El PSOE reclama al independentismo un pacto para toda la legislatura y ya prepara los Presupuestos de 2024

No un acuerdo político que se circunscriba a la investidura sino que abarque toda la legislatura. En la negociación para la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el PSOE exige a sus potenciales socios parlamentarios garantizar la estabilidad de otro mandato de cuatro años con, al menos, la aprobación de tres Presupuestos Generales del Estado. Y con ese horizonte los socialistas, vía Ministerio de Hacienda, trabajan ya en la elaboración de las cuentas para el próximo año. 

Las negociaciones entre los de Sánchez y los partidos cuyo apoyo resulta imprescindible se han desarrollado desde hace semanas alejadas de los focos, mientras Alberto Núñez Feijóo afrontaba el largo mes como candidato a una investidura sin opciones. Y, aunque según todas las fuentes consultadas, esas negociaciones aún se encuentran lejos de su fase final, ya hay elementos muy concretos que han sido fijados de antemano por cada una de las partes. Uno de ellos, la demanda del PSOE de un acuerdo a cuatro años vista blindado de futuras turbulencias políticas en el seno de la propia política catalana, con elecciones autonómicas previstas en 2025.

Hay partidos que no solo han aceptado de buen grado esa demanda sino que la han hecho suya, como el PNV. “Queremos hablar de la investidura y de la legislatura”, dijo esta semana el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, que añadió: “Me da la sensación de que Junts también quiere hablar de legislatura”. Los de Ortuzar, que han estado recientemente reunidos con Carles Puigdemont, gozan de una reconocida ascendencia respecto al independentismo catalán, en general, y respecto a Junts, en particular. Y esa influencia también sirve de baza al Partido Socialista en una negociación compleja como pocas. 

Por esa dificultad, los contactos del PSOE son especialmente intensos y constantes con Junts. Para obtener sus siete votos en el Congreso, Sánchez necesita que el expresident Carles Puigdemont, reclamado por la justicia española por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia, afronte un viraje personal y político de primer orden que le lleve a pasar del bloqueo a la negociación y de la ruptura, a la colaboración en la gobernabilidad del estado. Y por eso todo el mundo en Ferraz se anda con pies de plomo antes de dar nada por hecho.

Fin de la unilateralidad

Asumido el camino de la amnistía, los socialistas requieren a sus interlocutores que dicha senda, no exenta de riesgos y que será a buen seguro turbulenta para el PSOE, no se transite en ningún caso en mitad de un ambiente de intento de humillación por ninguna de las dos partes. Con esa premisa el PSOE reclama que desde el seno del independentismo catalán también se produzcan pasos equiparables al de la dimensión que se dispone a dar Pedro Sánchez. Es decir, que de una manera más o menos explícita, la amnistía se vea correspondida con un posicionamiento público de Carles Puigdemont en el que destierre cualquier atisbo de unilateralidad. 

En realidad, esa demanda no es nueva y ya se concretó justo en los términos de rechazo a la vía unilateral en el caso de ERC cuando el Gobierno afrontó los indultos. En una carta publicada en el Diario Ara y en la Sexta, Oriol Junqueras lo expresó así respecto a un referéndum: “Hoy seguimos creyendo que la mejor vía para hacerlo, como siempre hemos defendido, es la vía escocesa. La vía del pacto y el acuerdo, la vía del referéndum acordado. Otras vías no son viables ni deseables”. 

El deseo del PSOE es que ahora Puigdemont dé un paso equivalente al de Junqueras que ayude al Gobierno a sustentar ante el conjunto de la sociedad española una medida de la que renegaba hasta hace apenas un par de meses y para la que el propio Sánchez ha empezado a preparar el terreno. “La crisis política nunca tuvo que derivar en la justicia, lo que he hecho desde entonces es tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política”, dijo ante los medios esta semana durante su visita a Nueva York para la asamblea de la ONU. 

El camino de Sánchez hacia la amnistía

Sin mencionarla, Sánchez esbozó en esa misma comparecencia los primeros argumentos de defensa de la amnistía. “Tomamos las riendas de este país en 2018 con una sociedad que estaba traumatizada por un desgarro y una crisis institucional y constitucional como no se había vivido en 40 años y los resultados son visibles y nos avalan. La ciudadanía ha dicho sí a la política del reencuentro con decisiones arriesgadas y, a veces, hasta incomprendidas. Cuando digo que voy a ser coherente con la política de normalización que he hecho en Catalunya, estoy diciendo mucho”, avanzó. 

