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Sánchez frena nombramientos de altos cargos en ministerios para incluir más mujeres en la segunda línea del Gobierno

Iñigo Aduriz

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En plena reestructuración del nuevo Gobierno, su máximo responsable, Pedro Sánchez, ha dado un toque de atención a sus ministros. Según ha podido confirmar elDiario.es de distintas fuentes, en los últimos días el presidente del Ejecutivo ha frenado algunas designaciones planteadas por sus ministros para la segunda línea del Gobierno, la que forman las secretarías de Estado y las direcciones generales. Lo ha hecho tras detectar una descompensación en esos nuevos nombramientos, en los que el número de hombres supera al de mujeres.

Sánchez quiere que sus ministros tengan en cuenta en todos los nombramientos que se realicen el principio de paridad que asume y reivindica el Ejecutivo de coalición progresista. Y ha pedido expresamente que haya más mujeres en esos puestos de responsabilidad.

El recién estrenado Gobierno tiene como uno de sus grandes objetivos consolidar a España como “un referente feminista”. Lo explicó Sánchez durante la sesión de investidura de mediados de noviembre y así figura también en el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar. En el texto, ambas fuerzas se comprometen a impulsar “la paridad en los ámbitos políticos, administrativos y empresariales, aprobando la ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres” que ya se aprobó en Consejo de Ministros en mayo, que incluso llegó al Congreso de los Diputados pero que acabó decayendo por el adelanto electoral. 

Desde que tomaron posesión de sus cargos el pasado 21 de noviembre el Gobierno lo forman 12 ministras y diez ministros, un reparto que encaja con ese compromiso plasmado negro sobre blanco por los dos socios del Ejecutivo. Pero cuando los miembros del Gabinete se han puesto a elegir a sus respectivos equipos, Sánchez ha percibido que no se estaba cumpliendo con esa paridad. Como ejemplo, en el primer Consejo de Ministros de la legislatura, el que tuvo lugar el 22 de noviembre, se designaron los jefes de Gabinete de cada uno de los ministros así como otros directores generales. De ellos 13 fueron hombres y solo siete mujeres.

Esta misma semana se eligieron además algunos secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales o embajadores, de los que 28 fueron hombres y 21 mujeres. Centrando la atención únicamente en el cuerpo diplomático, el Consejo de Ministros nombró a ocho embajadores y a solo cuatro embajadoras, la mitad. Ante este escenario Sánchez ha decidido ampliar el plazo para que sus ministros sigan cerrando las estructuras de sus respectivos departamentos.

Cumplir con la Agenda 2030 en materia de Igualdad

Aún quedan secretarías de Estado y numerosas direcciones generales por ocupar y el presidente del Gobierno quiere que en esos puestos aún vacantes haya una mayor presencia de mujeres para equipararlo al número de hombres, en estos momentos predominante en esa segunda escala del poder ejecutivo: de los ya elegidos, hay 12 secretarios de Estado y seis secretarias. Este diario ha podido saber de fuentes gubernamentales que distintos ministros y ministras se encuentran por ello repensando la configuración inicial de sus equipos para adaptarlos a la petición de su máximo jefe.

Fue el pasado mayo, en una de sus últimas reuniones antes del adelanto electoral de las generales y de la disolución de las Cortes, cuando el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el proyecto de Ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión. El objetivo de la norma que acabó decayendo por las elecciones del 23J era “garantizar la paridad en la política, la administración y las empresas, ampliando su alcance a los órganos constitucionales y de relevancia constitucional”.

“La norma tiene como meta cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, basado en garantizar a las mujeres y niñas 'las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles'”, explicó entonces el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. El texto que pretende retomarse en el inicio de la recién estrenada legislatura extendía además los objetivos de paridad y participación equilibrada, garantizando que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Ese proyecto, además, ampliaba su alcance a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en el ámbito político y se dispone a modificar la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las listas cremallera (candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa) en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.

Aplicar la paridad desde ya

Pero en el proyecto aprobado en mayo ya se establecía que en el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio se debía incorporar también este principio de paridad. El texto fijó un plazo de cinco años para cumplir con la igualdad y extendía la obligación a todas las entidades del sector público estatal. Sánchez, sin embargo, quiere que el nuevo Ejecutivo lo tenga en cuenta desde ya.

Además, el proyecto de ley incorporó el mencionado principio de representación equilibrada a distintos ámbitos de la sociedad civil, especialmente el empresarial. Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras).

La norma impulsada por el Gobierno estableció que los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones de euros deberán tener una composición acorde con este principio, de modo que el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo. Para lograrlo, deberán adaptarse los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo.

El Gobierno quiere además que el principio de representación equilibrada se cumpla también en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, que además deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo. También deberá cumplirse en tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal o cuando sean presididos por representantes de aquéllas.