Sumar registra una ley para crear una oficina independiente anticorrupción con capacidad de investigación

Sumar ha registrado este jueves una ley para crear una oficina independiente contra la corrupción. La medida, anunciada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en medio del estallido del ‘caso Koldo’, plantea un organismo de carácter “preventivo” pero que tenga capacidad para abrir investigaciones tanto en instituciones públicas, como en partidos, sindicatos y empresas que reciban subvenciones del Estado. 

La ley, registrada en el Congreso este mismo jueves, fue la primera reacción de Sumar después de las informaciones sobre el escándalo por las comisiones por la compraventa de mascarillas en el seno del Ministerio de Transportes durante la pandemia. “Para estas situaciones no sirve el y tú más”, dijo entonces la líder de Sumar en una entrevista en Al Rojo Vivo, después de una semana de acusaciones cruzadas entre el Partido Popular y el Partido Socialista a cuenta de la corrupción.

Después de aquel anuncio, Díaz reunió al grupo para que empezaran a preparar una batería de medidas contra la corrupción, con esta medida como la más destacada, que ahora convierten en una proposición de ley. Según fuentes de Sumar, el Partido Socialista todavía no conoce el contenido de la proposición de ley pero esperan que termine aceptándola cuando empiece su tramitación parlamentaria.

“La Oficina de prevención de la corrupción se crea para la prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas del ejercicio de funciones incluidas en el ámbito de actuación de esta ley”, expone el texto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Por un lado, el texto contempla la creación de un sistema de alertas tempranas para detectar irregularidades o malas prácticas administrativas y prevé elabora una “estrategia integral de prevención de la corrupción”. “Esta Estrategia deberá basarse en un análisis de riesgos integrado previo que incluya indicadores concretos de resultados y medios eficaces para su aplicación y tendrá un carácter dinámico, de modo que se irá actualizando periódicamente”, exponen fuentes de Sumar.

Pero una de las funciones más significativas de esta oficina será la de investigar de motu proprio. Los funcionarios de este organismo podrán ejercer funciones de “investigación e inspección”, podrán personarse en cualquier dependencia de “administraciones y entidades públicas o centro afecto a un servicio público” para “realizar comprobaciones in situ y examinar los documentos, los expedientes, los libros, los registros, la contabilidad y las bases de datos”.

La oficina podrá investigar a todas las administraciones públicas, a las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, y a empresas o entidades privadas que reciban subvenciones, incluidos partidos políticos y sindicatos.

El sistema elección del director o directora de este organismo se hará a través del Congreso. Los grupos parlamentarios harán su propia propuesta, aunque también pueden presentar su candidatura organizaciones sociales especializadas en transparencia y lucha contra la corrupción. A partir de ahí, el Pleno del Congreso elegirá a la persona por mayoría de tres quintos, aunque si en el plazo de seis meses desde la primera propuesta no se alcanzase esa mayoría, la designación podrá realizarse por mayoría absoluta.