El PSOE y Junts estudian incluir a los policías encausados por las cargas del 1-O en la amnistía al procés

Mientras Alberto Núñez Feijóo intenta rellenar el vacío político que supone afrontar dentro de un mes una investidura que a todas luces será fallida, el PSOE y Junts avanzan de manera lenta y sigilosa hacia un intento de acuerdo para volver a hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Y en el centro de las negociaciones está ya la ley de amnistía que exige el independentismo catalán y que, según fuentes al tanto de esa negociación consultadas por este periódico, incluiría a los policías nacionales encausados por las cargas del 1-O. 

La clave de bóveda de esa negociación entre los socialistas y el partido del expresident Carles Puigdemont es precisamente ese carpetazo judicial a las cuentas pendientes de cientos de acusados en el denominado procés de Catalunya, que engloba desde la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre hasta la declaración unilateral de independencia, pasando por los altercados callejeros. 

Sin querer ofrecer detalles del alcance de esa amnistía y sin ni siquiera dar por válido ese término, en el PSOE sí admiten que ese es el horizonte de las conversaciones con los de Puigdemont. “Parece claro que la sociedad catalana apuesta claramente por el reencuentro y mantendremos la coherencia con lo que hemos venido haciendo. El diálogo es el método y la Constitución es el marco”, se limitó a responder Pedro Sánchez a preguntas de los periodistas sobre una posible amnistía en su comparecencia en la Moncloa tras la ronda de contactos con el rey. 

Esa puerta entreabierta que dejó el presidente del Gobierno en funciones ya tiene traslación en las conversaciones entre el PSOE y Junts que abordan el alcance y los términos de esa amnistía. Según fuentes de la negociación consultadas por elDiario.es, de ese olvido legal de los presuntos delitos cometidos en el marco del procés se beneficiarán también los policías nacionales encausados por las cargas en los centros de votación de aquel 1 de octubre de 2017. 

La propuesta de incluir a los agentes habría partido de la parte socialista de la negociación pero contaría ya con el visto bueno de los de Carles Puigdemont, que asumen que a la hora de proceder a amnistiar un determinado conflicto político no se puede abordar únicamente desde una de las partes. 

La inclusión de esos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado ayudaría además al Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de trasladar al conjunto de la opinión pública una medida de tanto calado político y judicial y que a buen seguro contará con altas dosis de rechazo, principalmente por parte de los sectores más conservadores. 

La propuesta de incluir a los policías también cuenta con el respaldo del socio de Gobierno del PSOE. Desde Sumar, el exdiputado y dirigente de En Comú, Jaume Asens, al que Yolanda Díaz encomendó entablar contactos con Carles Puigdemont, apoyó expresamente la inclusión de los agentes en una entrevista reciente en El País. “En el otro lado hay, por ejemplo, decenas de policías imputados por las cargas del 1-O. Normalmente las amnistías afectan a todas las partes del conflicto. El límite son los crímenes de lesa humanidad y no los hubo”, afirmó.

También la propia Díaz se ha sumado a esta tesis. En una entrevista en el primer canal de RTVE, la vicepresidenta en funciones afirmó que los supuestos para acogerse a una ley de perdón eran múltiples: “Hay personas que han puesto urnas, hay agentes de la autoridad que también están encausados por diferentes comportamientos”, destacó, para a continuación destacar la “absoluta constitucionalidad” de una ley de esta naturaleza.

Organizaciones sindicales de la Policía, como JUPOL y SUP, reaccionaron a esa propuesta de la líder de Sumar para rechazar una medida que equipare a los agentes enjuiciados con los independentistas. “Es indecente que el Gobierno de España pretenda equiparar la actuación policial con la de los delincuentes que participaron en un intento de golpe de Estado en Catalunya”, criticaron en JUPOL, sindicato próximo a la extrema derecha. Desde el SUP también exigieron al Ejecutivo que no se les use “como parapeto para justificar una amnistía a políticos independentistas condenados por sedición u otros delitos”.

Una cincuentena de policías procesados por el 1-O

Cuando están a punto de cumplirse los seis años de los hechos de octubre de 2017, en los juzgados catalanes continúa habiendo dos causas contra agentes por su actuación durante la jornada de votación del 1 de octubre. La principal acabó su fase de instrucción en enero pasado, tras una complicada investigación del juez Francisco Miralles, que acabó enviando a juicio a 45 policías nacionales por sus intervenciones contra votantes en las escuelas, a la vez que archivaba la causa contra otros 20.

En principio los 45 agentes están procesados por lesiones, pero el magistrado dejó la puerta abierta a que los heridos pudieran presentar también acusaciones por torturas o delito contra la integridad moral. La Fiscalía pidió en 2019 el archivo del caso para todos los agentes investigados salvo para seis uniformados, pero el magistrado lo rechazó. 

Sin embargo, a lo largo de cinco años de investigación el instructor no ha sido capaz de determinar si existió una orden directa del Ministerio del Interior, entonces en manos del PP, para actuar con violencia en los colegios. Ninguno de los agentes investigados, ni tampoco los mandos policiales y políticos que han testificado, han permitido saber cuándo se decidió actuar en los colegios o por qué las cargas cesaron al mediodía

En paralelo a este caso, el magistrado ya procesó a otras tres personas, en una causa aparte: dos mandos policiales y un escopetero, los tres acusados de reventar el ojo a Roger Español por el impacto de una bala de goma. Fue la lesión más grave de entre las decenas que causaron los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil aquel día. El juez también sentó a la víctima en el banquillo por lanzar una valla a los agentes.

Un debate, también dentro del independentismo

La posibilidad de que los policías que son objeto de investigación judicial por su actuación durante aquellos días fuesen incluidos también como beneficiarios de una posible amnistía siempre ha entrado dentro de los debates en torno a esta iniciativa. Incluso en la propuesta inicial en la que trabajaron los partidos independentistas junto a Òmnium se incluía en un primer momento la posibilidad de que los agentes también quedasen exculpados, pese a que finalmente la propuesta cayó del texto que acabó llegando al Congreso.

Pese a que algunos independentistas se han pronunciado en contra en los últimos días, la postura de indultar también a los policías tuvo defensores entre las propias filas secesionistas cuando se inició el debate, en el año 2020. Por ejemplo, el catedrático de derecho penal Joan Queralt, hoy senador de ERC, defendía la posibilidad de introducir a los agentes entre los beneficiados, dado que el objetivo era dejar el contador a cero.

Varios juristas de prestigio han defendido en las últimas semanas que una ley de amnistía podría ser constitucional, incluyendo a Juan Antonio Xiol, exvicepresidente del Tribunal Constitucional. También en las páginas de este diario se ha manifestado en esta misma línea Juan Luís Requejo Pagés, uno de los mayores expertos en la figura de la amnistía, quien además ha añadido que la norma debe contemplar también a los policías. “En términos constitucionales, la diferencia entre quienes han pretendido acabar con el Estado y quienes han podido excederse en su defensa es tan notable que resultaría grotesco que sólo estos últimos fueran sancionados”, defendió el experto.