Las nuevas guerras culturales de Ayuso: por qué es tramposo hablar de “concepción”

¿Qué es eso del “concebido no nacido” y por qué está de pronto en el centro de tantas conversaciones? Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una normativa en la Comunidad de Madrid a este respecto que es, cuanto más, insulsa en sus efectos reales y en lo que propone, pero relevante, una vez más, en la batalla discursiva. Una batalla que forma parte de una agenda política internacional extremadamente peligrosa en torno a las “familias correctas” que no debemos ignorar.

Entre la visita del papa y estas conversaciones llevamos unas semanas como si estuviésemos en otra época, con olor a naftalina, curas dictando leyes y políticos devenidos en burdos opinadores que mezclan términos religiosos y científicos sin pudor. Díaz Ayuso sabe perfectamente que regular en torno a una figura tan difícil de definir como el “concebido no nacido” es muy difícil, además de peligroso e injusto. La normativa en sí pone habla más bien de las unidades familiares, asimilando las familias en las que hay mujeres embarazadas a aquellas en las que ya hay menores para calcular cuestiones como el nivel de renta per cápita al acceder a algunas ayudas. El núcleo central de la norma es poder adelantar el reconocimiento de estas unidades familiares como “familias numerosas” en caso de cumplir el resto de criterios, una asimilación que se podrá pedir a partir de las 14 semanas de gestación y que se deberá justificar tras el nacimiento. Poco más que eso.

Que la norma sea más bien insulsa no hace que la batalla en el lenguaje lo sea, y no debemos permitir que la gane. Sobre todo porque, más que al pasado, esta agenda busca propulsarnos al distópico futuro que nos dibujan las alianzas de ultraderecha a nivel internacional. Por ello, es importante señalar lo problemático de abordar el debate político sobre el comienzo de la vida con términos religiosos sin base científica como el de “concepción”. Además, conviene alertar del uso de medidas populistas dirigidas al momento de la gestación mientras se olvida a las infancias reales, víctimas de políticas adultocéntricas que les condenan a una falta de cuidados sociopolíticos vergonzosa.

Miremos de frente la idea de “concepción”. Existe una tendencia en el lenguaje común a equiparar la concepción con la fecundación, o la concepción con el embarazo: son relatos vinculados al famoso “de dónde venimos” que tienen más de discurso cultural (con grandes dosis de dogma religioso) que de consenso científico. Ayuso habla de proteger “desde el primer minuto”, y su director de gabinete da muestras de una grave incapacidad para la comprensión del funcionamiento de los cuerpos y la biología al vincular ese primer momento con la eyaculación o el coito (en qué tristes declaraciones). Pero incluso su propia normativa se ve obligada a establecer una línea muy clara para asimilar el embarazo a “un hijo más” para ser reconocida como unidad familiar: superar las 14 primeras semanas de embarazo.

La legislación española actual ya reconoce, de forma cuestionable, los embriones como entidades a proteger: es la causa de que se acumulen sine die en las neveras de las clínicas de reproducción asistida (siendo muy difícil dejar de preservarlos, incluso cuando ya no se van a usar), generando problemas de diverso tipo que no podemos abordar en este artículo, pero que son de gran relevancia política. Nuestro ordenamiento jurídico maneja diferentes formulaciones para la protección de estas células, fórmulas que arrastran un sesgo religioso muy cuestionable y cuestionado por la sociedad civil. Cuestionamiento que se ve, por un lado, en el apoyo mayoritario a la libertad de decidir sobre la continuidad o no de los embarazos, y por otro, en una creciente conciencia de la imposibilidad de controlar el primer desarrollo humano. No obstante, el discurso del fanatismo conservadurista trata de dibujar como estable e incuestionable lo que no lo es: el comienzo de la vida.

Poner la “concepción” (sin clara equivalencia científica) en el centro del debate ignora no solo que esas primeras semanas de embarazo son el tiempo legítimo e incuestionable en el que quien gesta puede decidir interrumpir el embarazo, sino que en torno al 25% de las veces esto sucede de forma involuntaria y como parte de un mecanismo meramente biológico: al menos 1 de cada 4 embarazos termina en aborto espontáneo, precisamente porque, que se genere un embrión, se implante, devenga en feto, el embarazo se logre sostener hasta el nacimiento… es algo mucho menos lineal o escrito en piedra de lo que estos políticos intentan hacer ver. Cualquiera que haya pasado por una unidad de reproducción asistida lo sabe.

