El juez investiga si el PP de Madrid se financió con los contratos de publicidad de carreteras
El juez que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, investiga si una de las fuentes de la financiación ilegal del PP de Madrid fueron las adjudicaciones de carreteras a la empresa Dragados, del grupo ACS. Los agentes de la Guardia Civil han pedido documentación a la Consejería de Transportes para ver si, como en el caso de los hospitales privatizados, el 1% para publicidad se dedicó a pagar actos del partido.
Así lo publican hoy El Mundo y El Confidencial. La investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño, reactivada tras el análisis de la documentación encontrada en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del partido. Los contratos bajo sospecha se refieren a las adjudicaciones concedidas a Dragados entre 2007 y 2011.
El consejero durante esa época era José Ignacio Echeverría, que declaró este miércoles como investigado por esta causa. Según las informaciones, los contratos bajo sospecha se refieren a la Red Sur de carreteras.
Los investigadores continúan así tratando de averiguar si algunos de los proyectos estrella durante la época de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid se usaron para financiar ilegalmente al PP. Durante la instrucción del caso Púnica se han descubiertos numerosas vías utilizadas presuntamente para nutrir la caja B.
Esas vías van desde Fundescam, la fundación opaca del PP madrileño, a los hospitales privatizados de Aguirre. También se investiga los contratos que la Asamblea de Madrid firmó con el empresario Arturo Fernández para la explotación de las cafeterías y restaurantes, o las donaciones ilegales anotadas en la agenda de Francisco Granados.
Velasco reactivó la investigación el pasado miércoles con la declaración de Fernández, Echeverria y Gutiérrez como investigados en esta pieza, que permanece secreta. Este jueves han declarado cuatro empresarios, cuya identidad se desconoce, y que se negaron a contestar sobre la presunta financiación ilegal. Mientras, los agentes de la Guardia Civil sigue requiriendo documentación a las distintas consejerías del gobierno regional.
