Sumar marca las primeras distancias con el PSOE en el nuevo Gobierno

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz escenificaron hace unos meses, en la presentación del acuerdo de coalición entre Sumar y PSOE, una nueva relación entre los socios del Gobierno, más cordial, con más entendimiento, decían, que en la etapa de Unidas Podemos. La vicepresidenta segunda repite frecuentemente que es necesario “cuidar” la coalición aunque esa voluntad no ha impedido que ella y su espacio político hayan planteado ya las primeras distancias con algunas de las medidas impulsadas por los socialistas.

El documento que rubricaron los dos líderes el 24 de octubre en el Museo Reina Sofía de Madrid contenía un compendio de medidas acordadas para la legislatura. Entre ellas, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), avanzar hacia la reducción de la jornada laboral o el aumento del parque público de vivienda. Fuera de ese papel quedaron, igual que ocurrió con Unidas Podemos en 2019, temas sin abordar en los que ambas formaciones mantienen posiciones diferentes y muchas veces enfrentadas. 

Uno de los primeros choques que Sumar marcó con los socialistas fue durante las negociaciones del decreto para la reforma del subsidio de desempleo. Ya a finales de noviembre, un mes después de que se conformara el nuevo Ejecutivo, el Ministerio de Economía que entonces comandaba Nadia Calviño dejó entrever sus planes para una reforma que fuera recortando las cuantías a medida que pasaba el tiempo para “incentivar”, sostenían, la incorporación de esas personas al mercado laboral. 

Desde Trabajo salieron rápidamente a contradecir este extremo. No se estaba optando por un acceso decreciente a los subsidios, sostenían en aquel momento fuentes del departamento de Yolanda Díaz. A mediados de diciembre, la vicepresidenta segunda sostuvo en público que no aceptaría “recortar” esas ayudas mientras negociaba el decreto con Economía. La líder de Sumar celebró, una vez logrado el acuerdo en el seno del Gobierno, que la reforma finalmente no incluía ningún recorte.

La negociación de ese decreto viviría unas semanas después una segunda vuelta en el Congreso en la que Sumar volvería a mostrar su enfado con los socialistas. Todo a cuenta, de nuevo, del debate sobre si la reforma implicaba un recorte o no. Esta vez era Podemos quien aseguraba que la modificación del subsidio implicaba una rebaja para las personas mayores de 52 años y se mantuvieron firmes en el 'no' al decreto hasta que el Ministerio de Trabajo se comprometiera a retirar esa parte.

Podemos había asegurado su rechazo también al decreto anticrisis, para pedir al Gobierno incluir en él cuestiones relacionadas con la ley de vivienda. Por eso sentó muy mal en Trabajo que su socio no le comunicara la reunión que mantuvo Félix Bolaños poco antes de que terminara el plazo de la votación con los de Ione Belarra y que permitió desbloquear el 'sí' de esos cinco diputados al paquete de medidas del escudo social. 

Después de esa jornada en la que el PSOE salvó los dos decretos que sometía a votación en el Congreso y fue Yolanda Díaz la que perdió el suyo, en la parte socialista del Gobierno asumieron que debían gestionar ellos a partir de ahora la relación con Podemos. Todo ante el miedo de que la desconfianza entre Belarra y la líder Sumar acabe perjudicando más votaciones clave en el Congreso. 

Ese gesto volvió a molestar en el seno de la vicepresidencia segunda, donde descartaban tajantemente un escenario como ese. “La acción del Gobierno la coordinan las vicepresidentas y las competencias son de los ministerios. Y son esos ministerios los que lideran las negociaciones sobre sus propias materias”, dijo en rueda de prensa el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, preguntado sobre este asunto. Una fuente de la coalición iba un poco más allá y criticaba a Bolaños por la gestión de la negociación con Junts, que tuvo que cerrarse in extremis con la cesión de competencias migratorias a Catalunya por parte del Estado. 

“Lo que vivimos el miércoles no se puede volver a repetir”, se quejaba el portavoz de Sumar, que criticaba las “formas y el fondo” de lo negociado con Junts sobre migración, un asunto que, creen en la coalición, el partido de Carles Puigdemont quiere explotar ahora en su proceso de derechización, inclinándose a posiciones “xenófobas”.

El PSOE y Sumar ya habían chocado en sus posiciones por la intención del Gobierno de hacer rebajas fiscales para las grandes eléctricas. “No compartimos una rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas, cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo esta pasando mal”, dijo Díaz después de que Sánchez anunciara cambios vía presupuestos para que las energéticas puedan deducirse desde el 1 de enero inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país.

Críticas por la elección de la directora del Instituto de la Mujer

Uno de los enfrentamientos más duros que ha vivido la coalición progresista en estos dos primeros meses de gobierno ha sido a cuenta de la elección de la nueva directora del Instituto de la Mujer. El Ministerio de Igualdad de Ana Redondo decidió poner en ese puesto a Isabel García, que había sido asesora del Ministerio de Transportes entre 2019 y 2022, y hasta su nuevo puesto ejercía como consultora de políticas de igualdad en el sector privado. 

García había mostrado en los últimos años posicionamientos muy duros contra la ley trans y la autodeterminación de género que llegó a calificar con expresiones como “dictadura queer” o “delirio queer”. Después del nombramiento, en las redes sociales comenzaron a circular tuits antiguos de la nueva directora con esas expresiones, que causaron la indignación de diferentes colectivos y también de Sumar. 

“El nombramiento del Ministerio de Igualdad es inaceptable. La dirección del Instituto de las Mujeres no puede estar en manos de quien menosprecia e insulta a las mujeres y las personas LGTBI. La libertad es de todas, todos y todes, o no es de nadie. Es especialmente grave en un momento en el que vemos retroceder los derechos del colectivo LGTBI en la Comunidad de Madrid y amenazados en otras comunidades gobernadas por la alianza de la derecha y extrema derecha”, escribió Sumar en un mensaje en X. 

García pidió perdón tras la polémica y dijo que “apoya firmemente” la ley trans aprobada por el Gobierno en la legislatura pasada, que calificó en ese momento como una “ley pionera que protege y garantiza los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales”. No obstante, en Sumar vieron esas disculpas como un movimiento para mantenerse en el cargo, tal y como expresó Elisabeth Duval, que está dentro de la ejecutiva de Sumar y fue portavoz de feminismos de la coalición durante la campaña electoral. 

Las disculpas no zanjaron la polémica y Sumar llegó a enviar una carta formal a la parte socialista del Gobierno para pedir la dimisión de García, aunque el asunto quedó opacado en los días siguientes por la actividad parlamentaria y la crisis por las negociaciones de los decretos. De momento, Igualdad no ha dado marcha atrás con el nombramiento.