Sánchez prepara al Gobierno para pasar a la ofensiva y aguantar la legislatura de la guerra total de las derechas

La retirada de las tropas de Irak, esa medida simbólica que ansiaba la coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para inaugurar la legislatura, fue la revalorización de las pensiones para tratar de contentar a un colectivo de 10 millones de personas, que acumulan dos años de protestas en la calle. Esos subsidios cuya subida limitó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 a un 0,25% e hizo perder poder adquisitivo a los jubilados todos estos años, crecerán este año un 0,9% y en caso de que el IPC suba más, tendrán una compensación en forma de paga antes de abril de 2021.

La promesa de subir el salario mínimo –hasta los 1.200 euros al final del mandato– se mantiene como compromiso del nuevo Gobierno pero no hay un plazo fijado para el primer incremento, que será gradual. En el debut del Consejo de Ministros, Pablo Iglesias se sentó a la izquierda del presidente pero no se quedó a la rueda de prensa posterior, donde sí estaban Carmen Calvo; Isabel Celaá como portavoz saliente; María Jesús Montero, como futura voz del Gobierno; y el personal del gabinete de Sánchez, incluido su spin doctor, Iván Redondo, ya con funciones ampliadas: en la era que comienza la comunicación pasa a depender directamente de él.

Sánchez ha diseñado un Gobierno con 22 carteras: cinco de ellas en manos de Unidas Podemos además de la vicepresidencia de Iglesias y dos perfiles de orden –al frente de la vicepresidencia económica, Nadia Calviño, y José Luis Escrivá en Seguridad Social– de esos que no incomodan ni a Bruselas ni a los poderes económicos. El presidente pidió a todos ponerse “manos a la obra para recuperar el tiempo perdido”, defendió “el orgullo” que siente por la recién estrenada coalición y subrayó que todos los dirigentes con cartera forman un único gobierno, independientemente de las siglas de origen.

Y mandó el mensaje de que su Gobierno –pese a su escuálida mayoría parlamentaria– agotará el mandato. “1.400 días, 200 semanas”, dijo para tratar de que se haga a la idea esa oposición que ansía que la legislatura acabe cuanto antes.

Los primeros movimientos del Ejecutivo denotan que Sánchez no quiere un gabinete a la defensiva y menos vista la guerra total que anuncian las tres derechas: en la calle, en el Congreso, en los tribunales y desde algunos medios de comunicación afines. El presidente ha tocado incluso la fecha de los Consejos de Ministros que todos los gobiernos recientes han celebrado los viernes para colocarlos los martes. “Las reuniones serán al principio y no al final de la semana”, ha dicho Sánchez, que anunció “métodos de funcionamiento más dinámicos que permitan anticipar los acontecimientos y responder a los problemas con premura”.

La reunión del Consejo de Ministros y su rueda de prensa posterior es la principal herramienta de comunicación del Gobierno: sirve para publicitar sus proyectos e inversiones y garantiza titulares de prensa y minutos en las televisiones. A partir de ahora, la cara del Ejecutivo en esas comparecencias será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un perfil más amable que el de Isabel Celáa. Montero ha salido bien parada de los debates electorales y tiene buena relación con la prensa y complicidades varias con los dirigentes de Unidas Podemos.

Esa es una de las principales novedades en el ámbito de la comunicación, un apartado al que Sánchez concede una importancia capital. Su obsesión por controlar el mensaje en un gobierno con perfiles y partidos distintos le llevó primero a hacer firmar a sus socios un protocolo que obliga a que todos los anuncios desde los distintos ministerios han de pasar antes por la Secretaría de Estado de Comunicación, que de momento dirige el periodista Miguel Ángel Oliver. Y este martes se conoció que esa área, la de las relaciones con la prensa, pasa a depender directamente de su hombre de confianza en el gabinete, Iván Redondo.

