Ciudadanos, a un paso de perder en Melilla su único gobierno autonómico

Justo cuando el partido afronta una difícil campaña electoral para la Comunidad de Madrid de la que el CIS y otras encuestas les dejan fuera, Ciudadanos está a punto de perder el único gobierno autonómico que logró presidir tras las últimas elecciones del 26 de mayo de 2019. La inesperada decisión del partido que lidera Inés Arrimadas de expulsar de la formación a Eduardo de Castro, alcalde–presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, al que la comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos acusa de “incumplir las directrices del partido” y de “haber ocultado su condición de imputado en un procedimiento penal de extraordinaria gravedad”, ha desencadenado una fuerte tormenta interna. De Castro manifiesta su estupor por el tratamiento que le está dando su propio partido al que acusa de estar utilizándolo “como cabeza de turco” para presentarse como los “adalides de la regeneración y de lucha contra la corrupción” en unas elecciones que “saben que tienen perdidas”. En declaraciones a elDiario.es De Castro asegura que no piensa dimitir de sus cargos. “No entiendo por qué mi propio partido se presta al linchamiento al que me ha estado sometiendo durante estos años el PP”, lamenta.

Además, adelanta que va a solicitar al juez que adopte medidas cautelares de protección de sus “derechos fundamentales” así como la conciliación previa a sendas querellas contra Inés Arrimadas y Edmundo Bal que piensa presentar por sus declaraciones acusándolo de corrupto y diciendo que ha incumplido el Código Ético y que por eso ha sido expulsado.

La notificación de incoación del expediente le llegó al presidente de Melilla el pasado 12 de marzo justo cuando el día anterior había viajado a Madrid para asistir a los actos de homenaje a las víctimas del atentado del 11M en donde coincidió con Inés Arrimadas, con la que charló unos minutos, y otros líderes del partido, que no le adelantaron nada de lo que se le venía encima.

En un comunicado hecho público este fin de semana la dirección Ciudadanos ratificaba la apertura de dicho expediente el pasado 12 de marzo explicando que quedó resuelto el martes, 30 de marzo, con su expulsión. De Castro tiene ahora 15 días para presentar un recurso ante la Comité de Garantías contra dicha resolución, recurso que ya está preparando y sobre el que ironizaba en su perfil de Twitter tras las declaraciones de Edmundo Bal.

El argumento para darle de baja como afiliado es que ha incumplido varios artículos de los estatutos al “actuar en el ejercicio del cargo público de forma contraria a los principios y normas aprobadas por el partido, con deslealtad al partido, así como hacia sus órganos de gobierno, cuando perjudiquen gravemente su consideración ante la opinión pública”.

Varios medios atribuyeron su expulsión en base a una denuncia ciudadana admitida por el fiscal jefe de Melilla por un presunto delito de “prevaricación administrativa” contra De Castro y los exconsejeros de Hacienda Julio Liarte, y de Presidencia, Paula Villalobos, ambos también de Ciudadanos, por supuestas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de grúa de Melilla. En la denuncia –a la que tuvo acceso la agencia Europa Press– se exponen las “graves negligencias e ilegalidades” que se estaban cometiendo supuestamente por parte de los tres dirigentes cuando acabó el contrato de la concesión de grúas de la ciudad –que había sido adjudicado a un empresario–, y se resolvió que la nueva adjudicación fuera para “un familiar del vicepresidente de Melilla”, “con posible daño a las arcas públicas de más de cinco millones de euros”. De Castro dice que no hay caso ya que las acusaciones no se sostienen y añade que además él no puede adjudicar contratos. Julio Liarte y Paula Villalobos pertenecieron al primer gobierno de coalición con PSOE y CPM que Ciudadanos pactó en Melilla tras las elecciones autonómicas de 2019.

