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CRÓNICA

Sánchez toma oxígeno con la amnistía

Pedro Sánchez, el viernes, en el Palacio de la Moneda de Santiago (Chile).

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“Ahora que de casi todo hace veinte años”, que decía Gil de Biedma, el PSOE aprovecha para recordar que la estrategia de la derecha no es nueva, que siempre fue la misma, que da igual que estuvieran Aznar, Rajoy, Casado o Feijóo y que siempre que es un socialista quien ostenta la presidencia del Gobierno, la oposición del PP es igual de tremendista y virulenta. 

“El problema no es la amnistía sino Sánchez”, aseguran desde la Moncloa en una semana marcada, con permiso del caso Koldo, por el acuerdo entre el PSOE y los independentistas para aprobar la ley de amnistía. “Si de Zapatero criticaron hasta la UME”, la Unidad Militar de Emergencias cuya labor hoy reivindica todo el arco parlamentario, “¿cómo no van a cuestionar esto?”, se preguntan.

Y desde este convencimiento, el Gobierno se dispone en los próximos días, con motivo del XX aniversario de la primera victoria electoral de Zapatero, a reivindicar lo hecho por los gobiernos socialistas desde entonces hasta el acuerdo alcanzado para el olvido penal a los implicados en el proceso independentista. La amnistía ha pasado de ser un problema a una solución para un Gobierno que, desde las elecciones gallegas, no atravesaba por su mejor momento.

El presidente del Gobierno saca pecho porque cree que la aprobación de la ley permitirá que la legislatura llegue a término, pese a que la oposición –la de dentro y fuera del Parlamento– confía en que el Gobierno caerá más pronto que tarde. “Que pierdan toda esperanza”, responden en la Moncloa, donde tras salvar el trance del olvido penal que exigían sus socios parlamentarios para mantener el apoyo creen que “habrá mandato para largo”.

“Sé que a algunos se le van a hacer muy largos, pero así es la democracia”, se burló este viernes el propio Sánchez, quien se mostró convencido, además, de que logrará aprobar los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026. Los socialistas, que son muy dados a pasar de la depresión a la euforia sin apenas tránsito, no disimulan el ímpetu que les ha provocado el pacto de la amnistía y hablan de estabilidad, ignorando los sobresaltos y giros de guion a los que nos tiene acostumbrados la política. Y de ahí que la estrategia ahora sea pasar a la ofensiva y superar el decaimiento en el que hace una semana les sumió el caso Koldo y la negativa del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos a entregar su acta de diputado.

El principal artífice de la microcirugía jurídica que ha hecho posible la entente con Junts y ERC ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien pide valorar con la perspectiva del tiempo la norma para ver sus beneficios porque, a su juicio, no se trata sólo del olvido penal para los involucrados en el proceso independentista, sino de la reconciliación y la convivencia con Catalunya, algo que se verá con el tiempo. Dicho de otro modo: el objetivo es pasar página de uno de los asuntos más traumáticos de la historia reciente y que el independentismo vuelva al pragmatismo y la política institucional. “Poco se recuerda que Junts ha firmado una exposición de motivos en la que asume la Constitución y el Estado de Derecho”, añade un dirigente socialista.

A Bolaños, como al resto del Gobierno, ya le gustaría hablar más de becas, salarios, pensiones y sanidad pública porque entiende que la explicación de la ley que ha hecho posible la investidura de Sánchez “es compleja”, aunque añade a renglón seguido que también “es impecable conforme a todos los estándares europeos”. Y para justificar sus argumentos, se apoya en el último informe de la Comisión de Venecia, que defiende que “la separación de poderes no está en riesgo porque la última palabra la tendrán siempre los jueces, y que el principio de igualdad entre españoles no se ve afectado porque la finalidad de la ley es la reconciliación”.

Prueba de que el órgano consultivo de la Comisión Europea ha restado fuerza a la hiperbólica oposición del PP contra la norma es que la derecha esta semana ya no habla de la demolición del Estado de Derecho ni del fin de la democracia, sino que ahora trata de asociar amnistía a corrupción y se refiere a “una transacción corrupta” en referencia a los siete votos de Junts necesarios para la investidura de Sánchez. Ni el Gobierno ni Junts pudieron nunca imaginar que un informe solicitado por la mayoría popular del Senado al órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional se le volvería en contra a los de Feijóo y, además, serviría de pista de aterrizaje para el acuerdo entre socialistas e independentistas.

Claro que, en el giro argumental del PP, algo habrá tenido que ver también que durante la campaña de las elecciones gallegas los españoles conocieran por el propio Feijóo que él mismo estudió durante 24 horas la posibilidad de conceder una amnistía, que hubiera aprobado nuevos indultos de haber llegado a la Presidencia y, aunque esto no lo reconoció públicamente, también hubiera modulado la ofensiva política y judicial contra el independentismo. Ya se sabe que la derecha más que de una ley siempre fue partidaria de arreglar las cosas por la puerta de atrás, como certificó en 2018 el senador Ignacio Cosidó en aquel célebre mensaje de WhatsApp en el que afirmaba que el principio de pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con Manuel Marchena en la presidencia de la cúpula judicial, le iba a asegurar al PP el control “por detrás” de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pues eso.

Feijóo o cómo pinchar en hueso en Europa

Los socialistas entienden, en todo caso, que esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez recupera oxígeno tras el acuerdo con los independentistas y que el PP se ha quedado solo en Europa con su verbo inflamado. De hecho, Ursula Von der Leyen, cuya relación con Sánchez es inmejorable, ha evitado esta semana durante el congreso de los populares europeos en Bucarest, en contra de lo que pretendían los conservadores españoles, hacer la más mínima alusión directa o indirecta a la amnistía. Y, por el contrario, ha condenado con firmeza las políticas de la extrema derecha con la que el PP gobierna en España en más de 100 ayuntamientos y varias comunidades autónomas. 

Así que, cada vez que Feijóo viaja a Europa a predicar contra España, ya sea por la gestión de los fondos europeos o por la amnistía, pincha en hueso. De ahí que confíe ahora en que sean los jueces quienes puedan frenar la aplicación de la norma, algo que no contemplan los socialistas al haber “acotado el margen de interpretación” en la ley. Lo que dan por descontado en el Gobierno es la presentación de una cuestión prejudicial ante el TJUE que dilate los plazos inicialmente previstos y pueda alargar la aplicación hasta año y medio, según los cálculos de La Moncloa.

Esto ya es, sin embargo, una cuestión que escapa del control gubernamental porque “toda ley tiene cierto nivel de riesgo y margen para la interpretación, por lo que es imposible garantizar al 100% su aplicación en los términos previstos por el legislador”, advierten en el PSOE.

Cada vez es más evidente que la oposición a la ley saltará, después de que salga del Congreso, a la judicatura. Y que esta es una batalla que el Gobierno no ha podido garantizar a Junts que se vaya a ganar, pese a haber acotado el margen para la interpretación y suprimir toda referencia al Código Penal por los estándares europeos.

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