Centrar el debate en “el concebido” es políticamente peligroso porque busca atentar sobre el derecho a decidir, pero es también profundamente dañino en tanto que ratifica la idea de que lograr un embarazo es algo sencillo que siempre equivale a llegar a tener un bebé, algo que genera muchísimo sufrimiento en todas las personas que viven abortos espontáneos. El hecho de que mucha gente cuide a quién y cómo contar un embarazo hasta que pasa el primer trimestre responde a esta realidad que el Partido Popular se empeña en ignorar. Y, si bien estos silencios pueden no ser la mejor estrategia para acompañar y visibilizar estas pérdidas gestacionales y los duelos perinatales, insistir en crear imaginarios en los que “el primer momento” de una vida es un punto tan temprano y tan incierto, genera mucho daño. No es inocuo presentar como realidad dada algo que es, más bien, una posibilidad abierta.

¿Por qué hablan de “concebido no nacido” si las ayudas son para la unidad familiar? ¿A quién buscan proteger? No es fácil responder porque quizás no buscan proteger a nadie, sino atacar a quienes decidimos sobre nuestros cuerpos y nuestras biografías reproductivas. A quienes no dejamos que nos impongan un discurso culpabilizador y rancio con, además, nula base científica.

No hay consenso histórico, ni científico, ni legal claro sobre el comienzo de la vida que no sea el que marca el nacimiento, y no hay entidad previa a esta que pueda convertirse en sujeto de derechos. La edad gestacional a nivel médico se mide a partir del desarrollo del óvulo (calculado con la última regla, momento en que reactiva su crecimiento, no de la fecundación). La ley habla de “preembriones” tras la fecundación y hasta el día 14 (fecha en torno a la que se calcula la implantación en el útero), y los considera embriones solo a partir de entonces, cuando se calcula que puede haber un embarazo. El momento en que empieza a hablarse de feto y no de embrión varía, pero tiende a situarse en torno al paso del primer al segundo trimestre de embarazo, coincidiendo con las fechas más claras en nuestro ordenamiento jurídico: la semana 14 que marca la ley de interrupción voluntaria del embarazo (22 para algunas casuísticas). En todo caso, hablaríamos entonces de fetos que, y esto es de central importancia para cálculos y reflexiones, no alcanzan la potencial viabilidad fuera del útero de forma significativa hasta la semana 24 de embarazo, y eso con necesidad de muchísimo apoyo tecnológico y biomédico.

“Desde el primer minuto”, o “antes de ducharse” no son eventos temporales rigurosos con los que legislar, y el barullo terminológico en el que nos estamos dejando meter en los últimos días, hablando de fetos donde solo hay embriones, o de fecundación donde solo hay eyaculación, es peligroso y nada inocente. No dejemos que nos marquen la agenda: si bien la normativa tiene poco calado, este nuevo episodio de guerra cultural va dirigido a ir cambiando la forma en que pensamos e imaginamos lo posible y lo deseable, y buscan allanar el camino para hacer viables futuras leyes más restrictivas, que recorten los espacios de libertad que tanto nos ha costado conquistar.

Madrid es una región con una necesidad flagrante de protección a la infancia: la huelga del sector educativo 0-3 lleva meses señalándolo. Nos reproducimos en un contexto de creciente desigualdad, en el que tener criaturas nos empobrece y en el que un porcentaje vergonzoso de criaturas viven por debajo del umbral de la pobreza. Jugar con las ayudas a las embarazadas y a las familias para colocar discursos ultraconservadores que allanen el camino a propuestas restrictivas de nuestros derechos es ruin y peligroso.

Hay muchas fórmulas para mejorar la protección del embarazo y de los fetos (por ejemplo: reducir la contaminación que se ha demostrado que afecta a su peso al nacer), pero ninguna puede pasar por inventarnos una figura jurídica que le dé entidad de sujeto a lo que no lo es, y todas ellas deben ahondar en proteger a quienes sí estamos aquí y ahora. Como dice Ana Requena, debemos arrebatar el término provida a las derechas. Ir a favor de la vida pasa por resolver el problema del calor extremo en los colegios, por abordar la violencia obstétrica y la infrafinanciación de los hospitales, por acabar con la escasez de plazas en escuelas infantiles, por garantizar el acceso a interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos, por asegurar la gratuidad y calidad de los comedores escolares.

Desterremos de nuestro lenguaje conceptos religiosos con nula base científica y un peligroso poder ideológico y centrémonos en garantizar condiciones materiales dignas para que la charlatanería de estas figuras se quede en eso, y no nos devuelvan a esos mundos con olor a naftalina ni nos propulsen a futuros distópicos plagados de familias homogéneas y maternidades marcadas por la abnegación y el sufrimiento en lugar de por el goce y la ternura.