza de los ERE que la instructora envía para su procesamiento en la Audiencia Provincial de Sevilla en la que ya excluye al exconsejero Fernández siguiendo el criterio marcado por ésta de que solo pueda ser juzgado una vez, en la pieza política.