Sánchez hizo además propósito de enmienda y entonó un ligero mea culpa ante los periodistas tras más de un año sin celebrar ruedas de prensa abiertas y sin límite de preguntas. “La etapa que hemos dejado atrás ha sido una etapa peculiar, compleja porque las deliberaciones y las negociaciones exigen una prudencia y discreción y esa prioridad casa mal con la obligación que tienen ustedes de informar”, dijo para tratar de justificar los límites de su gobierno a las preguntas de la prensa.

Ahora que ha dejado atrás ese apellido de “en funciones”, Sánchez promete cambiar esas dinámicas dentro de una estrategia que permita al Gobierno recuperar la iniciativa, tras semanas de ataques despiadados desde la oposición y un sector de la prensa conservadora a la coalición, antes incluso de que esta echase a andar.

Sánchez quiso distinguir entre las tres derechas. Sin mucha convicción, tendió la mano al PP para sacar adelante renovaciones de órganos clave como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo que exigen de mayorías reforzadas en el Congreso, obvió a Ciudadanos, que con 10 diputados se ha convertido en una fuerza testimonial, y también ignoró a Vox. Pero sí lanzó el aviso de que ningún ataque logrará frenar la acción del Gobierno. “Antes me llamaban okupa. Ahora discuten nuestra legitimidad. Nos sentimos plenamente legitimados como Gobierno. Les pedimos que reconozcan el resultado de las elecciones. Intentaron bloquear la política y ahora quieren bloquear la justicia. Tiene que haber una renovación, que es lo que necesitan las instituciones como el Poder Judicial”, declaró.

Ese mensaje es el que inspira algunas de sus últimas y controvertidas decisiones, incluido el insólito nombramiento de la ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado, que ha motivado críticas de las asociaciones judiciales y de fiscales y al que el PP y Vox han respondido con recursos e incluso denuncias en la vía penal. “La oposición no está en contra de este nombramiento, está en contra todos los nombramientos, incluso de aquellos que no conoce, porque ha decidido bloquear la renovación del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial”.

Visto que Pablo Casado pidió ya su dimisión la misma noche electoral del 10 de noviembre y que la oposición juega con la idea de que se trata de un gobierno ilegítimo e incluso le acusa de romper España, Sánchez ha decidido apostar en la Fiscalía General del Estado por una persona de su confianza, después de considerar fracasada su anterior apuesta (y también de Delgado) de colocar a María José Segarra al frente de la institución.

En el núcleo de Sánchez cunde la idea de que la Fiscalía ha estado sin dirección durante el último año y medio y que ese vacío de poder lo han aprovechado algunos miembros destacados de la carrera con puestos importantes en el Supremo y la Audiencia Nacional para ir por libre sin que nadie velase por la unidad de acción que exige el Estatuto de la Fiscalía. La última prueba de todo esto, sostienen, ha sido la respuesta del Ministerio Público a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le asestó un varapalo al Supremo y a la propia Fiscalía al considerar que se debió preservar la inmunidad de Junqueras como eurodiputado. El escrito de la Fiscalía se remitió dos horas y media después de que se recibiese la sentencia del tribunal europeo.

Sánchez y su entorno defienden que el tiempo y los tribunales han dado la razón al Ministerio de Justicia que, a través de la Abogacía del Estado, decidió acusar por sedición a los dirigentes independentistas y se posicionó a favor de la inmunidad de Junqueras, a diferencia de lo que hizo la Fiscalía, que ha fracasado tanto en Luxemburgo como en el Tribunal Supremo.

Así que han decidido afrontar el chaparrón de críticas por el nombramiento de Delgado, cuyas decisiones van a estar ahora bajo sospecha durante todo su mandato, a pesar de que el presidente considera su nombramiento “impecable” y de que la exministra ha dicho que Sánchez le ha pedido mantener la independencia de la institución. En el fondo, la polémica designación –que todavía deber examinar el Congreso previa consulta al Consejo General del Poder Judicial– trata de enviar señales de que el Gobierno en funciones se ha acabado para dar paso a un gobierno fuerte dispuesto a dar todas las batallas que planteen las derechas.