El PP se queda solo en la defensa de que las investigaciones penales tengan un plazo máximo

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para eliminar el tope máximo para la instrucción de la causas penales que introdujo el PP en 2015 gracias a la mayoría absoluta que iba a perder ese mismo año ha salvado este miércoles un nuevo escollo y avanza en su trámite parlamentario. El Pleno del Congreso ha rechazado con 247 votos en contra la enmienda a la totalidad a la proposición de ley presentada por Unidas Podemos para derogar el artículo 324.1 de la LECrim, que pasará ahora a verse en comisión, donde se debatirán enmiendas parciales. El PP ha logrado sumar cinco votos de sus aliados regionales habituales.

Ningún grupo apoyará la enmienda a la totalidad del PP, según han expuesto los diferentes portavoces en el debate de este miércoles. Desde Vox a ERC, pasando por el PNV o Ciudadanos, todos han rechazado la pretensión del partido de Pablo Casado de mantener el espíritu de una reforma que fue en su día muy criticada por los profesionales de la Justicia.

Los argumentos de los diferentes grupos han sido todos muy similares. La coincidencia general es que la reforma que promovió en 2015 el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue un intento del PP de coartar las decenas de investigaciones judiciales que se dirigían contra los casos de corrupción del partido que lideraba por entonces Mariano Rajoy.

La posición del PP la ha defendido la diputada María Jesús Moro, portavoz de Justicia del partido en la legislatura en la que se llevó a cabo la reforma que ahora quiere derogar el Congreso. Sabedora de que su posición iba a ser minoritaria, Moro ha arrancado su discurso señalando que “el consenso no es garantía del beneplácito de los ciudadanos”, para criticar las “ansias derogatorias” de Unidas Podemos, el grupo que plantea la reforma.

Pero no es la primera vez que el Congreso debate esta medida. De hecho, es la tercera. Las anteriores, planteadas por otros grupos además del de Unidas Podemos, decayeron por la disolución anticipada de las Cortes. En una de las ocasiones, después de que el PP y Ciudadanos prolongaran decenas de veces los plazos del trámite de enmiendas.

Moro ha sostenido que la reforma “no es inocente” y se ha dirigido a los grupos para señalar que “con su apoyo a la reforma actuarán como cooperadores necesarios al ataque programado a los poderes del Estado, que se encuentra en el ADN de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez con la pasividad del PSOE”.

La diputada ha desplegado la habitual panoplia de acusaciones contra el Ejecutivo de coalición y ha arremetido contra la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para cerrar su discurso apelando “al consenso constitucional de 1978”.

No favorecer los delitos complejos

Los diferentes grupos han defendido, no obstante, que la inclusión del artículo 324.1 en la LECrim sirvió para aumentar la impunidad de los delitos más complejos, mientras no se atajaban los problemas de falta de recursos materiales y humanos en los juzgados para las causas que atañen a la mayoría de los ciudadanos.

El debate técnico ha deparado coincidencias quizá extrañas vistas desde fuera. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha coincidido con Eduardo Ruiz (Vox) en la necesidad de añadir enmiendas en el trámite en comisión que no signifique una simple regresión a la situación previa a la reforma de 2015, que no establecía ningún tipo de plazo.

“Los plazos nos alejan de instrucciones eternas e ilimitadas, vulneradoras de los principios de la Constitución”, ha sostenido Legarda. “No pueden existir estado policial, pero tampoco plazos perentorios que favorezcan generalizadas impunidades en las causas más complejas”, ha zanjado. Ruiz, por su parte, se ha desmarcado del PP y ha recordado que su grupo ha presentado “enmiendas técnicas para evitar el vacío normativo”.

Entre ambos discursos se han sucedido otros similares. Por parte delGrupo Plural han comparecido Joan Baldoví (Compromís), Íñigo Errejón (Más País) y Florentino López Cuevillas (JxC). Baldoví ha sostenido que la reforma del PP “favoreció a los que habían cometido el delito” y que “limitar plazos con los mismos medios humanos y materiales es facilitar la impunidad”. Errejón ha recordado que, cuando la indignación contra la corrupción era un clamor en toda España, “el PP no puso más medios para perseguirla”, sino que “acortó los plazos”. Cuevillas, por su parte, ha dicho que sus diputados eligen “entre lo malo y lo peor” y ha insistido en que “la mayoría de temas que se eternizan no lo hacen por complejidad, sino por colapso y parálisis” por lo que proponen “un plazo máximo de inactividad”.

Desde ERC, Carolina Telechea ha defendido que no se puede “posibilitar la impunidad de quien delinca y menos de los corruptos. La diputada ha disparado por elevación al señalar que ”todo el mundo tiene en la mente lo que ha hecho el Régimen del 78 en la gestión de lo público desde que están en el poder“ y ha citado casos de corrupción tanto del PP como del PSOE, para sacar a colación además los supuestos negocios ilegales de Juan Carlos de Borbón,

Telechea ha citado de pasada dos estudios que cifran en más de 100.000 millones el coste de la corrupción del bipartidismo. Para añadir “Y afirmamos esto sin contabilizar los desfalcos y la corrupción pública y notoria de la Familia Real”.

Esta afirmación ha llevado al vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a reclamar a Telechea que retirara la afirmación en cumplimiento del artículo 103.1 del Reglamento, que indica que se podrá llamar al orden a quien profiera “palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad”. La diputada ha mantenido su frase y Gómez de Celis ha ordenado que sea retirada del Diario de Sesiones, algo que se convirtió en una práctica habitual cuando Ana Pastor presidió el Congreso y que en las últimas semanas ocurre en cada sesión parlamentaria.

Invitación a mejorar la financiación en los PGE

Por parte de Unidas Podemos ha sido el portavoz adjunto, Enrique Santiago, quien ha defendido su rechazo a la enmienda a la totalidad contra una proposición que precisamente lleva la firma del grupo confederal.

Santiago, quien ejerció la acusación popular en diversas causas de corrupción que afectaban al PP como dirigente de Izquierda Unida, ha respondido a las críticas de otros grupos y ha señalado que “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ni se garantizó con la reforma aprobada por el PP ni se va a ver afectado por la derogación” de la reforma que promueve Unidas Podemos.

El diputado ha señalado que el PP “desplegó un inmenso escudo protector de la impunidad cuando M. Rajoy afirmaba que todo era una trama contra el PP y se ponía en marcha un plan para garantizar la impunidad”.

Santiago ha conminado a los demás grupos que han criticado la falta de medios de la Justicia a pactar un aumento de la asignación en los Presupuestos Generales del Estado que llegarán al Congreso a negociar a la vuelta del verano. “No esperemos un año, hagámoslo en dos meses”, ha señalado.

El turno del PSOE lo ha asumido Franciso Aranda, quien ha acusado al PP de “mezclar cualquier debate con sus prejuicios y obsesiones”. El diputado ha recordado que la derogación de este punto “es una demanda compartida por todos los colectivos de la Justicia” y ha sostenido que “hay espacio para el acuerdo” con el resto de grupos en el trámite de enmiendas. “¿Con qué PP nos quedamos, el de Casado que decía que iba a derogar esta reforma o con la enmienda a la totalidad de hoy?”, se ha preguntado.

“Todos estamos de acuerdo en que la reforma ha empeorado la situación”, ha dicho el diputado socialista, quien ha enmarcado la derogación en un marco de reforma de la Justicia más amplio.

Aranda ha concluido con un mensaje hacia Vox: “Son a la política como la homeopatía a la medicina. Un placebo sin utilidad. Les falta el toque dulce de la homeopatía”.