En cuanto pase el intento de investidura de Feijóo, será el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones quien, en primera persona, se vuelque durante semanas en la explicación y defensa de una ley de amnistía que se llamará como tal pero que, según fuentes de la negociación, tendrá un “apellido” largo que traslade la dimensión y el espíritu del acuerdo. “No se trata de anular los delitos que existieron, se trata de escribir una nueva página que deje atrás el conflicto y abra una etapa de entendimiento para varias generaciones entre Catalunya y el resto de España”, sostienen en el PSOE. 

La idea es que el primer paso de ese despliegue de “pedagogía” política se parezca mucho al que también se llevó a cabo con los indultos, anunciados en un gran acto en el emblemático Liceu de Barcelona ante representantes de la sociedad civil, política y económica catalanas. Una escenografía que podría volver a repetirse en el caso de la amnistía. En su defensa, Sánchez hará bandera de que el acuerdo estará siempre enmarcado en los límites de la Constitución, por lo que la idea de un referéndum de autodeterminación es una línea roja para los socialistas que ya conocen sus interlocutores independentistas.

Los plazos del acuerdo

Sobre los plazos también se extrema la prudencia a ambos lados de la negociación, aunque hay quien sostiene en el PSOE que quizás octubre, una fecha barajada hace algunas semanas pero que cuenta con algunos días señalados como el aniversario del referéndum o el desfile militar del día 12, resulte precipitado y, por tanto, la investidura pueda llegar a adentrarse en los primeros días de noviembre. 

En cualquier caso, los socialistas se han encargado de aclarar que el denominado “pago por adelantado” que exige Junts en sus negociaciones y que se ha plasmado en acuerdos como el de las lenguas cooficiales, en el caso de la amnistía tendrá sus límites. Ese acuerdo, que se tramitará en el Congreso vía Proposición de Ley, estará calificado por la Mesa y tomado en consideración por el Pleno, pero en ningún caso verá finalizada su tramitación parlamentaria antes de la investidura. 

Siempre en el caso de que se acabe plasmando el acuerdo que todas las partes a día de hoy esperan, esa Proposición de Ley sería presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios de los socios de Gobierno de coalición, PSOE y Sumar. En esa redacción de la iniciativa legislativa, que requiere de un amplio apartado de exposición de motivos, trabajan juristas de uno y otro equipo, tal y como avanzó este periódico, y se mira con lupa cada palabra en busca de garantías jurídicas dando por descontado que el texto será recurrido al Tribunal Constitucional por la derecha. Dependiendo de cómo resultase esa redacción final, los grupos parlamentarios de ERC y Junts podrían valorar sumarse o no a esa firma conjunta. 

ERC intenta sacar la cabeza

Los acercamientos poco disimulados entre el PSOE y Junts han generado recelos en ERC, que ve cómo esta legislatura podría dejar de ser el partido catalán con más ascendente en el Gobierno. Ante esto, la estrategia de los de Oriol Junqueras ha sido apretar el acelerador y remarcar que sus condiciones para negociar van más allá de la amnistía, que ya prevén que será uno de los platos fuertes del pacto que cierre Pedro Sánchez con Carles Puigdemont.

Junqueras ha pasado la semana insistiendo en que ERC ya cerró un acuerdo que incluía la amnistía con el PSOE. Lo hace aludiendo al pacto que suscribieron socialistas y republicanos para la Mesa del Congreso, que incluía un apartado donde los primeros se comprometían a resolver las causas judiciales derivadas del procés por “las vías legales necesarias”.

“Es evidente que la amnistía es una vía legal y es necesaria. Por eso nosotros damos por descontada la amnistía”, dijo Junqueras el pasado miércoles, en una comparecencia en la que recordó que las detenciones del procés comenzaron por su despacho y entre sus colaboradores más cercanos, que eran los encargados de preparar el referéndum.

Desde Sumar, la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz ha rebatido esta argumentación, advirtiendo que no se dé la amnistía por hecha hasta que la negociación no se culmine. Sin embargo, Pedro Sánchez fue cuidadoso de no desmentir –pero tampoco confirmar– la afirmación de Junqueras.

Gracias a este intercambio de opiniones, ERC ha conseguido sacar la cabeza como actor en la negociación. Pero los republicanos son conscientes de que el foco está sobre Junts y de que en las próximas semanas nada apunta a que las cosas sean diferentes.