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La ministra de Justicia no cambiará el sistema de elección del CGPJ: seguirá en manos del Congreso y el Senado

Se introducirán una serie de mecanismos para garantizar la "transparencia, publicidad y participación de la ciudadanía" en el proceso de elección

Delgado también ha anunciado que el Gobierno quiere recuperar la justicia universal y ampliarla a delitos de carácter económico y medioambiental

Delgado rechaza reformar el sistema de elección del CGPJ o del fiscal general

EFE

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso de lo Diputados, donde ha anunciado que no va a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del fiscal general del Estado, que dependen del Congreso y del Senado, pero introducirá procesos en los que destaque la "transparencia, publicidad y participación de la ciudadanía". 

Para ello se establecerán sistemas de valoración efectiva de méritos; los candidatos presentarán su currículum y proyecto de actuación, que serán públicos; y se garantizará el proceso con independencia de cualquier directriz por parte de otro poder del Estado, "sin perjuicio de las obligadas relaciones institucionales".

Durante su comparecencia, la ministra ha hecho hincapié en la transparencia y ha destacado que es consciente de que los ciudadanos han perdido la confianza en el sistema por la "sospecha de injerencia política en las resoluciones judiciales, la falta de transparencia en la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o la opacidad en la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado".

En concreto, sobre el Consejo General del Poder Judicial -que en el próximo mes de diciembre afronta la renovación de sus vocales- Delgado ha explicado que los miembros del órgano de gobierno de los jueces deben ser elegidos a través de elementos de "protección, objetividad y transparencia". 

Sobre la Fiscalía General del Estado, la ministra ha aseverado que el Gobierno va a ser escrupuloso en el respeto a su autonomía. No obstante, Delgado -que fue fiscal de la Audiencia Nacional- ha recordado que, aunque la Fiscalía tenga un "papel esencial", "el diseño, desarrollo y aplicación de la política criminal" es competencia de Ejecutivo.

Recuperar la jurisdicción universal

Además, la titular de Justicia ha señalado que quiere recuperar la jurisdicción universal. Delgado cree que es necesario para que España vuelva a ser el "estandarte en la defensa de los Derechos Humanos al abrir sus puertas a víctimas de graves crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas y torturas, entre otros".

Delgado ha destacado que con la reforma de esta normativa en 2014 se "dejó a las víctimas, en general, y a los españoles, en particular, más indefensos", pues la ley se centró en combatir el narcotráfico internacional y el terrorismo. En este sentido, ha dicho que hay que revisar la ley para adaptarla a las nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica y medioambiental.

La ministra, que ya destacó la importancia de la justicia universal en su toma de posesión, ha declarado que este instrumento "tiene un valor reparador para las víctimas que no encuentran justicia en sus países de origen" y "activa las alertas rojas, con órdenes internacionales de detención que reducen los espacios de impunidad de los presuntos responsables de crímenes internacionales".

"La jurisdicción universal hace que el mundo sea más pequeño y menos amable para ellos", ha añadido y ha apostillado que la cooperación jurídica internacional da apoyo a aquellos países cuyos jueces "no pueden avanzar o carecen de los medios para hacerlo".

Por último, Delgado ha anunciado a los grupos parlamentarios que existen trabajos "avanzados" sobre la orden ministerial que regula el procedimiento de selección de candidatos para la Fiscalía Europea, así como para los fiscales europeos delegados en España. La ministra ha dicho que el Estado español será pionero en introducir mecanismos de "transparencia y especialización" en este proceso.

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