Sánchez mantiene su apuesta de país con ERC como socio preferente

A los políticos les pasa un poco como a los actores, que en ocasiones pueden resultar poco creíbles en los papeles que interpretan. O se exceden o no llegan. De ahí que la política sea cada vez más un juego de representaciones en el que a menudo gana quien consigue la empatía que se propone, y pierde quien se excede en la impostura. Todo es cuestión de encontrar la dosis adecuada en el arte de la persuasión, sobre todo en un momento en el que, aquí en España, la proximidad electoral empieza a complicar la estabilidad del Gobierno. El ciclo empieza en dos meses con las andaluzas, seguidas de municipales y autonómicas en un año y, seis meses después, las generales. 

Hasta entonces, en el reparto de papeles asignados en el escándalo Pegasus cuesta aún adivinar quién se llevará el aplauso de la crítica: si el independentismo catalán, que hoy representa el papel de víctima por haber sido espiado desde el CNI, o si será el Gobierno, que tendrá que demostrar que nada tuvo que ver con el espionaje y si éste se hizo o no dentro del Estado Derecho. Luego, hay otros actores que entran o salen de la escena con alguna excusa argumental o sólo para montar bulla, pero que poco aportan al desarrollo de la trama principal, como bien demostró Hitchcock con los macGuffin. 

El caso es que han pasado ya quince días desde que Citizen Lab, un grupo de estudio canadiense sobre ciberseguridad, reveló el espionaje de al menos 60 líderes políticos y sociales del independentismo y el Gobierno no ha logrado aplacar la indignación de los independentistas. Ni con la apertura de una investigación interna en el CNI, ni con un cambio de mayorías para desbloquear la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales, ni con el anuncio de una comparecencia de la titular de Defensa que tendrá lugar el próximo miércoles. La Generalitat ha ido subiendo el tono hasta pedir la cabeza de la ministra Margarita Robles por una intervención en el Congreso de los Diputados en la que vino a justificar el espionaje.

“Esto no se soluciona con una reunión. Alguien debe asumir responsabilidades y es el Gobierno el que debe decidir el nivel. La confianza en estos momentos es cero. A partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno, decidiremos qué pasará con el resto de la legislatura”, defendía el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

“Nos hemos comido un marrón que no nos corresponde. Ni ordenamos el espionaje ni hemos sido beneficiarios”, responde un ministro de Sánchez que considera que es a la directora del CNI “a quien compete explicar” los detalles del caso Pegasus. Y añade, rotundo, en conversación con elDiario.es: “Nadie del Gobierno ha tenido jamás acceso a una conversación del mundo independentista”.

El azar o los tiempos legislativos han hecho que el escándalo coincida con la convalidación en el Parlamento del decreto de las medidas contra el impacto de la guerra aprobadas por el Gobierno, que incluían la rebaja de 2 céntimos por litro de gasolina, ayudas directas a pescadores, agricultores y transportistas, un aumento del 15% del ingreso mínimo vital o una prórroga en la rebaja del IVA de la electricidad. Y, aunque una cuestión poco tiene que ver con la otra, como en política todo se mezcla el resultado ha sido que ERC, socio habitual pero inestable del Gobierno, se ha desmarcado del bloque de investidura y ha situado a Sánchez en uno de los momentos más complicados de la Legislatura. Aún así el Gobierno logró su objetivo de aprobar el plan anticrisis gracias al apoyo de Bildu y el PDeCAT, cuyos diputados también habían sido espiados con el sistema Pegasus. ERC, por su parte, votó en contra tras pregonar su indignación, pero no se le podrá reprochar que provocara una derrota que habría ensanchado sin duda la crisis entre La Moncloa y la Generalitat y, seguramente, facilitado el relato de la derecha de un inminente final de Legislatura. 

¿Reparto de papeles con Bildu?

Si hubo o no un reparto de papeles entre Bildu y los republicanos para que no decayera el texto solo lo saben sus líderes. Aragonès lo niega en la entrevista que hoy mismo publica elDiario.es, pero lo cierto es que entre La Moncloa y la Generalitat no hay ruptura porque siguen abiertos los canales de comunicación y porque, como dicen fuentes gubernamentales, “si ERC hubiera querido romper lo hubiera hecho hace días”. No les une el amor, sino el espanto, que diría Borges y repite Rufián de cuando en cuando.

Su decisión de votar contra el decreto obligó, eso sí, a los socialistas a arañar hasta el último voto e incluso a explorar la posibilidad de que el PP apoyara el texto, lo que ha dado lugar a todo tipo de análisis sobre un final de mandato no exento de sobresaltos y un Sánchez con serias dificultades para sacar adelante su plan legislativo si no es capaz de restablecer la confianza quebrada.

