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El Supremo desestima el recurso del jefe de la UCO de la Guardia Civil al que destituyó Marlaska

Manuel Sánchez Corbí, en una fotografía de archivo.

Pedro Águeda

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez-Corbí contra su destitución al frente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, adoptado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en agosto de 2018.

La Audiencia Nacional había desestimado el recurso del coronel y éste había recurrido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha confirmado el fallo del tribunal especializado. El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días, según anuncia el gabinete de prensa del Tribunal Supremo.

El cese de Sánchez-Corbí estuvo envuelto en polémica debido a que se trataba del máximo responsable de la unidad de élite de la Guardia Civil, encargada en aquel entonces de investigar casos de corrupción tan relevantes, entre otras materias, como Púnica o Lezo. Interior alegó pérdida de confianza.

Una semana antes del cese, Corbí había ordenado la suspensión de cualquier actividad de la UCO que requiriese realizar gastos de la partida de 'Fondos de Gastos Reservados' en protesta por las asignaciones al respecto. Fuentes de Interior defendieron entonces que había adoptado esa decisión sin acuerdo de sus superiores y poniendo en riesgo operaciones en marcha, lo que el entorno del coronel siempre ha negado.

Sánchez Corbí argumentó en un escrito interno, cuyo contenido desveló Vozpopuli, que suspendía las operaciones de la UCO porque Interior no había aprobado las últimas partidas mensuales de fondos reservados. Eran los primeros meses del Gobierno del PSOE y el Ministerio alegó que quería revisar los criterios de asignación de ese dinero impuestos en tiempos del PP, pero el retraso en hacerlo antes de liberar las últimas partidas causó malestar en las unidades de investigación de Policía y Guardia Civil.

Este coronel, con una trayectoria de fuerte ascendencia dentro del Cuerpo, fue una pieza clave en las operaciones contra ETA desde sus distintos puestos en el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), entre ellos el de responsable de las investigaciones del instituto armado en suelo francés. Así, participó en históricas operaciones como la liberación de Ortega Lara, la que acabó con el arsenal de ETA en Francia en 2004 o las detenciones de los miembros de las sucesivas cúpulas de la banda hasta su final. A las numerosas condecoraciones del Ministerio del Interior hay que sumar la Legión de Honor francesa.

Una vez finalizada la actividad violenta de ETA, derivó su carrera al combate del crimen organizado y la corrupción al frente de la UCO. La Unidad Central Operativa actuó como policía judicial en el esclarecimiento de casos como el crimen de Diana Quer o el pequeño Gabriel durante el mandato de Sánchez Corbí.

El de Sánchez-Corbí fue tomado en la Guardia Civil como el precedente de la destitución dos años después de otro referente en el seno de la institución, el también Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, lo agudizó un enfrentamiento soterrado entre una parte de la cúpula del Cuerpo y el Ministerio de Grande-Marlaska. El choque había comenzado al poco de llegar el PSOE al Gobierno, cuando los socialistas decidieron colocar a un comisario de la Policía afín partido al frente del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, un puesto clave en el funcionamiento del Ministerio que durante décadas había ocupado siempre un miembro de la Guardia Civil.

Pérez de los Cobos fue destituido por no haber informado al Gobierno de los avances en la investigación sobre el caso de la manifestación feminista del 8-M y el contagio del COVID, en el que el delegado del Gobierno en Madrid llegó a estar imputado. Pérez de los Cobos recurrió por falta de motivación su cese y la Audiencia Nacional rechazó el recurso, sobre el que está pendiente que se pronuncie el Tribunal Supremo.

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