Los manejos de Bárcenas se suman a los 25 casos de corrupción que investiga la Justicia y que han costado 2.000 millones

La corrupción política es la segunda preocupación de los españoles en un país que bordea los seis millones de parados y que en los últimos dos años ha sufrido un recorte en el Estado del bienestar sin precedentes. En los últimos días no sólo se ha informado de que supuestamente el que fue tesorero del partido del Gobierno, Luis Bárcenas, ha repartido durante años sobresueldos en dinero negro a los principales responsables de la formación, sino que se ha conocido que tenía una cuenta en Suiza con 22 millones de euros, y también que el anterior Gobierno del PP le concedió un préstamo de 18 millones de dólares para su latifundio en Argentina.

El caso Bárcenas se suma a una lista de 24 casos de corrupción que investigan los tribunales españoles desde hace tiempo, que afectan a los principales partidos del país y a todos los niveles de la Administración, desde la municipal hasta los aledaños de la Corona. Tampoco hay zona de España que se libre de la corrupción. Es una epidemia que recorre el país de forma intensiva.

Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es aseguran que resulta muy difícil cuantificar el dinero malversado en esos casos de corrupción porque se encuentran en diferentes momentos procesales. Máxime cuando los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados por el perito judicial Miquel Ángel Gallardo indican que en España se registran al año más de 27.000 casos de malversación de caudales públicos y la justicia apenas es capaz de dictar 40 sentencias.

Aun así, las citadas fuentes jurídicas aseguran, a partir de los datos conocidos, que los casos de corrupción a los que se hace referencia han costado a las arcas del Estado no menos de 2.000 millones de euros. El listado que se ofrece no es exhaustivo. Se trata de los casos más relevantes que han copado los titulares de los medios de comunicación.

Casos abiertos

La lista no tiene en cuenta los procedimientos que ya han sido juzgados y condenados –que no son pocos–. Es decir, el caso Pallerols en el que la semana pasada Unió Democràtica de Catalunya admitió haberse financiado ilegalmente no está incluido.

Y también están excluidos de la lista los casos investigados en las entidades financieras que han sido intervenidas por el Estado, nada menos que ocho, encabezadas por Bankia.

Muchas de las tramas corruptas se habían infiltrado en diferentes niveles de la Administración y resulta difícil asignar los casos a cada escalón administrativo. Pero se puede establecer una serie de grupos de actuaciones por administraciones. Así, al menos cuatro casos afectan a todo el Estado, nada menos que una docena están protagonizados por administraciones autonómicas, tres casos afectan a diputaciones provinciales y ocho más a Ayuntamientos.

Las comunidades de Baleares y de Valencia son las que cargan con la imagen de comunidades corruptas. Aunque es cierto que ambas acumulan un nutrido número de casos de corrupción, no están solas.

Baleares cuenta con uno de los casos más sangrantes registrados en los últimos años, el caso Palma Arena, dividido en 27 piezas abiertas, a raíz de la construcción del velódromo Palma Arena y que afecta al segundo Gobierno del Jaume Matas, del PP. Ya ha sido condenado en alguna de las piezas separadas. Pero aún quedan por juzgar el resto, en el que están imputados algunos exconsejeros. Además, el Gobierno de Matas ha protagonizado otro caso de corrupción relacionado con el Instituto Balear de Turismo.

Precisamente de la investigación del caso Palma Arena nació lo que se conoce como el caso Nóos o caso Urdangarin, en el que el yerno del rey y su socio, Diego Torres, se aliaron para obtener contratos amañados del Gobierno balear por servicios que no se prestaban o tenían un valor muy inferior al que cobraron. El juez de Baleares ha impuesto a Urdangarin y Torres una fianza de responsabilidad civil de 8,8 millones de euros.

Pero es que el Instituto Nóos parece haber procedido de la misma manera en otra serie de administraciones, desde Valencia a Cataluña, con lo que el caso, que afecta a la familia del jefe del Estado, alcanza niveles nacionales.

En Baleares también se instruye el caso Unió Mallorquina, el partido de Maria Antonia Munar, que a la luz de las actuaciones judiciales aparece supuestamente como una organización dedicada exclusivamente a presentarse a las elecciones para arrasar con los fondos públicos.

Valencia, por su parte, es uno de los grandes núcleos de actuación del caso Gürtel, la trama corrupta organizada por Francisco Correa que no se limitaba a Valencia, actuaba también en Madrid y en las dos Castillas. Recibían adjudicaciones públicas a cambio de organizar con ese dinero actos para el PP.

Pero en Valencia hay casos graves que no tienen que ver con la Gürtel, como el caso Cooperación, el desvío a favor de una trama mafiosa de ayudas dedicadas a la cooperación con países del Tercer Mundo.

La fama de Valencia, además, no está injustificada. Los juzgados de la comunidad instruyen el caso Esmarsa, por el saqueo de 25 millones de euros a la depuradora de aguas de Valencia; el caso Brugal, que afecta al expresidente de la Diputación de Alicante y a una treintena de alcaldes de la provincia por la concesión irregular de concesiones de recogida de basuras, y, especialmente, las excentricidades protagonizadas por un personaje como Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón.

Corrupción transversal

Pero, a pesar de la imagen, Baleares y Valencia no son las únicas comunidades con casos de corrupción. En Cataluña se ha producido en los últimos años uno de los mayores expolios de la historia, el del Palau de la Música, a manos del que fue su presidente, Félix Millet y de su mano derecha, Jordi Montull. Se cree que se llevaron 32 millones de euros.

Pero el caso tiene varias derivadas. El juez del caso, Josep Maria Pijuan, está convencido de que el Palau cobró comisiones de Ferrovial para entregárselas a Convergència Democràtica. La sede del partido de Pujol y Mas está embargada por 3,3 millones de euros. Otra derivada es la que implica a varios altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona cuando lo gobernaba el PSC, por un proyecto para construir un hotel junto al Palau.

Y el Palau no es el único caso transversal, que afecta a CiU, PSC y PP. El caso Pretoria, una supuesta trama de corrupción urbanística, tiene como principales protagonistas al exalcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, a los antiguos hombres de confianza de Jordi Pujol Lluís Prenafeta y Macià Alavedra y a varios alcaldes del PP.

En Cataluña, además, la espada de Damocles pende sobre la cabeza del heredero político de Pujol, su hijo Oriol, secretario general de CDC, e implicado en una trama de concesiones amañadas de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). En los próximos días, la Fiscalía Anticorrupción pedirá su imputación.

El PSC no se libra. Está inmerso en la Operación Mercurio una red de alcaldes encabezada supuestamente por el alcalde de Sabadell, que se beneficiaba de las adjudicaciones públicas a las empresas privadas que realizaban contraprestaciones poco confesables.

Andalucía sólo tiene un caso autonómico, el de los ERE. Pero abundan los casos municipales como Astapa, Malaya, Mercasevilla o la operación Poniente.

Castilla La Mancha tiene el dudoso honor de contar con la primera caja de ahorros intervenida por el Banco de España. Pero es que la razón de esa intervención fue un caso de corrupción política protagonizado supuestamente por el dirigente socialista Juan Pedro López Moltó, que se empeñó en construir un aeropuerto en la comunidad en contra de todos los estudios.

Finalmente, Galicia tiene un caso de ámbito nacional, el caso Campeón, en el que se investiga un supuesto soborno al exministro José Blanco, y cuya vertiente catalana destapó el caso de las ITV en Cataluña. El resto de los casos en Galicia son municipales o caciquiles, como Pokemon o el caso de José Luis Baltar.