¿Vienen curvas? El Gobierno admite que vendrán, sin duda; que hay un problema entre socios parlamentarios “que hay que gestionar cuanto antes” y que la solución no es otra más que el “diálogo”. Los mismos interlocutores niegan que haya intranquilidad en La Moncloa y aseguran que el hecho de que el decreto saliera adelante solo por cuatro votos “debiera no avergonzar al Ejecutivo, sino a los diputados que votaron en contra” dada la trascendencia de las medidas y el alivio que suponen para las economías domésticas y los colectivos más perjudicados por la subida de los precios como consecuencia de la guerra. Con todo, admiten que la votación llegó en el peor momento posible: con la crisis Pegasus de por medio y con un PP de Feijóo que ha demostrado, aunque pregone lo contrario, “ser lo mismo que Casado”. 

“El Partido Popular [añaden fuentes socialistas] sueña con que el Gobierno tenga dificultades, y le pudo más esa tentación que ayudar a los ciudadanos a sortear las consecuencias de la crisis provocada por la guerra”. La decisión de la nueva dirección del PP de pasar de una posible abstención al no sorprendió también a los propios, donde aún no se entiende la instrucción de un líder que si algo buscaba en esta primera andadura era proyectar una imagen de moderación y desmarcarse de la estrategia de su antecesor del “no a todo”.

Olona envenena los sueños del PP

“Ha desaprovechado una oportunidad y no le quedan muchas”, añaden desde el PSOE, donde ya han pasado a la ofensiva contra Feijóo y utilizarán su “no” a las ayudas para agricultores, ganaderos y transportistas en la campaña electoral de las elecciones andaluzas que se celebrarán el 19 de junio. Quizá haya sido, especulan en el propio PP, la confirmación de Macarena Olona como candidata por Vox a las andaluzas lo que motivó a la nueva dirección popular a optar por el “no” para que sus competidores no les acusen en campaña de acercarse al PSOE y vuelvan otra vez con la cantinela de “la derechita cobarde”. Olona es el nombre que esta semana, sin duda, ha envenenado los sueños de un PP que sigue fuerte en los sondeos pero que con ella puede ver cómo se aleja la posibilidad de gobernar, como pretende, en minoría.

Lo que está claro en el PSOE, pese a lo que barruntan sus socios de gobierno, es que Pedro Sánchez mantiene su apuesta de país con ERC como socio prioritario y que confía en la investigación abierta por el CNI como solución al escándalo Pegasus. Algo que no tienen del todo claro en Unidas Podemos, un partido cuyos dirigentes se han alineado en todo momento con la indignación y la exigencia de responsabilidades que piden los republicanos y donde ven un acercamiento de Sánchez a la derecha de Feijóo. 

Su secretaria general, Ione Belarra, ha pedido de hecho que se rearticule con urgencia la mayoría plurinacional del Congreso y restablezca la confianza para “volver a marcar el paso de la legislatura desde las prioridades políticas propias de una agenda progresista”. E incluso ha llegado a decir que la coalición “se tensa y se pone en riesgo” cuando se “tiene la sensación de que se pisa el acelerador para llegar a acuerdos con la Casa Real y el PP” mientras se “frenan” proyectos como la Ley Trans o la nueva Ley de Familias.

Aumenta también la tensión con Podemos

Belarra sigue, como ERC, pidiendo responsabilidades a su propio Gobierno por el caso Pegasus mientras desde el entorno del presidente Sánchez defienden que la respuesta al escándalo del espionaje ha sido la que corresponde a una democracia: “Rapidez y transparencia para el esclarecimiento de los hechos”, esto es dar toda la información, pero donde la ley lo permita, que es en el marco de la Comisión de Secretos Oficiales, donde, dicen fuentes socialistas, su directora, Paz Esteban, dará a los grupos parlamentarios todas las explicaciones que le requieran, además del resultado de la investigación interna. Mientras esto llega, el equipo de Moncloa trata por diferentes cauces de convencer a sus socios de ERC de que se llegará hasta el fondo del asunto, pero también de que a dos meses de unas elecciones andaluzas, Sánchez no puede entregarles la cabeza de Robles. 

La brecha con los socios parlamentarios aumenta, la tensión con Unidas Podemos no ceja y el Gobierno está más cerca que nunca de perder votaciones en el Congreso y de afrontar la legislatura entre sobresalto y sobresalto por la falta de estabilidad. Pero los de Sánchez siguen viendo la botella medio llena: “La directora del CNI despejará todas las dudas sobre el espionaje; tenemos 20 millones de ocupados en el mercado laboral; el consumo va como un tiro; el turismo se recupera a niveles pre pandemia; la inflación empieza a bajar gracias a las medidas aprobadas por el Gobierno para subvencionar la gasolina y rebajar el recibo de la luz y el maldito virus está bajo control”. Todo bien.

La pregunta es si sus socios de gobierno, sus aliados parlamentarios y, sobre todo, los ciudadanos lo ven igual que en La Moncloa. No está muy claro.