Sin embargo, el expediente abierto tampoco se basa en esta denuncia sino que, según deslizó Arrimadas en una reciente entrevista, es por otra causa que le abrieron a raíz de otra denuncia interpuesta por el PP, que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº5 y que se encuentra en diligencias previas, por “presunta prevaricación administrativa”, en la concesión de la Gestión del Centro de Menores de Rostrogordo. “Desde el principio de mi mandato hay una campaña de descrédito con fines políticos por parte del PP y Vox basada en un sinfín de denuncias falsas, carentes de fundamentación con el objetivo de dañar la imagen del partido y forzar mi expulsión”, afirma. “No entiendo la estrategia de Ciudadanos y la pena de telediario a la que me somete mi propio partido”, añade.

El sábado pasado el regidor melillense emitió un comunicado en el que se defendía y señalaba su “desconcierto” y aseguraba que nunca había ocultado nada al partido, que la información sobre el caso de las grúas “era de dominio público desde 2020”, y todas las denuncias contra él “han quedado en el archivo o sobreseimiento”. Ahora “varios meses después, me acusan de no informar a mi formación política, la cual no me ha brindado comunicación alguna desde 2019”. Su hondo malestar lo dejó traslucir poco después en su perfil de Twitter, donde escribió: “Nada es gratis en política y cada cual tendrá que responder de sus, a sabiendas, injustas acusaciones”.

Estos comentarios llegaban después de que este viernes la propia Arrimadas aclarara que su expulsión era “por diferentes circunstancias” y se ajustaba “al cumplimiento exhaustivo de los estatutos”, algo sobre lo que discrepa el presidente de Melilla que cree “irresponsable” la decisión de su partido de expulsarlo y tacha de “extemporáneas, desmesuradas, carentes de toda lógica e injustas” las bases en las que se sustentan las acusaciones. También lamenta que a pesar de haber presentado en su día las correspondientes alegaciones a su expediente –a las que ha tenido acceso esta redacción–, todas “fueron desoídas sin justificación alguna”, por lo que considera que “se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia”. “Yo creo que ni se las han leído”, abunda.

Una expulsión que no impedirá que siga presidiendo Melilla

La expulsión de De Castro de Ciudadanos deja a Melilla en una situación realmente compleja. En este momento, el regidor forma parte del Grupo Mixto en la Asamblea, espacio que comparte con el único diputado que le queda a Vox de los dos que el partido de extrema derecha sacó en las últimas elecciones autonómicas. Dado que no va a renunciar a su acta de diputado, reglamentariamente De Castro puede seguir ocupando la presidencia y la alcaldía de la Ciudad Autónoma salvo que el PP le presentara una moción de censura y contara con el apoyo de algunos de los diputados de los otros dos partidos que lo apoyaron para ser investido en el cargo –Coalición por Melilla (CpM) y el PSOE– y con los que cogobierna. Una hipótesis que el regidor no contempla.

La llegada de De Castro a la presidencia de Melilla fue un hecho insólito dado que en las últimas elecciones Ciudadanos logró tan solo un escaño –el suyo–, pero logró sumar mayoría absoluta junto con los ocho diputados de Coalición por Melilla (CpM) y otros cuatro del PSOE que votaron a De Castro con el fin de desbancar a los populares del poder después de cerca de veinte años ejerciéndolo. El candidato del PP, Juan José Imbroda, contaba con diez de los 25 escaños de la Asamblea, y Vox con dos. Ante el empate que mantenían los dos bloques –12 escaños cada uno– el voto de Ciudadanos era decisivo. Eduardo de Castro negoció su investidura con los socialistas y CpM en contra de las directrices de la dirección de su propio partido que entonces dirigía Albert Rivera y que se inclinó por darle la presidencia al PP “pero solo si cambiaban de candidato y no presentaban a Imbroda, algo que no ocurrió”, precisa De Castro. Su actitud le generó una amonestación interna, que entonces quedó en nada.

La crisis del regidor melillense con su partido ha coincidido además con las negociaciones que sus socios de Gobierno –CpM y PSOE– están llevando a cabo para sustituir al líder de CpM, Mustafa Aberchán, cuya condena por el caso voto por correo ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.