La presión del Gobierno no hace mella en los vocales conservadores que bloquean la renovación del Constitucional

El relevo de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen su mandato caducado desde el pasado verano continúa en el aire. El intento del Gobierno de forzar la renovación al designar a sus dos candidatos no ha tenido por el momento ningún eco en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe nombrar a otros dos magistrados para completar la renovación del tercio de jueces de la corte de garantías que están en situación interina. Pero los nombramientos de este órgano siguen bloqueados por la estrategia de ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PP, que llevan más de dos meses boicoteándolos con una batería de excusas y condiciones cambiantes. 

La última reunión de los interlocutores designados por los bloques conservador y progresista se celebró este jueves y constató la enorme distancia que existe entre ambos grupos, que tienen que ponerse de acuerdo para sacar adelante estas designaciones. El mayoritario sector conservador sigue sin garantizar su apoyo al juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, que es el magistrado elegido por los progresistas para acceder al Constitucional. Y los miembros del grupo minoritario no están dispuestos a transigir en este punto. Defienden que la elección de Bandrés es fruto de un acuerdo interno que debe ser respetado.

En la reunión de este jueves, los interlocutores del sector conservador trasladaron a sus homólogos progresistas que se mantienen en su propuesta de cambiar el método de “negociación”. Defienden que tiene que haber un “debate previo” entre varios nombres propuestos por cada bloque y que los nombramientos no deben ser un “intercambio de cromos”. De hecho, se niegan a desvelar sus propuestas hasta que los progresistas no pongan encima de la mesa más candidatos, según fuentes conocedoras de lo que sucedió en esa reunión.

Aunque no hablan abiertamente de vetos, detrás de esta postura hay un cuestionamiento del candidato progresista, que fue uno de los fundadores de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Deslizan que tiene un perfil “demasiado gubernamental” y afirman que el otro nombre que barajó este sector –el de Pablo Lucas, también magistrado del Supremo– puede ser más “idóneo”. 

Tras ese encuentro, los miembros del sector progresista celebraron una reunión interna en la que acordaron mantener lo pactado hace un mes mediante votación interna. Esto es, que su candidato es Bandrés y que le corresponde su turno. Los vocales progresistas rechazan frontalmente la exigencia de los conservadores, que interpretan como un veto a un magistrado que acumula una larga carrera judicial y académica. También creen que es una “nueva excusa dilatoria”. Recuerdan, además, que en este caso se acordó que los elegidos fueran preferentemente jueces del Supremo, los de mayor categoría de la carrera y a los que se les presupone “preparación y reconocimiento”.

Dos meses después de que se cumpliera el plazo máximo marcado por la ley, los vocales elegidos a propuesta del PP ni siquiera han desvelado cuál es el candidato de su preferencia. No obstante, aseguran que hay hasta seis jueces que, según estas fuentes, verían con buenos ojos acceder al Constitucional. Se trata de los magistrados Vicente Magro, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, César Tolosa, Diego Córdoba e Inés Huerta. Los dos primeros están especialmente significados políticamente. Magro fue senador por el PP y presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que representa a los jueces conservadores. Sánchez Melgar, por su parte, fue fiscal general del Estado en la última legislatura de Mariano Rajoy. 

Con estas posturas tan distantes es una incógnita cuándo el órgano de gobierno de los jueces hará esas designaciones. De hecho, ni siquiera hay una nueva fecha para que se reúna la comisión negociadora. Los vocales se comprometieron la semana pasada a “votar candidatos” en el pleno ordinario previsto para el 22 de diciembre, aunque nadie garantiza que haya un acuerdo que permita sacar adelante esas designaciones. Los nombramientos del Constitucional deben conciliar el respaldo de al menos 11 de los 18 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas. 

El papel del Constitucional  

A esa fecha esperará, previsiblemente, el Constitucional para abordar el examen de idoneidad de los magistrados elegidos por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general en la Moncloa Laura Díez. El Ejecutivo decidió el martes aprobar sus nombramientos ante la evidencia de que los ocho vocales del núcleo duro del sector conservador del CGPJ persisten en el bloqueo. Pero su entrada en la corte de garantías no será inmediata. Por ahora, el Constitucional se ha limitado a comunicar al CGPJ que ha recibido la notificación oficial del Gobierno —vía Boletín Oficial del Estado— con esa propuesta de nombramiento. 

Tres magistrados progresistas del Constitucional —Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez— solicitaron “verbalmente” en la sesión ordinaria del pasado miércoles la celebración de un pleno con carácter inmediato para llevar a cabo el citado examen de idoneidad, que consiste en verificar si los nombres propuestos por el Gobierno cumplen con los requisitos exigidos por la ley. Aunque no hubo una votación como tal, el presidente sí “pulsó” la opinión de los miembros del pleno. Los otros ocho magistrados —seis conservadores y dos progresistas— no respaldaron la convocatoria inmediata. 

Los tres magistrados que propusieron ese pleno consideran que el presidente, Pedro González-Trevijano, debió convocarlo en virtud del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional. El artículo 4 de ese texto legal establece que “el presidente convocará el pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados”. Algunas voces progresistas del Constitucional consideran que hubo un “incumplimiento” del citado reglamento porque el presidente se negó a convocar esta sesión extraordinaria. Otras voces de este mismo bloque no van tan lejos. 

En el sector conservador rechazan que se diera ese incumplimiento e insisten en que no hubo negativa a celebrar ese pleno, y adelantan que tendrá lugar una vez que el CGPJ aclare si nombrará o no a sus candidatos. Es decir, a partir del 22 de diciembre. Insisten en que aunque haya una petición de al menos tres vocales, el presidente tiene la potestad para elegir cuándo se convocan los plenos siempre que lo haga dentro de un plazo “razonable”. 

Además, afirman que es habitual que en la elección de magistrados para el Constitucional del tercio que corresponde al Gobierno y al CGPJ ambas instituciones no estén totalmente acompasadas. Estas fuentes aseguran que en tres de las cuatro designaciones de este turno que ha habido durante el período democrático hubo un margen de entre 15 y 25 días entre los nombramientos del Gobierno y los del CGPJ. En la cuarta ocasión ese período se alargó durante dos meses y medio. 

Una mayoría progresista

La renovación que intenta llevar a cabo el Gobierno sin esperar al CGPJ tendrá como consecuencia, si se lleva a cabo, la inversión de las proporciones dentro del pleno del tribunal de garantías. La salida de dos magistrados conservadores como Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez para dar entrada a dos de perfil progresista, Juan Carlos Campo y Laura Díez, desembocará en una mayoría progresista que el Constitucional no vive desde hace más de una década. 

Todo esto mientras el tribunal tiene pendientes de resolución algunos de los asuntos de mayor relevancia pública de los últimos años y en sus manos decidir sobre algunas de las leyes más importantes de esta legislatura. Entre ellos está el recurso que el PP interpuso contra la Ley del Aborto hace más de diez años o los recursos de la oposición contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la Ley de Eutanasia o la Ley Celaá de educación. También están pendientes de resolución asuntos como la retirada del escaño al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez o la votación errónea de Alberto Casero que posibilitó la aprobación de la reforma laboral.